La Asociación Profesional de Administradores Concursales en España (Aspac) cree que el caso Abengoa, en preconcurso de acreedores, puede poner de manifiesto las incoherencias de las últimas reformas legislativas en materia concursal. En una entrevista con Efe, el vocal de la Junta Directiva de Aspac Aticus Ocaña explica que los límites a la retribución del administrador concursal que se establecieron con la última reforma de la ley concursal han quedado en entredicho ante la magnitud de una eventual insolvencia de la firma andaluza.

Tras embolsarse 23 millones de euros durante el concurso, KPMG, Bankinter y la abogada Antonia Magdaleno sumarán casi 6 millones mientras liquidan los activos

Viajes Marsans, declarada en concurso necesario, cuenta con un activo por valor de 291 millones y un pasivo de 544,8 millones.

Javier Sierra, el agente de banca privada que 'ocupa' desde el 16 de julio la oficina de Banco Madrid en Marbella, no se da por vencido. Ha denunciado a la policía que la Administración Concursal de la entidad le ha cortado el agua corriente y el servicio de limpieza, algo que tiene que garantizar mientras esté en vigor el contrato de arrendamiento firmado con la entidad intervenida. El juez determinará si Data Concursal ha podido incurrir en un posible delito de coacción, una falta o está en su derecho de cortar el suministro.

El frecuente nombramiento de los mismos administradores concursales por los mismos jueces, la celebración de cursos en los que magistrados y administradores comparten mesa y mantel, la falta de preparación de algunos profesionales para desarrollar su labor... Las sospechas de que el mundo concursal español también está afectado por graves casos de corrupción han llegado a oídos de los ministros de Justicia y Economía, que por vez primera admiten en un informe "prácticas" que han podido bordear "lo admisible".

La retribución de los administradores judiciales se ve favorecida por la masa del concurso; así, cuanto mayor es la deuda, más alta es la cuantía a percibir. El Gobierno limitará a un máximo de 2,25 millones de euros la retribución total de los administradores concursales. En algunas suspensiones de pagos se han llegado a cobrar 20 millones de euros.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía tiene en el punto de mira al administrador concursal, economista y abogado Pedro Bautista Martín Molina, al que decenas de juzgados mercantiles han adjudicado ya 175 concursos de acreedores de empresas en quiebra. Martín Molina es la persona física que acumula más concursos en toda España -nada menos que 143-, cantidad a la que suma otros 32 a través de su sociedad Legal y Económico SLP., según han revelado a El Confidencial fuentes policiales y del sector.

Hacienda se ha adherido al convenio de Nozar con créditos por 88 millones que podría ejecutar. Soledad García, la directora de la Agencia Tributaria implacable con la deuda del fútbol, fue administradora concursal de Nozar.

Arte y Naturaleza protagonizó una estafa similar a la de Forum Filatélico y Afinsa atrapando a 18.000 personas que ahora denuncian la dilapidación del patrimonio durante el concurso de acreedores. Aseguran que han desaparecido once millones de euros y acusan a los administradores de lucrarse con los restos de la sociedad. Los acreedores denuncian la presunta vulneración por parte de los administradores de la Ley Concursal, del Código de Comercio y de la Constitución Española.

José Luis Ramos Fortea y Abraham García Gascón, dos de los administradores concursales que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía por su presunta vinculación a una trama corrupta que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra, han sido apartados por un juzgado de lo mercantil de Alicante por haber autorizado el pago de facturas falsas a otros supuestos miembros de la red y consentir el cobro de cheques con firmas manipuladas, según consta en una sentencia a la que ha tenido acceso...

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga desde hace varios meses una red corrupta que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra, la mayoría en el sector de la construcción. La trama, de la que presuntamente forman parte abogados, economistas, peritos y administradores concursales, actúa en supuesta connivencia con jueces de lo mercantil.

El Gobierno ha decidido endurecer los requisitos para poder ejercer de administrador concursal, abriendo la puerta incluso a la exigencia de pruebas o cursos específicos, e introduciendo criterios de eficiencia en la determinación de sus retribuciones, que a partir de ahora podrían ser reducidas si el juez aprecia que los procesos se alargan indebidamente. Las enmiendas 'populares', que recoge Europa Press y que serán revisadas en primera vuelta por la Ponencia parlamentaria el próximo martes, amplían los artículos de la Ley Concursal, de 2003