Ambos entramados supuestamente corruptos han compartido empresa pantalla en Irlanda para el desvío de los fondos obtenidos bajo sospecha. El juez José de la Mata exige a la empresa Elecnor que explique los pagos de al menos 3.2 millones realizados a la empresa irlandesa, al sospechar que en realidad iban a parar a la organización Arístegui y Gómez de la Serna, a cambio de su mediación para obtener contratos internacionales. Es la propia empresa pública DEFEX, que ahora ha mostrado su disposición a colaborar, la que ha denunciado al juzgado..

Consorcio Mercasa Incatema ha mantenido relaciones profesionales con Guillermo Taveira después de que en 2014 estallara el caso Defex y de que el empresario portugués se convirtiera en prófugo de la justicia española. El presidente de la compañía semipública, Miguel Ramírez, consejero también de Mercamadrid, exdiputado del PP, ha cenado en dos ocasiones con Taveira en los últimos 18 meses, en Luanda, capital de Angola.

Susana Aguilar, hasta ahora directora regional de la empresa de exportación de armamento, se ha desvinculado de la filial de Sepi con una excedencia voluntaria. Su hermano Fernando Aguilar fue presidente de Defex desde 2012 hasta mayo del año pasado y está imputado en el escándalo de corrupción que afecta a la firma. Ambos son cuñados de Cristina Cifuentes, aunque en el entorno de la presidenta madrileña aseguran que no tiene ninguna relación con ellos.

La empresa ha readmitido por orden judicial a Manuel Iglesias Sarriá, exdirector de Operaciones, aunque le despidió el lunes de forma fulminante Iglesias-Sarriá fue encarcelado en julio de 2014 tras estallar el escándalo de un presunto fraude en una operación de venta de material militar a Angola.

Al menos tres sociedades ‘offshore’ creadas por el despacho panameño Mossack Fonseca fueron utilizadas en la red de desvío de fondos de la venta de material policial de España a Angola realizado a través de la empresa de participación pública Defex. Los directivos de la empresa semipública José Ignacio Encinas Charro y Ángel María Larumbe Burgui, entre otros, están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por haberse llevado 41 millones de euros obtenidos de la venta de armas al país africano.

La empresa pública comercializadora de armas proveyó a Egipto de equipamiento de defensa y seguridad para las zonas turísticas en 2010 por 30 millones de euros. La propia Defex ha denunciado al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso la supuesta corrupción en este contrato. El fraude en la venta de armas con la garantía del Estado se extiende ya a cuatro países

La Guardia Civil desvela que la comercializadora pública de armamento DEFEX abonó gastos médicos en Madrid al jefe de la Policía Nacional de Angola, Ambrosio de Lemos, y a su mujer. El cuerpo policial que dirige era el destino del fraudulento contrato de armas que destapó el caso. No solo eso. Según la investigación de la UCO, DEFEX pagó esos gastos con dinero que había estafado a la propia Angola.

La Agencia Tributaria cuantifica en 6 millones de euros el supuesto fraude fiscal de la empresa pública por el contrato bajo sospecha de armas para Angola, pero no abre una inspección pese a que la justicia investiga varios más con Camerún y Arabia Saudí

La investigación secreta que desvela la SER destapa que los implicados transfirieron una comisión de tres millones de euros al Kin , el Rey de la trama de venta de armas en la pública DEFEX, por un solo contrato en Angola. Al ser preguntado sobre su identidad por el juez, el expresidente de la empresa, Ignacio Encinas Charro, dijo que eso son palabras mayores.

Fuentes del caso sostienen que la empresa pública comercializadora de armas era “un nido de corrupción sin control con la garantía del Estado” que actuaba “en el ámbito de la comisión”. En el caso del contrato con Angola, que destapó el escándalo, la pública DEFEX, en colaboración con Comercial Cueto, aprobaron vender armas por 152.9 millones, pero llegaron equipamientos valorados en poco más de 50. Los más de 100 millones restantes se los repartieron, entre funcionarios angoleños y los jefes de la trama en España.

Las exportaciones de armas se doblaron de 2012 a 2013 y se han multiplicado por diez desde 2004 El Gobierno ha permitido a la industria suministrar armamento a zonas en conflicto y países que violan los Derechos Humanos, a pesar de que la ley lo prohíbe La Audiencia Nacional ha imputado por primera vez a una empresa pública, Defex, por corrupción, fraude fiscal y blanqueo en una venta de material de doble uso a Angola

La Audiencia Nacional desentraña una trama presuntamente perpetrada por una UTE española en la que se habrían desviado cantidades millonarias de un contrato de material policial. El juez Ruz ha enviado a prisión incondicional y sin fianza a los dos responsables de las empresas españolas, una de ellas (Defex) dependiente del Ministerio de Hacienda. La SEPI, dependiente del Gobierno y propietaria del 51% de las acciones de Defex, está salpicada por el escándalo y asegura que colaborará con la justicia.