De forma unánime critican, además, la prórroga de seis meses que el Ejecutivo contempla para este estado de alarma, algo que consideran «abusivo» y «desproporcionado», por cuanto arrebata, además, al Congreso, su capacidad de control sobre el Gobierno.

Tanto magistrados como el mayor sindicato policial ponen en duda las medidas que quiere aplicar la Comunidad de Madrid para contener el virus. La seguridad jurídica de los ciudadanos queda en el aire a falta de concretar más la norma, que entra en vigor el próximo lunes.

Los médicos explican que la exhalación del humo llega más lejos que la respiración y que tiene un efecto aerosol. Ignacio Villaverde cree que la normativa ampara la decisión dentro de la protección de la salud pública

Las entidades INTERcids (Operadores Jurídicos por los Animales), Abogacía Andaluza por la Defensa Animal (AADA) y la asociación animalista Libera! estudian interponer medidas en vía administrativa y judicial ante la inscripción de la montería y la rehala como Bien de Interés Cultural (BIC) en Andalucía. Las entidades alertan de que la montería y la rehala implican una serie de repercusiones negativas tales como el impacto sobre la biodiversidad.

Los expertos reclaman vías para blindar el voto de los positivos en las elecciones de Euskadi y Galicia sin quebrar su aislamiento domiciliario. Impedir el sufragio de estas personas supondría "una vulneración de su derecho a voto, sería inconstitucional y recurrible", señalan los juristas consultados.

El Ministerio de Igualdad ha abordado con la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la posibilidad de proponer formación “con enfoque de género” para juristas, incluidos los del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. El departamento dirigido por Irene Montero explica que se ha abordado la “preocupación por la figura del coordinador parental en casos de violencia de género y la utilización del denominado síndrome de alienación parental, que puede suponer un grave obstáculo para la investigación y protección de violencias contra menores de edad”.

Un centenar de catedráticos, abogados y asociaciones progresistas han suscrito un manifiesto en el que denuncian, pocos días después de que se cumplan dos meses de la aprobación del estado de alarma, el recorte de libertades y derechos sufrido en este periodo y aprecian "una deriva poco respetuosa con los principios democráticos" en la gestión de la crisis sanitaria del covid-19.

Un centenar de catedráticos, abogados y asociaciones progresistas han suscrito un manifiesto en el que denuncian, pocos días después de que se cumplan dos meses de la aprobación del estado de alarma, el recorte de libertades y derechos sufrido en este periodo y aprecian "una deriva poco respetuosa con los principios democráticos" en la gestión de la crisis sanitaria del covid-19.

Este miércoles ha muerto el catedrático de derecho penal Santiago Mir Puig. Una pérdida que empiezan a sentir y lamentar grandes y pequeños juristas. El maestro español Santiago Mir Puig nació un 5 de diciembre de 1947 en el seno de una familia de comerciantes y pronto se convirtió en un referente para los penalistas no solo de España sino de Latinoamérica. Según contó alguna vez su hijo Oriol Mir, también penalista, en un libro homenaje, el maestro burló a la muerte hacia el 2000. El 12 de octubre de aquel año le diagnosticaron un mieloma…

Expertos penalistas suspenden «el anteproyecto acelerado por sus errores de forma y contenido, propio de alguien sin conocimientos de Derecho»

La Associació Atenes de Juristes pels Drets Civils, una asociación de juristas de reciente creación, ha presentado una querella por un presunto delito continuado de prevaricación contra la cúpula judicial por su afinidad política con el PP y, en consecuencia, falta de independencia en sus actuaciones. Se trata de una querella redactada por Elpidio José Silva, el juez inhabilitado por el caso Blesa, que va dirigida contra Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), contra los vocales del consejo y jueces de la AN.

Mujeres juristas quieren un Código Penal donde el acusado tenga la carga de probar el consentimiento explícito La Asociación de Mujeres Juristas Themis propone una reforma del Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual que establezca que, "en las relaciones sexuales, el consentimiento debe ser explícito" y, por lo tanto, "si no hay consentimiento, hay delito contra la libertad sexual".

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) repudió a través de un comunicado el retiro de protección diplomática por parte del gobierno de Ecuador y la e...

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) alerta de que una sentencia condenatoria en el juicio al procés podría socavar la confianza en el estado de derecho en España". En una entrevista con la ACN, la abogada y directora de la asociación en Europa, Roisin Pillay, asegura que si el Tribunal Supremo condena a los 12 líderes independentistas, se enviaría "un mensaje muy desafortunado"

Las fuentes consultadas sostienen que el presidente de honor de BBVA también podría ser investigado por los delitos de revelación de secretos, escuchas ilegales y cohecho. Cabe también la posibilidad de que accionistas del banco consideren que se les ha perjudicado y emprendan acciones legales contra González por administración desleal. Existe un acuerdo de rescisión de contrato entre el hijo de Villarejo y el jefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano. Esta podría ser una prueba de que los contratos de 2004 sobre la OPA de Sacyr podrían haber

La Asociación de Juristas Themis ha interpuesto este viernes una denuncia por "responsabilidad disciplinaria" contra el magistrado de la sección número 2 de la Audiencia Provincial de Navarra Ricardo González, que emitió el voto particular en la sentencia de 'la manada', "por los contenidos injuriosos y vejatorios" incluidos en el mismo. La denuncia, presentada ante la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, asegura que incurrió en infracciones recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial

Prevaricación. Delito consistente en que una autoridad, juez o funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta. Juristas de todo el espectro ideológico avisan de que los actos de los Mossos pueden incurrir en este ilícito. Su decisión de identificar a una quincena de personas sorprendidas mientras retiraban lazos amarillos de las calles de Tarragona con la intención de imponerles sanciones bajo el paraguas de la Ley de Seguridad Ciudadana es, cuanto menos, de "dudosa legalidad", aseguran.

Foro Milicia y Democracia califica de "preocupante" el texto porque "muestra en manos de quién han estado muchas de las unidades" de las Fuerzas Armadas. Los firmantes del manifiesto en defensa de Franco,publicado el pasado 31 de julio,aseguraban que la figura del dictador ha sido "vilipendiada". La asociación pide evitar que el texto "pueda empañar la percepción social del compromiso que la mayoría de los militares tienen con la democracia"..

Querella por prevaricación continuada contra Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y 19 cargos más de la judicatura española. La Associació Atenes de Juristes pels Drets Civils ha decidido presentar una querella criminal contra la cúpula judicial por falta de imparcialidad y de independencia respecto a los poderes ejecutivo y legislativo

Juristas y colectivos feministas aseguran que las declaraciones del ministro sobre el voto particular de 'la manada' son una cortina de humo. Reivindican formación en perspectiva de género en la justicia, que es "un déficit estructural", explica la abogada Estefanny Molina, de Women's Link". El Código Penal se debe reformar, pero con este mismo la sentencia debería haber sido diferente", dice Marisa Fernández, de Dones Juristes

Hay motivos jurídicos para rechazar total o parcialmente la euroorden por la que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha pedido la extradición del presidente Carles Puigdemont a las autoridades alemanas. Diversos juristas alemanes los han explicado a la agencia Bloomberg y al diario económico alemán Handelsblatt y también han aclarado así por qué la jueza de primera instancia de Neumünster (estado alemán de Schleswig-Holstein) expresó dudas sobre el fondo de la petición española.