La Audiencia Nacional ha rechazado entregar a El Salvador al exmiembro de una mara porque, de hacerlo, se pondría en "grave riesgo su vida e integridad física a la vista de la situación actual" que atraviesa el país, en estado de excepción desde hace más de dos años.Uno de los motivos del recorte de derechos es precisamente la lucha contra pandillas y maras del país. El objeto de la reclamación es, precisamente, la pertenencia a esas organizaciones criminales (terroristas), la mara "Dieciocho Revolucionarios, aunque en este caso era colaborador

El expresidente deberá abonar 65.000 euros de fianza por el beso y las coacciones a Hermoso y otros 65.000 de forma conjunta con el ex seleccionador, Albert Luque y Rubén Rivera

Se coló en su casa, la llamó más de medio centenar de veces en un mes, pero eso no significa que la estuviese acosando. Al menos es lo que estima el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, que ha anulado la sentencia que condenó a un hombre a 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad porque las 57 llamadas que hizo en un mes a su expareja y las dos visitas a su domicilio no constituyen pruebas bastantes para dar por acreditado el delito de acoso.

[C&P] El juez del caso Koldo añade que “de las investigaciones realizadas” por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, “no aparece ningún dato o elemento que revele la existencia de conocimiento o intervención” de Begoña Gómez en los “hechos objeto de investigación”.

Karim Bouyakhrichan, alias ‘Taxi’, quedó en libertad por orden de la Audiencia Provincial de Málaga cuando la Audiencia Nacional tramitaba la orden de detención para extraditarle a Países Bajos

La Sala confirma los indicios de la comisión de delitos contra la libertad sexual y coacciones y confirma la apertura de juicio contra Luis Rubiales.

Dos días después del preacuerdo de la Ley de Amnistía entre PSOE y Junts, Rodríguez fue imputado por un presunto delito de terrorismo por cubrir una manifestación de 2019. Su abogado advierte de que su imputación vulnera al derecho a informar.

La Audiencia Provincial de Madrid era el órgano judicial encargado de sustanciar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Inversión Hogar y varias acreedoras contra el Banco Santander. En este procedimiento se reclama a la entidad cántabra el pago de más de 260 millones de euros por daños y perjuicios. El pasado 5 de marzo se celebró la vista de apelación. Sin embargo, sorprendió que en un caso tan complejo la Audiencia Provincial ya hubiera dictado sentencia del día 7 del mismo mes, desestimando los recursos.