Fiasco en el juicio a los miembros de la banda motera de los Ángeles del Infierno que traficaban con marihuana y hachís desde Noreña y Oviedo. Ocho de los acusados han tenido que ser absueltos por la Audiencia Nacional debido a un flagrante error judicial. Un Juzgado de Siero tendría que haberles tomado declaración, en noviembre de 2016, cuando fueron detenidos, pero es que luego se dejó caducar la instrucción en julio de 2018, de forma que, cuando se les tomó declaración en 2019 ya no podían realizarse más diligencias de investigación.

El portavoz de Sumar, Enrique Santiago, ha exigido al PSOE dejar atrás su “cobardía” y reaccionar ante la “degradación” de la justicia, por lo que considera el uso partidista de la derecha, empezando por reformar el el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sea limitando sus competencias o cambiando el sistema de renovación, incluso por la vía de rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a vocales.

Karim Bouyakhrichan fue detenido en una macrooperación de la Policía Nacional y después se le puso en libertad provisional. Tras ello, el hombre más buscado por Holanda se ha fugado de la justicia española.

Karim Bouyakhrichan, cabecilla de la conocida como 'Mocro Maffia', logró escapar tras quedar en libertad provisional por parte de la Audiencia Provincial de Málaga y sin que la Audiencia Nacional decretase una orden de detención para garantizar su extradición a Holanda. Es uno de los delincuentes más peligrosos y más buscados en Países Bajos tras su amenaza de muerte a la princesa heredera al trono, Amalia de Orange.

La Cámara Baja de Estados Unidos ha aprobado este sábado una legislación que podría desembocar en la prohibición nacional de la plataforma TikTok si su matriz china ByteDance no se desvincula de la misma, así como otra normativa que capacita al Gobierno estadounidense para apropiarse de activos rusos congelados en el país por valor de unos 6.000 millones de euros.

Si volviéramos al sistema de que los vocales del CGPJ de extracción judicial fueran elegidos por sus pares, el Consejo tendría siempre mayoría conservadora y elegiría siempre para la cúpula judicial magistrados mayoritariamente conservadores, lo que implicaría siempre una interpretación conservadora de los valores superiores constitucionales. Lo que sería contrario al pluralismo y a la doctrina constitucional de que el CGPJ debe reflejar también “el pluralismo existente en el seno de la sociedad”.

La guerra de los jueces la estamos viviendo en España a tope, en unos niveles absolutamente preocupantes, porque la intromisión de jueces en cuestiones políticas ha sido tradicional en Estados Unidos y en muchos sitios, pero aquí está alcanzando unos niveles... Que 1300 jueces y juezas de la Asociación Profesional de la Magistratura se pongan, casi sediciosamente, pero sin tumulto, a las puertas de los juzgados para descalificar no tanto la ley de amnistía sino al presidente del Gobierno y a los independentistas catalanes es una cosa muy grave.

Suiza es el primer Estado condenado judicialmente por no resolver el desafío climático y violar los derechos humanos de las personas mayores. Hace un año, 16 niños y jóvenes obtuvieron una sentencia condenatoria contra el Estado de Montana por destruir con sus leyes el medioambiente. Cualquier Estado puede ser denunciado si no preserva el ambiente en el que viven sus ciudadanos. Rel. old.meneame.net/story/tedh-da-razon-activistas-suizas-denunciaron-inac

El informe de la vocal progresista será el voto particular de los cinco vocales que han votado a favor de la constitucionalidad de la ley. El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por una amplia mayoría de nueve votos a favor, cinco en contra y dos votos en blanco el informe del vocal, Wenceslao Olea, que ve inconstitucional en todos sus términos la ley de amnistía. En blanco han votado el presidente en funciones, Vicente Guilarte, y el vocal elegido a propuesta del PNV, Enrique Lucas.

“Esta actitud constituye una presión intolerable que coarta la libertad de prensa y atenta contra el derecho a la información veraz de los ciudadanos que consagra la Constitución”, afirman ambas organizaciones en un comunicado conjunto. La FAPE y la APM “exigen a Rodríguez que rectifique en el marco de la relación de respeto que debe primar entre políticos y periodistas” y han puesto a disposición de elDiario.es sus servicios jurídicos.

El efectivo, no uniformado y adscrito a la Brigada de Información, explicaba en su denuncia que parte de su trabajo diario es no levantar sospechas y no ser reconocido como policía, por lo que debe hacerse pasar por un ciudadano de a pie más, lo que incluye vestirse como tal. Ahora, un fallo de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del TSXG entiende que el hombre deber ser indemnizado por este desembolso, con los correspondientes intereses. En su defensa, el denunciante entendía que «supone una discriminación prohibida que resulta...