Ponencia de Álvaro Bernard.

Mientras el FMI expulsa a los africanos de sus países, la UE les cierra las puertas. Obligados administrativamente a ganarse la vida en los márgenes de la legalidad, hasta el apoyo mutuo y la solidaridad entre ellos se acaba poniendo bajo sospecha.

A Rede Galega en Apoio ás persoas refuxiadas, como parte dos colectivos que forman Caravana Abriendo Fronteras, arranca esta campaña de movilización social coa intención de conseguir a posta en libertade de D: Domenico Lucano, Alcalde de Riace, arrestado inxustamente baixo a surrealista acusación de favorecer a inmigración ilegal.

En España la prostitución persiste en una situación de gris “alegalidad”, no está explícitamente permitida la venta de servicios sexuales pero tampoco está prohibida. [...] El estudio americano explota la inesperada legalización de la prostitución “interior” en Rhode Island. Al parecer, un juez se dio cuenta en 2003 de que, cuando se cambió la ley estatal en 1980 para endurecer la prostitución callejera, se omitió por error la prohibición de la prostitución “no callejera” lo que, de facto, suponía legalizarla.

Es lo de siempre. En las situaciones de crisis, lo más fácil, tanto para los poderes como para las mayorías sociales, es dirigir el foco acusador a los sectores más frágiles de la sociedad, que han de ver como a los abusos que sufren se le añade el de aparecer como responsables del mismo desorden social del que son al tiempo víctimas y producto.

La criminalización de la manta pone sobre la mesa una pregunta: ¿la ciudad es de todas las personas que viven en sus espacios o solo de algunos y específicos intereses económicos y políticos?.Las poblaciones no legítimas se han convertido en poblaciones peligrosas porque son definidas por los discursos políticos como la fuente continua de problemas para la ciudadanía legítima. Lo que se verifica es la criminalización de trabajadores convertidos en peligros públicos y la trasformación de las cuestiones laborales en cuestiones de orden público..

Derecho penal de acto contra el derecho penal de autor. Algunas resoluciones de la ideología de género son propias de regímenes totalitarios.

La mujer de un teniente de la Guardia Civil —llamada María José— declaró este martes reiteradas veces en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que Adur Ramírez de Alda, uno de los ocho jóvenes que está siendo juzgados acusados de lesiones y amenazas terroristas en el caso Altsasu, vestía una camiseta roja la noche en la que los agentes fueron atacados. En una fotografía que han difundido los padres de los jóvenes se puede apreciar que ese dato no es cierto.

En un comunicado, la agrupación liderada por el diputado nacional Alberto Garzón acusó al gobierno conservador de Mariano Rajoy de convertir el conflicto territorial en esa región del noreste del país en un problema penal, a través de una salida represiva.

Un agricultor de Castilla León ha sido condenado a una pena de prisión de seis meses, inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo, multa, pago de indemnización por los daños y perjuicios causados y de las costas procesales, por la reutilización de la semilla obtenida en su explotación agrícola. La Unión de Campesinos de Castilla y León considera desproporcionada la sentencia, contra la que no cabe recurso alguno. Denuncia la criminalización de los agricultores y reivindica el derecho histórico a utilizar sus propias semillas.

Con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Sexo, la autora nos ofrece una reflexión sobre el origen de la autoorganización y lucha contra el acoso policial y la estigmatización social de las mujeres que ejercen la prostitución.

Abogados y activistas advierten que el gobierno emplea ese concepto para “limitar la libertad de expresión”.

Los datos son elocuentes: en el 2015 hubo cinco veces más sentencias condenatorias que en 2011, año en el que ETA abandonó la lucha armada. Parece evidente que nos encontramos frente al mayor despliegue de represión y criminalización de las últimas décadas por parte del Estado. Una ofensiva en la que cabe señalar como responsables a tres grandes instancias: el Gobierno, la legislación y una parte de la judicatura.

El siglo XXI se está caracterizando como el asalto final a los derechos de las y los trabajadores por todos los medios: legales, políticos y mediáticos. Precisamente por eso, la defensa y apoyo mutuo tiene que darse entre todos los sectores. Queremos hacer un recordatorio de todas las luchas criminalizadas durante en los medios de comunicación y de todas las plantillas tachadas de “privilegiadas”. Las y los músicos queremos mostrar nuestro apoyo a todos los sectores en lucha.

El jueves 19 de enero el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma de Castilla y León aprobó el proyecto de Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo. El proyecto de ley incluye en el currículo educativo de la enseñanza secundaria la historia, evolución y consecuencias de las “distintas formas de terrorismo” en España con el objetivo de contribuir a la memoria de las víctimas, aunque no concreta a qué víctimas se refiere. Se aprueba un proyecto de ley para menos de 400 personas y no protección a los millones de parados.

El colectivo Editorial de Kaosenlared se ha reunido de urgencia para evaluar tales versiones y determinar las medidas legales a seguir ante tamañas calumnias. Es conocido que la web se sostiene con donaciones de nuestros lectores y lectoras, así como nuestras propias aportaciones personales realizadas cada año. Todas las personas que participamos en la web lo hacemos de manera voluntaria y “ad honorem”.

Jay Nygard decidió hace unos años instalar una turbina eólica en su propia propiedad y por esto ahora esta a punto de ir a prisión. Es el ejemplo perfecto de cómo algunos gobiernos locales han estado criminalizando a quienes intentas vivir desconectados de la red y erosionando los derechos de los ciudadanos en el proceso.

Una aberrante solicitud de prisión por parte del fiscal, once años (equivalente a un homicidio) ha espantado a la antigua vicerrectora, Silvia Carrasco. Es el caso conocido como "27 y más". La excusa de la denuncia fue la ocupación del rectorado de la UBA la primavera del 2013, y la posterior denuncia que la UAB y la misma Silvia Carrasco, a título particular, hicieron contra 25 estudiantes y 2 empleados de la universidad. El fiscal pide una media de 12 años de prisión y más de 380.000 €, además de 5 años de alejamiento de la UAB. Vergonzoso.

Un año después de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, son varias los casos en los que las instituciones han cargado por vía judicial contra personas y colectivos que denuncian violaciones de derechos. El pasado mes de abril, el sindicato CSL de la Policía Local de Zaragoza, declaró haberse dirigido a la concejalía responsable exigiendo que se tomaran medidas contra el Grupo Derechos Civiles 15M Zaragoza, definiendo como “ataques extremistas” el contenido de los informes publicados por dicho grupo.

El cuerpo controlado por Fernández Díaz elaboró informes sobre los movimientos sociales independentistas con el objetivo de incriminarlos, según revela Radio BarcelonaLa hoy presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha considerado que "si esos informes existen, Mariano Rajoy y Fernández Díaz deberían dimitir"

Rusia, junto con el apoyo de Polonia, Iran y varios países del Golfo han conseguido eliminar de la resolución de las Naciones Unidas. Esto significa que a partir de ahora los gays podrán ser encarcelados libremente sin posibilidad de ser recriminados por las Naciones Unidas.

“¿Qué oficina de asilo? ¿Una oficina de asilo en Beni-Ansar? ¡Pero es imposible, no podemos llegar a la frontera! Eso es para los sirios”, así lo explica un guineano que lleva meses viviendo en el bosque de Nador. “La situación de los negros es distinta. Si te acercas a la frontera te van a pegar como a una serpiente. La oficina de asilo es un sistema racista”, dice V, nigeriano. Los testimonios, recogidos por Elsa Tyszler, del Grupo antirracista de defensa y acompañamiento de extranjeros y migrantes de Marruecos, evidencian la si

La excursión escolar ha creado una gran polvareda, primero porque no parece muy educativo que los niños empuñen fusiles de asalto, al menos en horario lectivo. Segundo porque identifica al enemigo terrorista con el “pañuelo palestino”, la kufiya, lo cual, pues hombre, es un pelín islamófobo, una generalización racista y peligrosa como, no sé, identificar a todos los narcos con el sombrero mexicano, a todos los policías con Torrente, a todos los militares con aquellos que vulneran los derechos humanos o a todos los políticos con el ministro…

La progresiva criminalización de los movimientos sindicales en Francia.La Francia de izquierdas ya no existe y hay que gobernar satisfaciendo sólo las demandas de la derecha. Ésta parece ser la convicción del presidente francés, el socialista François Hollande, y de su primer ministro, Manuel Valls. Ambos basan su acción de gobierno en garantizar la seguridad interior frente al terrorismo yihadista y llevar a cabo las reformas económicas liberales que las fuerzas conservadoras no se atrevieron a realizar.