La empresa Centros Residenciales Savia SLU, participada mayoritariamente por el constructor Enrique Ortiz, ha iniciado una batalla en los tribunales contra la decisión de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra de obligar a las residencias de mayores a guardar una reserva del 5% de habitaciones individuales con baño para personas en aislamiento.

La semana pasada comenzó el juicio del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, la última gran causa dentro del caso Brugal, el macroproceso de corrupción que ha marcado la actualidad provincial de la última década y que mantiene a la comarca sin un plan integrado de gestión de su basura

La Asociación Avilegen ha presentado una denuncia ante los juzgados contra el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, por la comisión de delitos de prevaricación y odio al otorgar presuntamente un tratamiento «absolutamente privilegiado» a Juana Rivas. En su denuncia relatan el trato preferente que Rivas ha recibido de la autoridad penitenciaria,que en un tiempo récord de cuatro días, incluido el fin de semana, le concedió el tercer grado para que saldara de la manera más liviana posible la deuda con la justicia

La Audiencia absuelve a Sonia Castedo y al resto de los acusados, incluido el empresario que se declaró culpable

Charla de Valentina Ortiz (La Entropía de Valen) para la Sexta Convención Internacional de los Problemas de los Hombres (ICMI) del año 2020. Subtitulada en español.

Una auditoría externa encargada por el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid concluye que Lola Ortiz, directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad en el Ayuntamiento, sufragó gastos irregulares con la tarjeta de la organización profesional. Ortiz dice que las compras en decoración o videjuegos pueden ser "un error" pero que los gastos en chiringuitos forman parte de su actividad colegial

José Antonio Ortiz Cambray les ofrecía dinero a cambio de diferentes actos sexuales La Audiencia de Lleida ha condenado a 14 años y 3 meses de cárcel al exlíder de Vox en Lleida José Antonio Ortiz Cambray por abusar sexualmente de personas con discapacidad tras considerar probado que les ofrecía dinero a cambio de diferentes actos sexuales, han informado fuentes de la Fiscalía de Lleida. El tribunal condena a Ortiz Cambray a ocho años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a personas con discapacidad; dos penas de dos años y medio

El sobrecoste de las obras del Teatro Calderón de Alcoy va camino de convertirse en un culebrón judicial. Esta causa judicial se remonta a 2015. Tras la reforma del coliseo, el nuevo equipo de gobierno detectó un sobrecoste de 1,2 millones de euros en las obras de reforma y remitió el caso al fiscal.

En la mayoría de las llamadas telefónicas seleccionadas por la Fiscalía , Ortiz se dedicaba a concertar encuentros con Castedo o con Díaz Alperi con la intención de que le explicasen algunas cosas, o que atendiesen algunas de sus peticiones relacionadas con actuaciones urbanísticas desarrolladas por sus empresas. La sala también pudo escuchar cómo prácticamente en todos esos contactos telefónicos, se trataba de concertar reuniones en lugares en los que se contase con cierta privacidad, sin que pudiesen ser vistos por terceros.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía le reclama 32.000 euros en indemnizaciones por los abusos a tres hombres con discapacidad.

La tarde de este lunes el diputado Sergio Mayer Bretón dio a conocer la noticia del deceso de Xavier Ortiz, quien fue parte de la alineación original de Garibaldi y “su hermano”, según sus propias palabras: “Con profunda tristeza y gran dolor informo del fallecimiento de mi querido hermano y gran compañero del grupo Garibaldi y actor Xavier Ortiz. Mis más sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos”, emitió el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados en un tuit sin dar mayores detalles del deceso.

La publicación de varias fotografías en las que se ve al concejal primero de la municipalidad de El Tejar, Chimaltenango (Guatemala), Daniel Pablo Ortiz, arrancando la cabeza a un pato, causaron revuelo en las redes sociales.

La activista antirracista de origen peruano, cuyas obras se pueden encontrar en el Centro de Arte Reina Sofía y el MACBA, ha recibido amenazas por denunciar "la necesidad de derribar el racismo de los monumentos coloniales".

La Fiscalía ha defendido la validez de toda la instrucción frente a los intentos de desacreditarla formulados hasta ahora por las defensas de los nueve procesados: los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo; el empresario Enrique Ortiz; los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo; el constructor Ramón Salvador; así como Santiago Bernáldez, Pablo Rico y Virgilio Ortiz, asociados a las empresas de Ortiz.

"La jurisprudencia comunitaria del Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE) no se cumple en España por parte de nuestros magistrados, según José María Erausquin, abogado experto en derecho hipotecario y uno de los puntales de las reivindicaciones del Índice de Referencia de Préstamos hipotecarios (IRPH) en nuestro país."

La reina vestida de Zara es un despropósito. Un metadisfraz de plebeya que se pone una mujer cuya sola existencia significa que somos plebe, no pueblo.

Anticorrupción aduce que el promotor, su hermano y otro acusado vinculado a sus empresas ya ratificaron su conformidad por lo que es "impecable" si no se alega un vicio en el consentimiento. La Fiscalía expone que esos escritos de renuncia "no son acordes a derecho" y sostiene que "la conformidad prestada" ya ratificada ante el letrado de la Administración de Justicia "es irrevocable, no condicionada a ningún otro trámite y no estando prevista legalmente ninguna otra ratificación".

Como en muchas otras ocasiones, la reina consorte de España fue blanco de severas críticas. La prensa europea se encarga constantemente de encontrar los errores de Letizia y los críticos de moda no se quedan atrás.

Vuelco en el caso del PGOU de Alicante a falta de 7 días de que comience el juicio. El principal investigado, el empresario Enrique Ortiz, se ha desentendido del acuerdo firmado con fiscalía y acusaciones para eludir la cárcel (le reclamaban ocho años y se quedaría en dos) a cambio de pagar más de 1,6 millones de euros en multa y responsabilidad civil a cambio de confesar los intentos de amaño del PGOU durante los gobiernos locales de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, del PP.