Dos protestas a la puertas de los Juzgados de Santiago han creado momentos de tensión al ser increpados y llamados corruptos los siete ediles del PP del ayuntamiento compostelano que hoy se sientan en el banquillo acusados de prevaricación.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha condenado a la alcaldesa de Pliego, Isabel Toledo Gómez, y a su predecesor en el cargo, Juan Guillén González, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público como autores de un delito de prevaricación continuado, al considerar que no pusieron remedio, como era su obligación, a la contaminación acústica por ruidos y vibraciones que originaba un local del municipio...

Ángel González no acata la decisión de la Presidencia colegiada de Asturias de dimitir de su cargo tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que le condena a siete años inhabilitación. Coloca a la dirección en "una situación difícil", que opta por abrirle expediente y suspenderle de su cargo como diputado. El argumento de González es que su "no renuncia" es parte de su defensa de inocencia.

El diputado y portavoz parlamentario de IU, Ángel González ha sido suspendido de militancia. La decisión ha llegado en la reunión de la Presidencia celebrada esta tarde, convocada ayer por el coordinador general de la coalición, Manuel González Orviz.

El juzgado de instrucción número 48 de Madrid ha citado a declarar como imputada a la directora general de Vivienda, Ana Gomedio, para el 9 de junio, tras la querella contra la Comunidad de Madrid por "malversación de caudales públicos y prevaricación continuada" en la venta de 3.000 viviendas del IVIMA a la empresa Azora.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha condenado al portavoz de IU en la Junta General, Ángel González, a la pena de siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.

El cargo que ostenta Magdalena Álvarez en el Banco Europeo de Inversiones (BEI) como vicepresidenta puede tener las horas contadas. Por el devenir de los acontecimientos del caso de los ERE, por las declaraciones de unos y otros durante el periplo judicial de la exconsejera andaluza, pero, sobre todo, por lo manifestado por el BEI este martes tras confirmarse su imputación por prevaricación y malversación, punto previo a la apertura de juicio oral contra la también exministra si la instrucción siguiera su curso normal.

El pasado 22 de abril, el TSJM emitió un auto en el que citaba a declarar al exregidor en relación a las reiteradas decisiones adoptadas para no ejecutar la resolución que confirmaba la sentencia por la que se obliga a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a devolver a este Ayuntamiento el espacio de casi 115.000 metros cuadrados que ocupa la actual sede de la 'Ciudad del Fútbol'.

El juez, acusado de prevaricación y candidato a las europeas por el Movimiento Red, explica las primarias abiertas de su partido

Elpidio José Silva, número 1 de su promoción, premio extraordinario de licenciatura en Derecho, y 22 años de carrera judicial a sus espaldas, dijo que hay tantas ganas de dictar una sentencia de condena formal, que se quiere ir a una velocidad atropellada y sin ningún tipo de respeto a las reglas del juego. El juez explicó en Radio San Borondón que el presidente del Tribunal que pretende enjuiciarlo ha generado una situación insólita en la historia judicial,en términos generales, de cualquier país, menos de Korea del Norte.

El veredicto final podría acabar con la carrera judicial de Silva, quien podría tener un as en la manga: pretende presentarse como acusación popular contra Blesa si resulta condenado por prevaricación. Una posibilidad perfectamente legal pero inédita en España en el sentido de que nunca un juez que ha llevado a cabo la instrucción ha pasado a ser parte en un proceso.La pena no es ninguna broma: 30 años de inhabilitación a la que se suma una fianza de 60.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias por las que pueda ser conde

El juzgado número 3 de Reus ha imputado al presidente de la Diputación de Tarragona y alcalde de Vila-seca, Josep Poblet (CiU), por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, omisión del deber de perseguir delitos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez imputa a Poblet en la pieza separada número 8 del llamado caso Innova, en el que se investiga un supuesto cúmulo de irregularidades en el seno del conglomerado de empresas municipales Innova de Reus.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Ignacio Muñagorri ha advertido de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pudo haber cometido un delito de "prevaricación" por la denegación de indemnizaciones a varias víctimas del GAL y otros grupos terroristas que previamente ya habían sido reconocidas legalmente como damnificados por el terrorismo.