El Tribunal de Cuentas, donde casi un centenar de sus 700 empleados son familiares y allegados de altos cargos y de representantes sindicales del organismo, necesita adaptarse a las nuevas tecnologías informáticas. Pero con el personal de que dispone no puede. Esta carencia de personal informático adecuado (pese a su abultada plantilla de 60 trabajadores) ha obligado reiteradas veces al tribunal a acudir con urgencia a profesionales de la Administración General del Estado para resolver problemas.