Un peligro para la seguridad pública. Este es el principal argumento del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8 para denegar a Civio el acceso al código fuente de BOSCO

Un peligro para la seguridad pública. Este es el principal argumento del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 8 para denegar a Civio el acceso al código fuente de BOSCO, una aplicación desarrollada por el Gobierno y que utilizan las eléctricas para saber si un usuario en situación de vulnerabilidad puede recibir descuentos en su factura de la luz. El Gobierno, para rechazar su apertura, alegó durante el juicio que difundir este código supondría problemas tanto de seguridad pública, como defensa nacional y propiedad intelectual.

Se trata del tercer modelo de financiación impuesto a las eléctricas (como una obligación de servicio público que establece la Constitución), que tumba el Tribunal Supremo en algo más de una década. Y de nuevo con el argumento de que es una medida discriminatoria y arbitraria, que incumple la directiva de 2009 sobre mercado interior de la electricidad.

Una pareja sin hijos que vive en Madrid con un sueldo de 990 euros al mes no tiene derecho a recibir nada, mientras que a un magnate canario con tres hijos se le subvenciona el 60% de la factura. Da igual que el coste de la vida sea muy superior en un lugar que en otro: los límites de renta y de consumo son iguales para todo el Estado. La inequidad de esta medida es solo un ejemplo más de un problema estructural de España, subrayado por organismos internacionales como el FMI: las políticas sociales benefician a rentas medias y altas.

El Supremo asume la sentencia de octubre del TJUE y declara inaplicable y nula la financiación fijada en 2014. Veinte eléctricas han presentado alegaciones y las compensaciones rondarán los 500 millones.

El Gobierno obligará a las eléctricas a detallar sus contratos con la industria y con sus propias comercializadoras a través del Real Decreto-Ley que prevé aprobar este martes el Consejo de Ministros, que incrementa las exigencias de transparencia a las empresas y refuerza el bono social de electricidad para los más vulnerables. El decreto persigue incentivar los contratos a "precio razonable" con la industria que quiere facilitar el Ministerio para la Transición Ecológica tras los anuncios de paradas de varias fábricas por la subida...

El Gobierno tiene previsto ampliar la protección de los consumidores vulnerables con un incremento de las ayudas de los bonos sociales eléctrico y térmico hasta la primavera, lo que beneficiará a los casi 1,2 millones de hogares acogidos a ellos: 1.161.214 según el último dato publicado por la CNMC.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dictaminó este jueves que el régimen de financiación del bono social de las eléctricas en España es discriminatorio, pronunciándose así sobre la batalla legal que lleva siete años enfrentando a las principales compañías de electricidad del país con el Gobierno español. Este bono consiste un descuento en la factura del que disfrutan consumidores vulnerables que es financiado en más de un 90% por las cinco mayores empresas del sector (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Repsol).

El fraude escondido en el bajo consumo hasta 2018, del que se beneficiaron segundas viviendas, sacó fuera 600.000 hogares.

Asumiendo la dificultad que conlleva incidir sobre alguna de las causas que han provocado este incremento de precios al depender de factores como el funcionamiento del mercado de la energía o las políticas de lucha contra el cambio climático, esta institución indica que "pueden y deben adoptarse otras medidas que minoren los efectos mas perjudiciales de esta excepcional subida de precios que afecta a un bien esencial como es la electricidad". El Defensor del Pueblo andaluz ha expresado que "debe ampliarse el ámbito de cobertura del Bono Social.

El total de suministros con estos descuentos bajó un 11,1% en septiembre con respecto a agosto, tras la supresión de esa medida que formaba parte del “escudo social” contra la pandemia; el Gobierno trabaja para crear un bono energético “universal y automático”

El Gobierno va a llevar a cabo una reforma del denominado bono social eléctrico para excluir del mismo a aquellos consumidores con rentas más altas, lo que podría apuntar a las familias numerosas, según ha anunciado esta tarde la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso que, «casualmente», ha coincidido con la subasta de renovables diseñada por el Gobierno.

El volumen de usuarios del bono social eléctrico se triplica en dos años antes de comenzar a crecer a un ritmo de casi doscientos diarios por las consecuencias económicas de la pandemia

Los consumidores en situación vulnerable por encontrarse en desempleo, en expedientes temporales de regulación de empleo o hayan tenido que recortar su jornada tendrán derecho a un recorte del recibo de un 25% hasta el 30 de junio de 2021.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha confirmado con números el brutal impacto de la primera ola del coronavirus sobre la población de mayor edad. El último Boletín de Indicadores Eléctricos publicado esta semana, detalla la evolución del bono social eléctrico, dirigido a ayudar a los colectivos más vulnerables, durante el estado de alarma y el confinamiento en los meses de marzo y abril. En ese periodo, el colectivo de pensionistas fue el único entre los acogidos al bono que perdió beneficiarios.

Se mantendrían las medidas de para aliviar las cargas financieras de las hipotecas, el aplazamiento de alquileres y el bono social para los servicios básicos. Unidas Podemos pide que se prolonguen hasta junio, aunque su duración podría vincularse a los nuevos ERTE, que se prevén para el 31 de enero. También acaba la prohibición de la paralización de los desahucios.

El Ministerio de Transición Ecológica ha regulado la forma en que los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o la hayan visto reducida por la actual crisis pueden solicitar acogerse al bono social eléctrico para tener un descuento en su factura de la luz, y ha publicado el modelo de formulario para que pidan su adhesión al mismo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de que siguen registrándose casos en los que las empresas de electricidad y gas no pudieron acreditar el consentimiento de algunos clientes al cambio de compañía, incidiendo además en que hubo clientes que perdieron su derecho al bono social eléctrico a raíz de un cambio de compañía.

El Bono Social, que es la solución aplicada por los sucesivos gobiernos de España al problema de la pobreza energética “dista mucho de ser la solución, ya que se ha comprobado su completa ineficacia”. Discurso inequívoco de la Fundación Renovables, que denuncia que el Bono Social (1) no se ha aplicado “exclusivamente” a los colectivos más vulnerables (sino que ha beneficiado a algunos que no lo son); (2) es “insuficiente”; y (3) supone “una pérdida de dignidad”.

El Gobierno central busca a 116.722 familias para ingresarles en su cuenta corriente entre 25 y 124 euros. Es la cantidad que les corresponde por cumplir los requisitos para beneficiarse del bono social térmico, que el Ministerio de Transición Ecológica aprobó en el otoño de 2018. Sin embargo, el Estado aún no sabe a qué número de cuenta debe realizar la transferencia con la cifra a la que tienen derecho. Por eso ha publicado sus números de DNI en el BOE para avisar a las familias de que tienen hasta el 2 de diciembre para confirmar sus datos.

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PSOE a la reelección en las elecciones autonómicas del 26 de mayo, Javier Lambán, ha prometido este martes que creará un bono cultural para jóvenes de 18 a 22 años dotado con 150 euros por persona para cualquier actividad de este ámbito, cantidad a la que los municipios que se adhieran podrán sumar otros 150, con un total de 300.

El TC ordena al TS que interponga una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE por inaplicar la normativa nacional sobre el régimen de financiación del bono social eléctrico. El pleno del Constitucional ha concedido el amparo a la Administración General del Estado al considerar que la sentencia del Supremo sobre el bono social vulnera derechos fundamentales. Los jueces del Constitucional anulan la sentencia de octubre de 2016 de la sala de lo contencioso administrativo del TS y ordenan retrotraer las actuaciones al momento..

Las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y ahora también Repsol tras las compra de Viesgo) están obligadas a ofrecer la tarifa eléctrica regulada a sus clientes.El precio de la tarifa depende de la evolución del mercado eléctrico y de otra parte que establece el Gobierno, que también fija cada año el margen de comercialización que debe recibir cada compañía por gestionar este tipo de tarifa y que cada año hace que las eléctricas se quejen de que esa retribución es tan baja que no sirve para cubrir sus costes.

La callada por respuesta. Esa ha sido la contestación del Ministerio para la Transición Ecológica ante una petición de información sobre la aplicación que concede –o deniega– el bono social eléctrico.

Patricia Peinado, concejal del Partido Popular en Pozuelo de Alarcón e hija del juez Juan Carlos Peinado ha sufrido un acoso en redes sociales y medios de izquierda en relación a las investigaciones que su padre conduce sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.

Si hasta ahora podíamos usar sin problemas las conocidas aplicaciones de los teléfonos móviles que alertaban de la posición de los radares de velocidad en nuestro país, ahora la DGT comienza a perseguirlas. La noticia ha saltado porque el director de la DGT Pere Navarro, en declaraciones al Faro de Vigo, ha comentado que a partir de ahora se perseguirán todas aquellas actuaciones que pongan en peligro la seguridad de los agentes de la ley.

Recopilación de crímenes de guerra israelíes publicados en las redes sociales.

Los referentes de la organización piquetera son los principales apuntados por el fiscal Gerardo Pollicita. “Que paren un poco, porque se están llevando un plan, se están llevando comida, ¿y encima les tenemos que dar más cosas?”, la confesión de un dirigente a cargo de uno de los comedores

La presión social, según el movimiento de solidaridad con Palestina, consigue que dos barcos con material militar con destino a Israel no atraquen en España en 48 horas. El debate sobre el papel de España en el tránsito de armas hacia Israel se ha abierto.

El octavo caso destapado de infiltración policial en los movimientos sociales en los dos últimos años confirma las sospechas de que ha existido un programa de esta clase surgido del Ministerio de Interior con el más que probable objetivo de “formar” a agentes en situaciones de espionaje. Curtirlos en una práctica que exige control mental, templanza y altas dosis de disociación afectiva y personal en entornos aparentemente “suaves”. La perversidad de la práctica es más evidente cuando estos agentes y estas agentes inician o buscan relaciones

El jurado que le ha otorgado este galardón le ha reconocido como uno de los mayores expertos en los procesos nacionalistas modernos por realizar un análisis de los problemas políticos concretos "siempre desde las exigencias normativas propias de los sistemas democráticos".

Se hacen públicos para que colectivos y organizaciones revisen sus grupos y contactos. 604209448 C. 604209458 L.

En el ChatGPT-4, la puntuación en la escala SI fue de 59, superando el 100% de los especialistas, ya sea a nivel de doctorado o de licenciatura.