El juez de Taula cita de nuevo a declarar al interventor de la Diputación nombrado por Rus por sus "aparentes contradicciones". Ni Camarena ni Cosin figuran en la lista de compatibilidades concedidas por Función Pública. El director de la Agencia Antifraude, tras destapar este diario la red de empresas, dudó públicamente de la compatibilidad de estos negocios, que incluyen constructoras y fotovoltaicas, con el puesto en la Intervención.

La Guardia Civil ha encontrado pruebas que avalarían que los gastos de campaña, o parte de ellos, "podrían haber sido sufragados con fondos públicos provenientes de Imelsa, como por otra parte así declaró el gerente de la empresa pública Marcos Benavent". Para ello habrían utilizado la empresa Thematica Events, de la que Benavent era socio en la sombra con un 40% de la empresa, y su amigo y testaferro Rafael García Barat poseía el otro 60%.

Un informe policial, en el que se han basado juez y fiscal, señala que Rus utilizó a contratistas públicos del Ayuntamiento de Xàtiva, donde era alcalde, así como de la diputación que presidía para obtener fondos ilícitos tanto para él como para el equipo, llegan a recaudar 755.000 euros de varios contratistas. Una cifra que podría ser muy superior puesto que hay más empresas bajo la lupa de los investigadores.

El magistrado instructor del caso Taula ya ha puesto fecha y hora para las dos personas que pidieron declarar voluntariamente dentro de la pieza del pitufeo, la que investiga la financiación irregular y el presunto blanqueo de 50.000 euros en el PP municipal. La caja de Pandora judicial para los imputados se abrirá el día de los enamorados, pues ambos tienen intención de apuntalar las tesis de la Fiscalía Anticorrupción.

El que fuera asesor de Alfonso Grau en el Ayuntamiento de València ha conseguido que el consistorio, ahora, le abone los trienios corresponidentes a aquellos años. Es Jesús Gordillo, quien fue personal eventual del grupo municipal del PP durante unos 10 años y quien confesó haber participado en el pago fraudulento de actos electorales de los populares de Rita Barberà durante la campaña de 2007.

La pieza 'A' del caso Taula, la que investiga un presunto blanqueo de capitales de 50.000 euros cometido por cerca de medio centenar de personas entre asesores y concejales del PP de Rita Barberá, así como un delito electoral por parte del grupo municipal del PPCV, ha dado un vuelco de 180 grados después de que dos investigados quieran declarar voluntariamente, y apuntalar lo investigado hasta ahora por la Fiscalía Anticorrupción.

El arquitecto Carlos Roques Mata, imputado en la pieza sobre Ciegsa del caso Taula, acabó trabajando en Perú en la construcción de los hospitales que ideó Sergio Blasco. Recorrió la puerta giratoria con la empresa BM3, de la que ha sido apoderado durante una década, y que obtuvo pingües beneficios por los sobrecostes en Ciegsa . El investigado, apodado "el viabilizador", asumía "todo aquello que sus subordinados no querían firmar", según declaró una testigo ante la UCO.

El juzgado de Montcada ha abierto el procedimiento abreviado por los delitos de estafa y malversación contra Juan José Medina,ex alcalde de la localidad y número dos de Alfonso Rus en la Diputación de Valencia,por hipotecar seis parcelas municipales después de haberlas vendido. En un pleno del Ayuntamiento hipotecó con Bankia seis parcelas que él mismo había ordenado vender dos años antes. El juez procesa también al exconcejal de Hacienda del PP en Montcada y al exgerente de la empresa municipal que vendió las parcelas..

El expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, y uno de sus socios también investigado en el caso Taula transfirieron más de 2,1 millones de euros a Suiza. Los abonos se hicieron entre 2005 y 2008 cuando Rus ya era alcalde de Xàtiva y presidente de la Diputación de Valencia, institución a la que llegó en 2007. La UCO sospecha que las sociedades a través de las que se hicieron las transferencia participaron en presuntas operaciones de blanqueo.

Casualidad o causalidad las causas que investiga la Fiscalía Anticorrupción de València acaban conectadas. Por elementos clave o secundarios. Y el caso Erial no podía quedarse al margen. Dos imputados del caso Taula, la macrocausa judicial que investiga desde 2014 el presunto pago de mordidas en la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València, aparecen como propietarios de terrenos en el Plan Parcial 15 Poble Nou de la Vila Joiosa en el que el clan Zaplana pretendía dar un pelotazo urbanístico de cuatro millones de euros.

El empresario investigado en el caso Taula José Adolfo Vedri obtuvo en 2006 casi 260.000 euros y 64.500 en 2007 a través de seis sociedades, la mayoría con contratos de urgencia y entre 9.000 y 9.999 euros para evitar la fiscalización de la Mesa donde estaba la oposición. .La campaña de Navidad de las Corts Valencianes costó 44.000 euros, pero se troceó en cinco contratos que realizaron cinco empresas diferentes del entramado de Vedri para saltarse la concurrencia y evitar la fiscalización.

Álvaro Pérez asegura en una comisión en las Corts Valencianes: "Cotino quería ser Dios pero no le daba tiempo. Por Cotino pasaba todo,lo confesable y lo inconfesable". Esa guardia "tenía sus propias empresas" que se repartían las adjudicaciones públicas. "Cada conseller tenía sus empresas". "González Pons es como el gusano que se mantiene en la manzana durante años"; le otorgó el primer acto de su empresa (Orange Market) en Valencia. "Se lo da González Pons a un empleado mío"; "Casado debería saber que tiene la mochila llena de mierda"

El dictamen de una comisión de investigación de las Corts Valencianes responsabiliza a los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps del agujero millonario de la institución ferial, que trabajaba con dinero público de manera descontrolada.

Un testigo del caso Taula denuncia que el PP ha intentado dirigir su declaración minutos antes de arrancar su comparecencia en la comisión de investigación del caso Taula. Miguel Barranca, gerente de la empresa pública Ciegsa que denunció los pufos en la construcción de colegios, revela a presiones del partido antes de su intervención en la comisión de investigación de las Corts Valencianes "Mi hija lo ha presenciado: papá, me ha dicho, esto parece la mafia", asegura el excargo público que alertó de los desmanes en Ciegsa..

El síndic de Compromís en las Corts, Fran Ferri, ha revelado este sábado la presencia de tres facturas de Enrique Sospedra Barberá (sobrino de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá), dirigidas a la Fundación Jaume II el Just en el año 2005, por un importe global de 4.327,30 euros y ha señalado su relevancia para entender su papel en el caso Taula. Estas facturas se suman a los 322.011,05 euros que recibió la empresa Universo Selección, que las grabaciones del caso Taula señalan como tapadera para los negocios del sobrino de Barberà.

Los sobrecostes escandalosos en las obras de carreteras de la Diputación de Valencia, las luces LED del empresario amigo de Alfonso Rus y la etapa anterior a Marcos Benavent en la saqueada empresa pública Imelsa son algunos de los aspectos sin investigar.

La comisión de investigación sobre Taula en les Corts citará, entre otros comparecientes, al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, al expresidente de la diputación, Alfonso Rus y a Álvaro Pérez, El Bigotes, según el plan de trabajo aprobado este lunes. Investigará la parte del caso que afecta a los contratos de la Generalitat con determinadas empresas para averiguar si estas financiaron al Partido Popular.

La familia Lladró irrumpe de rebote dentro del caso Taula, concretamente en la pieza del pitufeo, la que investiga la presunta financiación irregular del PPCV de Rita Barberá, así como el blanqueo de cerca de 50.000 euros. En un escrito, el fiscal Anticorrupción solicita ampliar la información sobre la empresa Laterne, vinculada a unos pagos de 372.000 euros hechos a la fundación municipal Turismo Valencia, en un cruce de facturas anormal a ojos de los investigadores, pues en dicho cruce aparece Lladró.

La corrupción no termina de desvincularse del PPCV y para muestra un botón. En la lista de compromisarios que los afiliados del distrito de Marítimo deben votar aparece como candidato Ignacio Pou, asesor del grupo municipal del PP de València, que está imputado por un presunto delito de blanqueo.

El fallecimiento este sábado de la exconcejala del PP de València e imputada en el caso Taula María José Alcón ha tenido como primera consecuencia jurídica la solicitud de archivo por parte de una de las defensas de la pieza conocida como el pitufeo. Dicha pieza es la que investiga si todo el grupo municipal del PP de València excepto cuatro personas cometió un delito de blanqueo de capitales con la finalidad de financiar ilegalmente al partido para las elecciones del 2015, así como un delito electoral.

Otra persona del PP que muere siendo imputada. En este caso la exconcejala de Valencia maria José Alcón ha sido hallada sin vida en Callosa d'en Sarriá.

Marcos Benavent señala que el expresidente de la Generalitat y el exvicepresidente Víctor Campos ordenaron que el PP provincial se financiara a través de la empresa pública de construcción de colegios que terminó con más de 1.000 millones de deuda. Los contratistas de Ciegsa habrían pagado mordidas para el PP provincial de los sobrecostes y modificados de obra de la construcción de centros educativos en la Comunidad Valenciana.

Dice la periodista especializada en corrupción, Laura Ballester, que la corrupción es un organismo vivo que se retroalimenta a sí misma. Esta deficinición es de las más precisas que se hayan podido hacer nunca, y la corrupción valenciana es el mejor ejemplo de ello. Dentro del repaso que estamos ofreciendo de los casos valencianos es preciso hacer una parada técnica y explicar algunas cosas que si no se hace un reportaje específico no se entenderían bien.