Joan Manuel Parra, que se enfrenta a dos años de cárcel, asegura que el exgerente del partido Germà Gordó le instó e urdir un sistema de facturas mendaces. Según el empresario, cobró a una productora de programas de TV3 trabajos que en realidad eran para la campaña electoral del 2010 de Convergència

Todo empieza con el registro de los Mossos para investigar una salida sospechosa de dos millones en metálico, en billetes de 500 euros, en dos remesas. Eso activó las alarmas sobre blanqueo de capitales en la Agencia Tributaria, que solicitó documentación. Desde el Palau dieron explicaciones muy extrañas, la agencia encontró dudas razonables y lo puso en conocimiento de la fiscalía. Ese es el antecedente de la entrada de los Mossos, de la dimisión forzada de Fèlix Millet y de mi llegada.

La antigua Convergència debate su estrategia aunque señala que si no hay un gesto con los presos será difícil apoyar las cuentas. El partido de Junqueras asegura que su rechazo es firme y que no cambiará de opinión si la Fiscalía no lo hace antes.

Los que esperan del libro de Carles Puigdemont sobre la crisis catalana un relato en primera persona sobre los momentos más críticos que llevaron a la declaración unilateral de independencia del 27-O y a su posterior fuga a Bélgica, con todos los detalles y las anécdotas más jugosas, quedarán decepcionados...

Un representante del partido ha explicado en la audiencia nacional que no tiene nada que ver con Convergencia, que es un partido nuevo e independentista.

El tercer paro de país se estrella por la falta de movilización del independentismo

A lo largo de estos meses, los nacionalistas han ejercido la violencia política, tanto verbal como física, contra los ciudadanos que se oponen a la independencia. Toda esa violencia la justifican con argumentos falaces e incluso diciendo que lo suyo no es violencia, que es la defensa de una República imaginaria que solo existe en la mente de los nacionalistas xenófobos. Ojo, digo “nacionalistas xenófobos” porque las últimas agresiones se han basado en argumentaciones racistas y supremacistas.

Miquel Buch, exalcalde de Premiá y expresidente de la Asociación Catalana de Municipios, es el modelo más elocuente de lo que todavía queda de la vieja Convergència. Con tan sólo un graduado escolar, el conseller de Interior del PdeCat Miquel Buch, cobra más de 100.000 eur. Buch ha sido uno de los más claros exponentes de la constante orgánica del partido que fundó Jordi Pujol: preferir el culto al líder y la adhesión inquebrantable, al talento o la capacidad política para prosperar.

El magistrado atribuye a CDC y su continuación por tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales como personas jurídicas.

En los últimos años el nacionalismo catalán ha recorrido un camino hacia la extrema derecha más xenófoba y más reaccionaria. Paradójicamente, los partidarios de esa extrema derecha nacionalista, se han aplicado cada vez más en la tarea de estigmatizar mediante fake news y bulos diversos[1] a formaciones de carácter liberal y progresista.

El juez Joaquín Aguirre rastrea el destino del dinero de los fondos para el desarrollo de la Diputación y sospecha que fueron a "actividades privadas". El magistrado destaca la "aparente impunidad" de los implicados: uno de ellos pasó de la Diputación a la Generalitat tras desvelarse las irregularidades.

Coincidiendo con la elección del 10º Presidente democrático de la Generalidat de Catalunya, Quim Torra, precedido de numerosas declaraciones claramente supremacistas contra los españoles y los castellanohablantes, hemos podido comprobar cómo ciertos "antifascistas" miraban para otro lado o bien ponían matices, excusas y peros a la condena de su pasado ultra. ¿El motivo? En Cataluña el procesismo ha inculcado la idea de que el fascismo es sinónimo de España y que todos los nacionalistas catalanes son demócratas por esencia.

Pide a la Sala Penal que revoque su absolución por el 'caso Palau' y les condene a cinco años de cárcel y multa de 10 millones de euros. El recurso se basa en que los hechos considerados probados por la A. Barcelona constituyen un delito de administración desleal en contra de la tesis de los jueces de la primera instancia,los acusados al pagar comisiones a CDC y a Millet y Montull a cambio de recibir adjudicaciones de obras públicas,no causó "un perjuicio económicamente evaluable" ya que no puede prescindirse "de los posibles beneficios obtenid

"Tiempo atrás, escuché de Sanuy unas consideraciones cáusticas acerca de Bagó. Explicaba cómo se gestó el fichaje de ese personaje en los términos siguientes. “Cuando yo llego a Turismo, nombro a todos los mandos entre gente de indiscutible profesionalidad. Pero un día me llaman para pedirme que al menos designe a alguien del partido. Y me recomiendan encendidamente a Ramon Bagó. No tengo más remedio que contratarlo. Luego observo que utiliza su posición para hacer toda clase de enjuagues obscenos con empresas de su propiedad”.

Convergència deberá entregar al Estado lo que se llevo del Palau de la Música por tratarse de un decomiso.

Pedro Buenaventura y Juan Elizaga pagaron comisiones "como mínimo" de 6.676.105,58 euros a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Convergencia utilizó su llegada al poder en 2011 para colocar en la Administración a militantes y personal de confianza. Hombres y mujeres colocados a dedo en una época de contención de gasto que terminó con más de cien despedidos en la principal empresa pública catalana. Así lo reflejan los documentos obtenidos por EL ESPAÑOL en el curso de su investigación periodística CatLeaks, que vinculan directamente a dos consejeros del Govern de Artur Mas -Germà Gordó y Felip Puig- con la colocación a dedo de militantes del partido en la empresa públic

Agentes de la Guardia Civil han entrado este jueves en el Parlament de Catalunya para requerir información sobre el 3% de Convergència Democràtica de Catalunya . También se han presentado en la conselleria de Justicia y en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat. Las solicitudes se centran en recabar datos sobre Germà Gordó, que según la Fiscalía Anticorrupción era el "conseguidor" del 3%, y, en concreto, sobre su agenda cuando fue la mano derecha de Artur Mas en el partido y en la Generalitat.

Uno de los hijos del expresidente Jordi Pujol que abandonó la política por sus casos de corrupción.

La Generalitat intenta alegar que toda la organización del 9N corrió a cargo de los voluntarios con el objetivo de que Artur Mas tenga que asumir los costes de la consulta, según informa El Mundo. De este modo tratan de eludir cualquier compromiso en el proceso abierto por el Tribunal de Cuentas por posibles responsabilidades contables en el 9-N, aunque ha dejado expuestos a los funcionarios que autorizaron las partidas presupuestarias.

Una marcha en contra de las políticas de BComú reúne a miembros de PDeCAT, JXSí, C's, PxC, Generación Identitaria y a un exterrorrista de Terra Lliure

Desde la Diputación o la Generalitat, CDC ha maniobrado para que las instituciones personadas en la causa no la señalen por las presuntas comisiones de Ferrovial. El Consorcio del Palau vuelve a reunirse el martes con una nueva petición del Ayuntamiento de Barcelona para acusar a CDC.