La Comisión Ciudadana que se formó para investigar y tratar de esclarecer lo sucedido en las Residencias de mayores de Madrid ha presentado su informe y en él se recogen las conclusiones obtenidas a partir de las declaraciones de las personas afectadas, peritos, políticos, periodistas y de la abundante documentación recopilada.

Machado se impuso en las primarias de la coalición opositora, pero una inhabilitación política por 15 años le impide postularse. Nominó entonces en su lugar a Corina Yoris, una filósofa y profesora universitaria de 80 años, que nunca ha trabajado en la administración pública y su nombre aparece limpio en la base de datos del CNE. Pero hasta el domingo en la noche, la PUD no había podido inscribir la postulación de Yoris. Ahí está la traba para la oposición, que aún no ha recibido los códigos para acceder a la página y registrar la postulación.

Teresa Ribera, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ha afirmado que no ve en el desarrollo del combustible sintético "la respuesta para lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos deseen". La política ha señalado que este tipo de alternativas "solo servirán para quien tenga un Maserati y quiera algo caro". En una entrevista concedida a el medio El Correo, la ministra ha comentado la reciente polémica entre Iberdrola y Repsol y ha explicado que "pensar que cualquier tipo de combustible es sostenible no es cierto".

Según la encuesta, el porcentaje de navarros que afirmaron sentirse felices en las últimas cuatro semanas "muy a menudo" fue del 72,7%

Manifestantes progres colapsan y no saben por qué protestan. Mucha agresividad y poca racionalidad...

La Unión Europea ha aprobado recientemente la Ley de Inteligencia Artificial (Ley de IA), un marco regulatorio que busca establecer nuevas reglas para el uso de la inteligencia artificial en la UE. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos iniciales del Parlamento Europeo por prohibir la vigilancia biométrica masiva, el texto final de la ley ha sido criticado por los miembros del Partido Pirata por no proteger adecuadamente los derechos de los ciudadanos.

Documento que presenta los trabajos y conclusiones de la comisión ciudadana. Muestra detalladamente informes, declaraciones y estadísticas que dan luz sobre lo acontecido en las residencias de la comunidad de Madrid durante el COVID19 y su carácter de excepcionalidad respecto a otras comunidades, así como la discriminación ejercida (y sostenida en el tiempo) por la Comunidad de Madrid de Díaz Ayuso en la dejación de trato hacia miles de residentes que por ello murieron de forma indigna.

Ni se iban a morir todos, ni se iban a morir igual. Los protocolos de la vergüenza existieron y condenaron a 7.291 mayores a morir sin atención hospitalaria, sin medicación para el dolor y sin esperanza en lo más duro de la pandemia de covid-19. Las residencias no se medicalizaron, como aseguró el Gobierno de Ayuso y exigía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De haber tomado otras decisiones, miles podrían haberse salvado.

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, promovida por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, ha concluido que la respuesta del Gobierno regional "fue inadecuada" y se "vulneraron derechos fundamentales" de los residentes y sus familias. Afea el papel de la Fiscalía y recomienda reabrir la comisión de investigación en la Asamblea y un cambio en el modelo de cuidados.

Sección de Ciencias de la Salud. Intervienen: José Antonio Martín Pallín, presidente de la Comisión; Fernando Flores Giménez, redactor del Informe; Anna Freixas Farré, Fernando Lamata Cotanda, Cristina Monge Lasierra, Eduardo Ranz Alonso y M.ª Victoria Zunzunegui Pastor. Sala Pérez Galdós. 11:00h. 15 de Marzo.

Los 20 días más duros de la pandemia sin una derivación a un hospital, mascarillas sin utilizar, cadáveres descomponiéndose despues de muchas horas muertos. Esto no es un parte de guerra, esta es la gestión de Ayuso en las residencias.

Rosell es una de las 50 personas que forman la lista de candidatos que el CGPJ envió en 2018 a las Cortes Generales para que iniciaran el proceso de renovación. En su caso, estaba avalada por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) como titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.