A partir de este martes, la Audiencia Nacional vivirá una cita judicial en el marco del caso Púnica con tintes de Día de la Marmota pero que esconde mucho más y puede deparar sorpresas. Un histórico de los casos de corrupción, el exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, (conocido como El Albondiguilla en la trama Gürtel) acudirá el miércoles de nuevo al juzgado de Instrucción número 6, pero con varias novedades desde su anterior cita, como la aparición de su agenda como alcalde.

El juez del caso Lezo ha llamado a declarar de nuevo como investigado el 21 de marzo al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y también a su yerno Javier López Madrid por la pieza que investiga la adjudicación del tren de Navalcarnero (Madrid), después de que ambos declararan esta semana en el caso Púnica.

A Ayuso se le olvida decir quién se beneficia del pelotazo urbanístico y que Madrid ya tenía un hospital de pandemias que desmanteló su partido en 2014, el Hospital Carlos III. Gobernaba Ignacio González, quién terminó en prisión por el caso Lezo.

Juan Osuna está citado este viernes a declarar en calidad de testigo después de que Felicísimo Ramos, exdirectivo de la constructora y principal sospechoso, asegurara ante la Policía Judicial que recibía instrucciones de su parte.

El magistrado considera que en los audios incautados al exdirectivo Paulino Hernández Ros constan "pasajes expresivos que resultan indiciariamente compatibles con la ejecución del delito" que se le atribuye a exdirectivos y "personas vinculadas" a la constructora.

La UCO de la Guardia Civil había reclamado al magistrado que pidiera información a la constructora sobre el pago que realizó su filial mexicana a una firma de Luxemburgo, que después traspasó 700.000 euros a una sociedad del yerno de Villar Mir

En realidad esta biografía nace de un hecho que nos ha llamado poderosamente la atención como son los motivos que le llevaron a volver a su juzgado de la Audiencia Nacional para hacerse cargo, a sabiendas, primero de la instrucción de 2 casos que por separado o juntos pueden determinar tanto su futuro como el del PP (Púnica y Lezo). A esto casos hay que añadir que desde noviembre del 2017 su juzgado ha acabado instruyendo, entre otros, el no menos complejo Caso Tándem. Pero antes de entrar en estos 3 casos vamos a repasar rápidamente su…

Juan Miguel Villar Mir ha logrado que una juez de Madrid investigue las diferentes quejas que ha planteado contra la investigación del caso Lezo, según consta en un escrito de 12 de marzo dirigido al juez Manuel García-Castellón en el que el empresario reclama numerosa documentación del procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional.

La Guardia Civil ha reactivado los registros telefónicos en el caso Lezo para acceder a los mensajes cifrados que Ignacio González y otros investigados enviaron desde la aplicación de mensajería instantánea 'Signal'. Las diligencias tienen lugar después de que la UCO remitiera un oficio al juez en octubre para solicitar autorización para el "desprecinto y volcado de efectos informáticos" del presunto cabecilla de la trama. La defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid ha mostrado su oposición a estas prácticas.

Los procesados son el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, el presunto cabecilla de la red Lezo, y otros 28 implicados en las adquisiciones presuntamente irregulares de las filiales latinoamericanas de la empresa pública del agua. Los autos de apertura de juicio oral no son recurribles, por lo que son firmes.

Caja de oro rosa de 18 kilates, sistema dual-wing de alta precisión y brazalete de piel. Así es el reloj de la prestigiosa marca Jaeger-Locoultre valorado en 38.000 euros que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, imputado en por la trama de corrupción desmantelada en el caso Lezo, adquirió en una fecha no determinada y terminó subastando por la mitad de su precio en octubre de 2015, año y medio antes de su arresto detención. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha ordenado a la Guardia Civil investigar

Cerca de 3 años después del arranque del caso 'Lezo' los investigadores siguen poniendo el foco en la presunta comisión de 1,4 millones de euros que se habría adjudicado el expresidente de la Comunidad de Madrid por facilitar que la faraónica obra fuera a parar a OHL. El magistrado acuerda la testifical de Marjaliza y lo hace para que éste especifique qué político fue el que propició que OHL se adjudicara la faraónica obra cuyo importe de adjudicación inicial fue de 363 millones de euros, si bien nunca llegó a realizarse.

La magistrada instructora del caso Erial investiga los pagos a una agencia de comunicación, Asesores de Comunicación Pública, contratada por el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana así como por el presunto ingeniero financiero de éste, Fernando Belhot, a raíz de aparecer en unas grabaciones en el caso Lezo.

Anticorrupción consigue que varios imputados reconozcan sus delitos, por los que ya han pagado 31 millones de euros en concepto de responsabilidad civil .

El expresidente madrileño asegura en un escrito al juez del caso que iba a fundar con Fernando Belhot una empresa sobre desinfección de aguas. El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha admitido ante el magistrado al frente del caso Lezo, Manuel García Castellón, que intentó sacar adelante un negocio sobre comercialización de un producto de desinfección de aguas con el abogado natural de Urugay Fernando Belhot, el cual también aparece vinculado a los negocios del expresidente de la

La organización presuntamente encabezada por el expresidente madrileño utilizó la empresa panameña Yolan Investments para trasladar a Nasáu las dos principales comisiones ilícitas detectadas por la Audiencia Nacional.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha presentado al juez que instruye la operación Lezo en la Audiencia Nacional, el informe definitivo sobre la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao, que supuso un reparto de mordidas de 5.4 millones de dólares a la supuesta organización criminal liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

La Fiscalía y un juzgado de Madrid investigan la campaña de una parte de los padres del colegio público de Las Tablas contra la responsable del centro. «Tenemos derecho a protestar», se justifican los progenitores La guerra abierta entre los padres del colegio público bilingüe Blas de Lezo, en Las Tablas, y la Consejería de Educación va camino de los tribunales. Carteles en contra de la actual directora, Ana Van Oosterzee, sentadas silenciosas de protesta de los padres todos los viernes, pintadas en el suelo pidiendo su dimisión.

Hernando denuncia también el abandono de ciertos partidos políticos. “Ciudadanos, por ejemplo, es un cero a la izquierda. Ignacio Aguado inicialmente nos apoyaba, vino a hacerse la foto y en cuanto empezó a formar parte del nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, nos dejó de lado”. El representante del Consejo Escolar cree que Aguado debería haber llamado al orden a Coral Báez cuando se destapó el caso de sus supuestos doctorados falsos, pero —dice —, "a pesar de ser consejero de transparencia no ha hecho absolutamente nada”.

La pieza separada número 1 tiene que ver con la compra por el Canal de Isabel II del 75% de la sociedad colombiana Inassa en 2001,una operación que tuvo un sobreprecio de hasta 35,4 millones de euros. La segunda pieza separada tiene que ver con los contratos de adjudicación de la construcción y gestión de un campo de golf de los terrenos del Canal en el distrito madrileño de Chamberí. La tercera se refiere a las irregularidades en la adjudicación en 2007 a OHL del proyecto de línea ferroviaria entre Móstoles y Navalcarnero. La cuarta se centra

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la compra presuntamente fraudulenta por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao por la que se pagó en 2003 unos 30 millones de dólares.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al instructor del caso Lezo que finalice la instrucción de la pieza 2 de esta macrocausa de corrupción y que procese al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para que sea juzgado por la compra de Emissao. En un escrito, el Ministerio Público insta al magistrado Manuel García Castellón a transformar las diligencias previas abiertas sobre la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña en procedimiento abreviado contra González y otras seis personas por delitos de frau

El razonamiento de las defensas parte de la explicación que ofrece el Tribunal Supremo sobre el delito de malversación de la sentencia. Por mucho que las empresas contratadas renunciaran a cobrar, se considera que la Generalitat incurrió en malversación desde "el momento en que el acreedor realiza correctamente la prestación a su cargo". Con este razonamiento sobre la mesa, acusados como Canalda defienden que el juicio por la compra de Inassa llega demasiado tarde, porque los hechos investigados ya han prescrito.

Villar Mir ha remitido un escrito al juez en el que le exige que identifique a los confidentes que alertaron a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pago de una comisión ilegal al expresidente madrileño Ignacio González en contraprestación por la presunta adjudicación fraudulenta del contrato de la línea de ferrocarril entre Móstoles y Navalcarnero; fue imputado "porque unas fuentes ignotas le atribuyeron haber entregado un cheque a determinado investigado". Y, según el abogado, esas "fuentes aportaron a..

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado al juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, de que ha encontrado unas facturas sospechosas que podrían estar relacionadas con presuntas comisiones vinculadas con la "ejecución de obras en México adjudicadas a la sociedad española Infoglobal SA, de la que Javier López Madrid es accionista a través de Financiera Capital SLU y SIA Capital Management SA".