El presidente del Gobierno reconoce que la situación internacional afecta de lleno a la economía española y anuncia que habrá que adoptar medidas de ahorro energético

Los pagos con tarjeta y dinero digital están desplazando cada vez más al dinero en efectivo, algo que beneficia a las grandes instituciones financieras. Una sociedad sin dinero en efectivo no sólo sería un golpe mortal para las pequeñas empresas, sino que eliminaría la poca privacidad que nos queda. Incluso quienes prefieren los pagos con tarjeta o con aplicaciones deberían rechazar la idea de que esta sea la única opción: estaríamos totalmente expuestos a las poderosas instituciones financieras, a su vigilancia y control, y a su incompetencia.

Las comercializadoras eléctricas están preparándose para incrementar los precios de luz y gas para los clientes que tienen en el mercado libre. Las compañías han comenzado una campaña de información a los usuarios que se acogen a esta opción en la que se explican los motivos de estas subidas que se van a producir, sobre todo, “a partir del 1 de julio”, tal y como indican fuentes del sector energético. Las tarifas se verán afectadas por el incremento sustancial de los precios de la energía.

El fuerte incremento de los precios de la electricidad y del gas natural, que comenzaron su escalada imparable a mediados de 2021, ha pasado factura a medio centenar de comercializadoras energéticas del mercado libre que han tenido que echar la llave, en unos casos, voluntariamente, y en otros por haber sido inhabilitadas por el Ministerio de Transición Ecológica, a petición del regulador sectorial, la CNMC.

Los impagos a REE no solo se han producido en Aura, otras compañías también habían tenido impagos en anteriores liquidaciones. Se trata de pequeñas marcas como Tesla Management, Viva Luz, Mi Eléctrica, Aran Energía, Enred Energía, Iberred Solutions o Secom, cuyas deudas ascienden en algunos casos a cientos de miles de euros. El proceso para dejar de operar en el mercado eléctrico en España es muy lento, tedioso. Para que se abra un proceso de inhabilitación se puede tardar un año entre los primeros impagos y la orden del Gobierno.