La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones presentado por la representación legal del magistrado Salvador Alba, contra la sentencia de fecha 17 de noviembre de 2021 que lo condenó a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación como autor de delitos de prevaricación, cohecho y falsedad. Esta admisión a trámite dejaría en suspenso la ejecución de la sentencia que se le notificó por primera vez el martes a Alba.

Marchena, ponente de la sentencia del Supremo contra Atutxa, Könrr y Bilbao, aceptó el recurso de casación del sindicato ultra y organización criminal Manos Limpias. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) consideró que, en el proceso judicial contra los condenados por el Supremo, se vulneró el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, nada menos: a Atutxa, Knörr y Bilbao, en definitiva, se les vulneró el acceso a un juicio justo, con todas las garantías. Estrasburgo condenó al Estado español por eso.

A mi escaso juicio de estudioso del Derecho durante más de 55 años, si el diputado Alberto Rodríguez ha sido condenado a inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena, significa que no se puede presentar a elecciones, no que tenga que dimitir de su cargo público de diputado, que es una pena distinta.

En este vídeo, se muestra la manifestación contra un desahucio, a raíz de la cual el tribunal supremo a condenado a Alberto Rodríguez por, supuestamente, haberle dado una patada a un policía en dicha manifestación. En el vídeo no se ve al diputado agredir a nadie, sino que muy al contrario, se ve como está intentando calmar y pacificar a la gente para que no haya agresiones.

El hasta hace poco diputado de Podemos Alberto Rodríguez, a quién la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha suspendido como parlamentario secundando al juez Manuel Marchena, ha manifestado en un comunicado que su batalla "no ha hecho más que empezar" y que lo hará desde las Islas Canarias. Rodríguez añade su decepción hacia los partidos estatales, y anuncia que ha encargado la defensa de las acciones judiciales que emprenderá a escala internacional contra la decisión de Batet, al abogado Gonzalo Boye.

Marchena deja claro en su escrito que Alberto Rodríguez no debe perder el escaño. DOS VECES habla de inhabilitación para sufragio pasivo (no poder presentarse a las elecciones) y NINGUNA de la pérdida del acta. No puede escribir lo segundo porque eso sería prevaricar y lo sabe.

El juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha respondido la petición de aclaración que le hizo la presidenta del congreso español, Meritxell Batet , sobre los efectos que tenía la sentencia contra el diputado de Podemos Alberto Rodríguez, Condenado a una pena de cuarenta y cinco días de prisión, sustituibles por el pago de 450 euros, y una pena accesoria de inhabilitación, por haber pegado un policía en 2014.

El Tribunal Supremo ha exigido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, un informe sobre el cumplimiento de la condena de inhabilitación del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. A pesar de que los letrados del Congreso de los Diputados han determinado que el diputado puede mantener su acta y seguir en su escaño a pesar de su extraña condena, el Alto Tribunal parece no estar conforme.

Todos los medios de comunicación señalados por la Policía como pertenecientes a la “red” de Villarejo han sacado artículos promocionando a su letrado, Manuel Marchena, a pesar de su corta trayectoria profesional

El procesado, sin embargo, pretendía seguir una estrategia procesal diferente a la que planteaba Navarro, motivo por el que entró en contacto con Manuel Marchena, abogado de 34 años poco conocido, pero que lleva más de una década ejerciendo el derecho penal con un buen número de sentencias favorables. El letrado forma parte de una familia de juristas más populares, entre los que resalta su padre, Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y 'director de orquesta' del conocido como juicio del 'procés', o su hermana Sofía

Arnaldo Otegi dará batalla en los tribunales. Lo hará a través de Iñigo Iruin, un reconocido abogado vasco que ya ha defendido a dirigentes de la izquierda abertzale en otros procesos y que ahora buscará poner freno a las aspiraciones del Tribunal Supremo de volver a sentar en el banquillo a los cinco independentistas –entre ellos Otegi– que ya fueron condenados por el caso Bateragune.

Marchena al descubierto. No pasaréis.

La Portavoz del PP criticó a Mar Romero por hacer declaraciones contradictorias en el sentido de dirigirse a la población para que haga confinamiento voluntario y al mismo tiempo defienda que hay que consumir en bares y establecimientos comerciales.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que no se agotaron las vías internas en España para tres de los condenados de los que el Tribunal Constitucional no les aceptó a trámite. En la sentencia condenatoria, el Tribunal Supremo de Manuel Marchena, atendió los recursos de la Fiscalía y del Parlament de Catalunya y de la Generalitat, comandada entonces por Convergència bajo el Govern de Artur Mas, y revocó la absolución que había decretado la Audiencia Nacional Ramón Sáez y Manuela Fernández con el voto discordante de Grande-Marlaska.

El excomisario asegura en unas grabaciones 'Kitchen' que comía "platos de 500 euros" con Marchena, uno de los cinco magistrados que dirimirá si se investiga al vicepresidente segundo

El tribunal, presidido por Marchena, pedirá informe a la Fiscalía antes de decidir si abre o no un proceso penal al vicepresidente segundo del Gobierno.

El excomisario José Manuel Villarejo se reunía mensualmente con el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, para comer. Eso es lo que revela un informe de la Unidad de Asuntos Internos al que ha tenido acceso el Confidencial Digital, donde se transcriben algunas de las grabaciones de Villarejo confiscadas en el marco de la Operación Tándem.

La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno seguridad privada con armas para suplir a los policías locales actualmente de baja, según ella. 26 de 32.