Procuradores forales, diputados autonómicos y cientos de integrantes de las bases figuran entre los más de ochenta mil expedientes de la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos, que vela por la transparencia y la disciplina dentro del partido. Decenas de casos han terminado judicializados en comunidades como Galicia, Euskadi, Extremadura o Cataluña.