La Asociación Aragón Suma anunció ayer el lanzamiento de una campaña de captación de firmas para que se debata en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) relativa a la gestión de los recursos hídricos. Lo que propone Aragón Suma es que sean las administraciones locales las que gestionen los saltos hidroeléctricos conforme vayan caducando las concesiones administrativas que tienen las compañías energéticas (concesiones de derechos de uso de agua que están caducando y que, por ley, deben revertir a lo público).

La PAH califica de “despropósito” y “barbaridad” que Ciudadanos inste al Gobierno de la Comunidad Cifuentes a poner en marcha una Mesa de Trabajo para el desarrollo de una Ley de Vivienda en la Comunidad de Madrid que cuente con expertos de la sociedad civil “cuando ha tirado por tierra” una Iniciativa Legislativa Popular sobre el derecho a la vivienda impulsada precisamente por la sociedad civil y arropada por 77.000 firmas..aseguró que Ciudadanos con su comportamiento pone de manifiesto que “de partido con preocupaciones sociales tiene poco

Que una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) se transforme en ley es complicado. Primero,porque es necesario recopilar 500.000 firmas para que llegue al Congreso. Después porque tiene que someterse al proceso legislativo. En el caso de la renta mínima que llevaron al Congreso los sindicatos en mayo de 2016,las maniobras de PP y Ciudadanos han hecho aún más tedioso el trámite,que se ha prolongado ya dos años sin salir de la Comisión de Empleo.CCOO y UGT amenazaron con recurrir al Constitucional el bloqueo de la ILP,en cuya tramitación parlamento

Este 8 de noviembre se debate y vota en la Asamblea de Madrid la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, tras haber sido avalada por casi 77.000 madrileños. En paralelo, el pasado 2 de noviembre se dio luz verde en la Asamblea, con los votos del bipartito PP-Ciudadanos, a tramitar el proyecto de nueva ley del suelo aprobado por el gobierno de Cristina Cifuentes. La confrontación de estas dos leyes ilustra muy bien esta legislatura en la Comunidad de Madrid.

Un informe técnico compara el texto con otras leyes autonómicas por la vivienda o contra la pobreza energética ya recurridas por el Gobierno.El miércoles se conocerá si la de Madrid se tramita como ley, algo que depende del voto de PP y Ciudadanos, que no quieren desvelar su postura.Tres artículos son inconstitucionales por "vulnerar el derecho a la propiedad" y otros tres,que obligan a ofrecer un alquiler social antes del desahucio,"menoscaban" competencias estatales,según el informe..

Galicia Bilingüe, la Asociación para la Tolerancia de Cataluña y la Fundación nacional Círculo Balear presentaron en Madrid una iniciativa legislativa popular (ILP) para ‘blindar’ el español en la enseñanza y la administración frente al que califican como ‘timolingüismo’, en referencia a los procesos de normalización lingüística del gallego, vasco y catalán. La Mesa del Congreso deberá decidir si admite o no a trámite esta ILP.

El movimiento por el derecho a la vivienda de Madrid entrega este viernes más de 60.000 firmas para que la Asamblea regional tramite una ILP. Buscan facilitar el acceso a la vivienda pública, prohibir desahucios sin alternativa y evitar casos de pobreza energética.

La Coordinadora de Vivienda (que agrupa a las plataformas de afectados por la hipoteca y las asambleas de Stop Desahucios en la región), la Asociación Libre de Abogados y Abogadas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han presentado este viernes 76.773 firmas que avalan una ILP de Vivienda para que una ley regional garantice el derecho a una vivienda digna.

Alejandra Jacinto, portavoz de la ILP Vivienda Madrid, recalca cómo la ciudadanía ha tenido que tomar la palabra ante la ausencia de “una ley integral de derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid”.

El Gobierno intentará frenar la puesta en marcha de la renta mínima durante su tramitación en el Congreso.La medida supone la puesta en marcha de una ayuda de 426 euros para parados de larga duración que no perciban otra prestación. El pleno del Congreso ha debatido hoy la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de los sindicatos UGT y CCOO, convertida en proposición de Ley tras ser respaldada por más de 700.00 firmas, con lo que, a falta de la votación, será tramitada en comisión para convertirse en Ley.El Gobierno no se atrevió a ejercer..

PDECat votará en el Pleno del Congreso de la próxima semana a favor de la toma en consideración de la iniciativa (ILP) impulsada por los sindicatos y que cuenta con el respaldo del PSOE para aprobar una ley que establezca una prestación de 426 euros sin tiempo límite para las familias sin recursos.

La Mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados ha acordado admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una proposición de Ley que “elimine los privilegios de índole retributiva de la clase política cesada”, en concreto la supresión del complemento conocido como “nivel 33” para cargos políticos que regresan a su empleo como funcionarios.

El Congreso de los Diputados ha recibido una iniciativa legislativa popular que persigue eliminar las indemnizaciones que reciben los presidentes del Gobierno, los ministros y los diputados y senadores entre otros cuando dejan sus cargos. A la vuelta del verano, la Mesa de la Cámara ha admitido a trámite la citada iniciativa ciudadana, y se lo ha comunicado, como corresponde, a sus autores, a la Junta Electoral Central (JEC) y al Senado.

Los sindicatos quieren impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para conseguir una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para dos millones de familias sin recursos o que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.

Deben reunir un mínimo de 500.000 firmas cada una por lo que la mayoría de ellas sigue pendiente de cumplir ese requisitoSolo la presentada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) está más cerca de que el pleno pueda debatir su admisión a trámite después de la Semana SantaPSOE, Ciudadanos y Podemos están de acuerdo en que se rebaje por lo menos a la mitad.....

La investidura fallida de Pedro Sánchez y la falta de acuerdo entre los principales líderes políticos, hace que cada vez sea más inviable la formación de gobierno antes de mayo, algo que provocaría la convocatoria de nuevas elecciones generales. Unos comicios que de prosperar una Iniciativa Legislativa Popular, deberían costear los propios partidos.

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es la única fórmula que tienen los ciudadanos de participar en la actividad legislativa de las Cortes. Para poder presentarla se requieren 500.000 firmas, que el acuerdo suscrito entre el PSOE y Ciudadanos propone rebajar a la mitad, aunque la realidad confirma que prácticamente todas son rechazadas. Sólo 2 de las 94 presentadas desde 1983 se han convertido en leyes.

Podemos se ha reunido con los sindicatos CCOO y UGT para buscar su respaldo antes de presentar en el Congreso de los Diputados su Ley de Emergencia Social. Tanto CCOO como UGT han estado de acuerdo en que “una forma importante de lucha contra la pobreza pasa por revalorizar el Salario Mínimo Interprofesional”. En esta línea, los sindicatos han reiterado la necesidad de garantizar una Prestación de Ingresos Mínimos, similar a la Iniciativa Legislativa Popular que ya registraron ambas asociaciones.

Si hay una medida en materia de vivienda por la que será recordado el Gobierno del PP es por aquella que pudo tomar pero no tomó: la aprobación de las tres propuestas básicas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca –paralización de los desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social– plasmadas en una iniciativa legislativa popular que se presentó en el Congreso en febrero de 2013 con el apoyo de 1,5 millones de firmas.

Si la semana pasada era la Plataforma de Afectados por la Hipoteca quien ponía el foco sobre la Sareb –el conocido como "banco malo"–, este lunes la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha tomado el relevo. Con la ley fruto de la ILP de la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC en la mano, la alcaldesa anuncia que exigirá a la Sareb la cesión obligatoria de los 562 pisos vacíos que tiene en Barcelona.

Con los votos contrarios de PSOE, IU y Podemos, la Junta General del Principado rechazó tomar en consideración una iniciativa legislativa popular promovida, ya la pasada legislatura, por el Foro de la Familia y otras asociaciones semejantes. La iniciativa llegó al parlamento asturiano la pasada legislatura de la mano de UPyD y ya entonces provocó una gran polémica al aludir al síndrome post aborto, cuya existencia está cuestionada en la comunidad científica, o al hablar de que que el aborto supone la principal causa de defunción en Asturias.

Desde septiembre, y a pesar de la entrada en vigor de la ley, se han tenido que parar desahucios a última hora en la calle. Los grupos promotores de la ILP han convocado concentraciones en los juzgados de cada localidad hoy a las 11h para exigir su aplicación. Hoy mismo una familia de Sabadell podría ser desahuciada. Al menos así lo certifica la notificación judicial. La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y la Crisis (PAHC) de la ciudad vallesana ha convocado en la calle Isla Aurea a las 9 de la mañana para evitarlo.

El Parlamento de Gasteiz no admitirá a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el exalcalde de Gasteiz Javier Maroto para modificar los requisitos y restringir más el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), al oponerse a ello PNV, EH Bildu y PSE, que suman mayoría en la Cámara. Esta ILP, que plantea entre otros aspectos que los migrantes sin papeles no puedan percibir esta prestación, fue registrada en el Parlamento a finales de noviembre por la plataforma Ayudas+Justas

La norma fuerza a las entidades financieras a facilitar alquiler social durante tres años a quienes vayan a perder su casa bajo amenaza de multaCiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, Cs y CUP han aprobado un texto que blinda también el acceso al agua, gas y electricidad de las familias en situación de vulnerabilidad