Una de las cuatro personas, además del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que figura en la denuncia de la Fiscalía contra la pareja sentimental de la presidenta por fraude fiscal es Agustín Carrillo Saborido, miembro del PP de Sevilla. A juicio de los investigadores y según ha podido saber ElPlural.com, esta persona se habría deducido “indebidamente” facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados.

En este sentido, tal y como ha podido saber ElPlural.com, una de estas cuatro personas acusadas de colaborar con la emisión de facturas fraudulentas es Agustín Carrillo Saborido, un miembro del PP andaluz con vínculos familiares con el Partido Popular de Sevilla.

La Fiscalía denuncia en el juzgado dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental que la Agencia Tributaria atribuye a la pareja de la presidenta de Madrid para evitar pagar impuestos de sus negocios millonarios en la pandemia

La magistrada tumba la reclamación de la compañía que impuso unilateralmente la cantidad

Dados los múltiples casos civiles y penales contra Trump en el último año, la montaña de proyectos de ley legales no es necesariamente una sorpresa. En agosto del año pasado, Save America reveló que había quemado la mayor parte de su dinero en efectivo en las defensas legales de Trump y sus asociados. El Times informó en ese momento que Save America había solicitado un reembolso de 60 millones de dólares a otro grupo afiliado a Trump para mantenerse a flote.

Roberto Macías era administrativo en UGT Andalucía. Mexicano, vino a España en 2004. Cuenta que UGT aplicó un ERE "con la misma reforma laboral por la que convocaron una huelga general". Se veía en la calle. Robó un USB con la contabilidad que ha desembocado en el caso de facturas falsas que se enjuicia desde este lunes, por el que el sindicato está acusado de un desvío de 40 millones. Solo hay un condenado : el propio Macías, por filtrar la documentación a la prensa. "Estoy señalado, no puedo trabajar, solo tengo una ayuda de 369 euros"

Las facturas tendrán que incluir un código QR para que el cliente pueda, si así lo desea, proporcionar información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Desde la Agencia Tributaria, y a través de su sede electrónica, facilitarán una ruta de la información que precise. Este gesto será de gran ayuda para la lucha contra el fraude porque una factura al entregarse a un cliente, si luego no aparece para Hacienda, podría suponer un serio problema para el negocio o el autónomo.

El déficit tarifario arrastrado por el antiguo desfase entre ingresos y costes reconocidos del sistema eléctrico, que llegó a rondar los 30.000 millones, no estará totalmente saldado hasta 2028. El pasado ejercicio, tras el pago de otros 231,8 millones solo en intereses, la deuda acumulada bajó de 10.000 millones por primera vez en muchos años. Se redujo un 21,5% respecto a 2022, hasta esos 7.866 millones. Cuando desaparezca del todo, supondrá aliviar la factura en más de 2.000 millones cada año.

Una nueva macrocausa que llega a juicio con un importante retraso de más de una década. La Audiencia de Sevilla tiene previsto iniciar este lunes, 29 de enero, el juicio por el escándalo de las facturas falsas del sindicato UGT-A, que sienta en el banquillo de los acusados a la ex cúpula de la organización sindical en Andalucía y en el que el sindicato está citado como responsable civil subsidiario por la totalidad de las cuantías supuestamente defraudadas: más de 40 millones de euros, en concreto 40.750,047,74 euros.

FACUA ha realizado un análisis comparativo sobre el precio en origen y en ocho cadenas de distribución en frutas, verduras, legumbres, huevos y aceite de girasol.

Cinco sentencias dictadas en 2023 por el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) han aumentado en 40 millones la ya abultada factura que la privatización de hospitales emprendida por Esperanza Aguirre pasa año tras año al Ejecutivo madrileño. Planteadas por distintas filiales de Quirón, la más antigua y cara de las cinco reclamaciones –30,3 millones– llegó a los tribunales en 2020. El resto de las cantidades que el tribunal madrileño ordena abonar por atrasos –10 millones en números redondos– se corresponden con recursos formulados en 2021.

El PVPC resulta seis euros/MWh de media más caro en lo que va de mes respecto al viejo sistema, pero evitará la volatilidad en el año. En los diez primeros días de enero, el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), que se determina desde este año con una nueva fórmula que incluye una cesta de precios del mercado diario o spot (en un 75%) y el de futuros o forward (el 25% restante), ha resultado más caro que de haberse mantenido la fórmula que caducó el 31 de diciembre.

Un portavoz de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid afirma que el Gobierno autonómico “valorará” la posibilidad de llegar a “un acuerdo extrajudicial” tras la suspensión del procedimiento, cuya petición atribuyen a Encasa Cibeles. En todo caso, admiten que el plazo de suspensión “se entiende prorrogado salvo que alguna de las partes comunique al juzgado su deseo de continuar con el procedimiento por falta de acuerdo entre ambas”. Y eso algo que, por el momento, no ha sucedido. Encasa Cibeles declinó hacer declaraciones.

El Gobierno andaluz, presidido por el popular Juanma Moreno, acumula 2.057,95 millones de euros en facturas en el cajón, según refleja el último informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que fiscaliza la cuenta general de la Junta correspondiente a 2022. La cifra se acerca, peligrosamente, al pico más alto registrado en la historia reciente de la autonomía, que fue en 2011, durante la etapa del socialista José Antonio Griñán como presidente de la Junta. Entonces, había 2.069 millones en facturas en el cajón.

La entrada en vigor del nuevo sistema para calcular el precio en el mercado regulado de la luz deja en el aire si este producto seguirá siendo más barato y rentable que los contratos de electricidad del mercado libre. Además, sube, el IVA.

Serunion, que acumula 65.000 euros en multas en Educación y la amenaza de una rescisión, es proveedora en los centros sanitarios de Álava hasta 2024 y en el de Santa Marina de Bilbao hasta 2026

Una veintena de vecinos de un pueblo de Málaga han recibido facturas de agua que en algún caso rondan los 75.000 euros.

Nuestro sistema eléctrico está diseñado para que paguemos precios disparados por las energías más contaminantes (centrales de ciclo combinado o las hidroeléctricas) aunque no hagan falta en momentos puntuales, ya que lo que pagamos en la factura está determinado por el gas. Y es que en el actual sistema, la electricidad se negocia como un producto básico, habitualmente en las bolsas de energía. Cada central eléctrica ofrece su electricidad a un precio individual y de forma que se cubran sus costes. La electricidad más barata se vende primero (

Los obispos españoles han rechazado participar en un fondo común para indemnizar a las víctimas de pederastia en la Iglesia, como propone el Defensor del Pueblo, al condicionarlo a que se incluya a todas las de abuso sexual a menores en España. El portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE), César García-Magán, aseguró el lunes que si no se acepta su exigencia, la Iglesia correrá con las indemnizaciones por su cuenta, “como ya está haciendo”. En realidad no se sabe lo que está haciendo, nunca ha querido decirlo, y sus procesos son muy opacos.