Yo no creo que haya que rechazar la basura acumulada por Villarejo porque sea él el contenedor, no creo que debamos mirar para otro lado. Es el propio Estado, a través de sus políticos, sus jueces y sus fuerzas de seguridad, el que debe investigar lo que oculta su subsuelo.

El policía se jactó en un encuentro con periodistas de 'Público' que organizaba con amigos suyos comidas en las que se hablaba "a calzón quitado", a una de las cuales asistió el actual presidente del PP, al igual que miembros del PSOE o miembros de la judicatura.

Julio Corrochano, comisario de la Comisaría General de Policía Judicial hasta que en 2002 le fichó la entidad bancaria, firma el acuerdo de disolución del contrato con la empresa del encarcelado ex comisario Villarejo, Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (CENYT), por servicios de gestión de crisis entre 2016 y diciembre de 2017, un mes después de ser detenido.

Con su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid, el PP acaba de dar al traste la moción de censura de PSOE y Podemos, que se anunciaba tormentosa. Tanto fuentes políticas madrileñas como policiales narran a 'Público' una estrategia encaminada a acallar el escándalo y ocultar los delitos cometidos en la Universidad Rey Juan Carlos.

A pesar de gozar de la protección de la cúpula de Interior, de gran parte de la Fiscalía y hasta de algunos jueces, el poderoso cabecilla de la policía paralela al servicio de multimillonarios, enriquecido él mismo con esas actividades, ha sido finalmente detenido. Su caída reivindica el trabajo de los investigadores de la comisión judicial del caso Nicolás, que han sido degradados tras presentar el informe en el que se detalla la trama delictiva por la que hoy ha sido detenido Villarejo.

No es la primera vez que un agente es relegado de su puesto por tratar de investigar las entrañas de las cloacas. En 2015 el exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, fue cesado por haberse atrevido a investigar las actividades del pequeño Nicolás y a sus protectores.

La Policía Nacional ha detenido a nueve agricultores que presuntamente incendiaron una nave hortofrutícola, en cuyo interior se encontraban varios trabajadores, durante las protestas agrícolas del pasado mes de febrero en El Ejido (Almería). Según ha indicado la Comisaría de Almería, esta “acción radical” se encuadra en el contexto de las protestas del campo contra las empresas que comercializan productos provenientes de Marruecos

El Ministerio del Interior ha informado este lunes que ha sido la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos (ONGADH), dependiente de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, la que ha abierto de oficio una información para aclarar estos hechos

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que está investigando el uso de las cloacas del Estado contra Podemos y si la policía patriótica puso la lupa sobre el partido de Pablo Iglesias, rechaza ampliar la causa al Partido Popular y descarta citarlo a declarar en calidad de investigado como que pedía Pablo Iglesias. El magistrado asevera que, “a falta de otros indicios”, no es suficiente con decir que “las actividades presuntamente delictivas pretendían comportar un correlativo beneficio para esta formación política..

El Juzgado de Instrucción nº1 de Torrevieja ha ordenado la apertura de diligencias previas y solicitado a la Fiscalía que "elabore un informe sobre los hechos denunciados".

Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía encargados de investigar el caso Tándem han comenzado a elaborar un informe que trata de determinar si “Chisco”, la persona a la que el comisario jubilado José Manuel Villarejo comunicó en 2014 sobre el operativo que buscaba presionar al exjuez Javier Gómez de Liaño, que era abogado de Luis Bárcenas, era en realidad el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, procesado en la operación parapolicial denominada Kitchen.

Los «whatsapps de las cloacas» fundamentan la querella de los morados contra la «policía patriótica» del Gobierno de Rajoy

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior y amigo íntimo de Mariano Rajoy, amparó que diferentes unidades policiales fabricasen dosieres con información falsa para atacar a los rivales del PP. Miró para otro lado cuando estos aparecían publicados en las portadas de algunos diarios de Madrid. Y hasta fingió indignarse mucho cuando le preguntaron en el Congreso de los Diputados si conocía esos atestados apócrifos que atribuyeron falsamente todo tipo de delitos a dirigentes nacionalistas catalanes y también a algunos de la izquierda.

"Las víctimas de Irak no eran tantas es decir era una guerra más bien como de de lucecitas no" Lucía Méndez (menos luces que un barco pirata)

El Gobierno de Mariano Rajoy utilizó a la cúpula de la Policía para investigar al margen de la ley a partidos independentistas y orquestar campañas contra el procés. Mariano Rajoy recibía, un sobre con las pruebas falsas que se iban fabricando contra por ejemplo Artur Mas o la familia Pujol. Jorge Fernández Díaz era quien centralizaba la información y dirigía las actuaciones de los principales mandos policiales con el Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, como interlocutor directo del ministro.

Jordi Pujol Ferrusola, Sandro Rosell… algunas de las víctimas de las víctimas de la Operación Cataluña, espiados ilegalmente por las cloacas de Interior han solicitado al juez García Castellón que abra una pieza aparte dentro de la macrocausa Tándem y judicializar aquella maraña de corrupción del Gobierno de Rajoy y del Partido Popular contra el independentismo catalán entre 2012 y 2016.

El texto es demasiado corto, debe ser al menos de 50 caracteres

Una nueva polémica vuelve a tener como protagonista al gobierno bipartito de PP y Vox en el Ayuntamiento de Quintanar, que si bien con motivo del 25N trataron de cercenar la expresión "contra las mujeres" de la conmemoración -aunque después se vieran obligados a recular debido a las críticas recibidas y la presión ejercida desde el Gobierno regional-, ahora se convierten en defensores extremos del puritanismo, pasándose a la censura cultural de un espectáculo de teatro por aparecer en la obra los intérpretes en ropa interior.

Sumar estudia su respuesta jurídica tras la ruptura de Podemos y valora solicitar al Ministerio del Interior que Podemos deje de recibir seis millones de euros a lo largo de esta legislatura. El acuerdo electoral de las generales incluía que los de Ione Belarra recibieran el 23% de todas las subvenciones públicas que correspondían a la coalición. Los distintos actores integrados en Sumar creen que los morados han roto el acuerdo por el que se hacía esta distribución y abren la posibilidad de pedir al departamento de Fernando Grande Marlaska