La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía ha alertado este miércoles de que el tejido productivo agrario de frutos rojos de Huelva «está en peligro» y su marca «amenazada» por un «entramado de empresas españolas y, sobre todo francesas, participadas con fondos de inversión a través de entidades financieras y también participadas por algunas cadenas de distribución, que han montado un entramado comercial en la provincia« que traen productos de Marruecos «reetiquetándolos» como producto de Huelva.

Unos pocos pasos de testaferros y sociedades pantalla conectan a Alberto González Amador —pareja de Ayuso desde 2021— con la trama de corrupción que se ha destapado en los últimos días en el seno del PSOE.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes reabrir el 'caso Delcy' sobre el viaje que realizó la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez a Barajas el 20 de enero de 2020 --un asunto archivado por el juez al considerar que la 'número dos' de Nicolás Maduro no pisó suelo español--, ya que, a su entender, hay una "relación directa" entre la compra de mascarillas, las maletas y el rescate de la aerolínea Air Europa.

38,7 M€ perdidos en una maraña de sociedades opacas y paraísos fiscales. En el punto de mira,la concesión a un empresario venezolano, Swidorowicz, de contratos por valor de 38,7 M€, a través de una empresa radicada en Florida, que se trataron de camuflar con un NIF falso de una sociedad española. Y como el mundo es un pañuelo, y el dinero sucio siempre se mueve por los mismos circuitos, el colega del Emérito y su socio también se nutrían de sociedades a través de Jesús Javier Vadillo Gutiérrez, proveedor del venezolano de los contratos de Ayuso

El TSXG paralizó varios parques eólicos con el argumento de que no se habían respetado los plazos de consulta pública. Sin embargo, el Tribunal Supremo (TS) corrigió a los jueces gallegos el pasado mes de diciembre, en una maniobra que el sector recibió con júbilo al entender que podía desatascar el embudo judicial. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, el TSXG cambió de criterio para mantener las medidas cautelares. Sus magistrados se asieron en esta ocasión a los argumentos medioambientales para paralizar los proyectos.

La planta de Airbus en Puerto Real ya no es de Airbus. Un inversor asiático es desde el lunes propietario de la totalidad de sus instalaciones, que reaprovechará para fabricar aerogeneradores. Airbus alquilará parte de la fábrica a sus nuevos dueños hasta abandonarla por completo.

Raúl Burillo Pacheco, conocido funcionario anticorrupción, fue el máximo responsable de la Agencia Tributaria en Baleares entre 2004 y 2010, cuando se investigó el caso Palma Arena, en cuya pieza separada número 25, el caso Nóos, fue condenado el ex yerno del rey Juan Carlos I. En declaraciones realizadadas a El Periódico de Aragón, diario de Editorial Prensa Ibérica (EPI), editora de El Periódico de España, Burillo recordaba cómo arrancó el caso Nóos: "Por casualidad", afirmó, en uno de los registros realizados a propósito de otros de los caso

El levantamiento del secreto del sumario del ‘caso Koldo’ ha revelado cómo la trama de corrupción en la que participaba el exasesor de José Luis Ábalos no solo recurrió al político socialista como “intermediario” para evitar el pago de 2,6 millones que le reclamaba el Gobierno de Baleares por incumplir las condiciones de un contrato de mascarillas. Koldo García habría utilizado igualmente a Jacobo Pombo, empresario que llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, y también presumió de haber concertado una cita con Miguel Tellado, el p

Uno de los correos electrónicos detectados por los investigadores en el marco del 'caso Koldo' revela la directriz que un presunto conseguidor de la trama, el presidente del Zamora CF Víctor de Aldama, dio al empresario vasco Íñigo Rotaeche. "Por cierto, dile que tiene que tocar el precio a la baja que lo hablo con el Ministerio", reza el mensaje, en el que estaba en copia el exasesor y exescolta del exministro José Luis Ábalos, Koldo García.

España lleva tres días consecutivos con la electricidad más barata de Europa, pero lo mejor está por llegar con la solar durante la primavera.

La organización usaba a personas sin recursos, a las que facilitaban documentación falsa para financiar la compra de artículos tecnológicos y electrodomésticos. Les renovaban el DNI, en caso de que lo tuvieran caducado o extraviado, les acompañaban a abrir una libreta bancaria y les proporcionaban nóminas falsificadas. En algunos casos les proporcionaban ropa o dinero para cortarse el pelo, a fin de que tuvieran mejor presencia a la hora de acudir a los distintos establecimientos financieros.

Brasil alcanzó el 7 de febrero un 92,4% de fuentes renovables en su sistema eléctrico nacional, todo un récord en el país, según el Ministerio de Minas y Energía. El ministro Alexandre Silveira celebró el récord de carga procedente de fuentes renovables en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) cuando el miércoles el pico de consumo fue 101.860 megavatios, otro récord. La mayor carga provino de hidroeléctricas, también parques eólicos, plantas solares y minigeneración distribuida. La hidroeléctrica de Belo Monte supuso el 10% de la carga.

Fuerzas policiales de 6 países han realizado registros en busca de pruebas sobre actividades presuntamente delictivas. La amplia operación transfronteriza tuvo lugar en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Italia y Portugal los pasados días 11 y 12 de enero, a petición de las autoridades galas. La Fiscalía de Nanterre –localidad al oeste de París– es la que investiga la comisión de hasta cinco presuntos delitos: fraude, apropiación indebida de activos empresariales, blanqueo de capitales, corrupción y abuso de confianza.

La Fiscalía de Medio Ambiente de A Coruña ha abierto una investigación contra la Xunta de Galicia para aclarar si el Gobierno gallego se maneja con las eléctricas para que sean estas las que, de manera opaca, elaboren las declaraciones de impacto ambiental . A simple vista todo es correcto, pero si se consultan los metadatos de esos documentos se comprueba que la huella digital de al menos seis de ellos señala que sus autores no son funcionarios públicos, sino trabajadores de las empresas eléctricas que promueven dichos parques.