El ministro del Interior niega disponer de instrumentos tecnológicos que permitan realizar escuchas masivas en manifestaciones e incluso obtener los números de móvil de los manifestantes y asegura que, en todo caso, este tipo de intervenciones en las comunicaciones siempre van precedidas de autorización judicial.

Se trata de Herminio Cercas, el regidor que eligió un restaurante plagado de imágenes de Franco para celebrar el Día de la Mujer. El Partido Popular de Pelayos de la Presa se ha opuesto a que la calle José Antonio Primo de Rivera pase a denominarse calle de Adolfo Suárez. Una propuesta formulada por el Partido Socialista que ha sido rechazada en bloque por el PP de esta pequeña localidad madrileña, contraviniendo así la ley de Memoria Histórica.

Nada hay de reforma constitucional, quiso dejar bien claro Mariano Rajoy, y menos aún impulsada desde el Ejecutivo, como últimamente se ha sugerido. Ni para ahora ni para después del plebiscito independentista, convocado por la Generalitat.

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La Moncloa ha salido en defensa del ministro Pedro Morenés para aclarar que no ha tenido nada que ver en la adjudicación a la empresa Instalaza, de la que fue consejero, de un contrato directo y sin publicidad de cuatro millones de euros para dotar del lanzagranadas Alcotán-100 a varias unidades ligeras del Ejército de Tierra. La empresa a la que sirvió el actual ministro de Defensa denunció al Ejecutivo en 2011 para reclamar 40 millones de euros en daños y perjuicios por la supresión de las bombas de racimo, de las que era el principal...

Una delegación de Derechos Humanos de España ha regresado a Gran Canaria después de que las autoridades de Marruecos no les permitieran bajar del avión en El Aaiún. La misma está integrada por el presidente de la Comisión estatal de Asociaciones de Amistad, José Taboada; el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de Derecho Internacional y miembro de la Asociación La Paz como un Derecho Humano, Carmelo Falero, representantes de Mundo Bat (una ONG vasca) y un representante de la Comisión Española de Ayuda al refugiado.

Afectados por el desalojo pasan su segunda noche a la intemperie, mientras Junta y Ayuntamiento parecen cada vez más alejados. ¿Se quieren saltar el baremo social y el registro de demandantes?, se preguntó retóricamente la concejala de Asuntos Sociales, que recordó que debe regir la igualdad de trato a la ciudadanía.