En 2019, el CNI trasladó a La Moncloa y al ministerio de Defensa la justificación por la cual habían solicitado al juez permiso para espiar a Pere Aragonès. El Gobierno destituyó ayer a la directora del CNI, Paz Esteban, para tratar de cerrar la crisis del caso Pegasus con sus socios de Gobierno y grupos independentistas, que pedían depurar responsabilidades tras el espionaje a líderes políticos.

Cualquiera que se mueva un poco en el ámbito tech sabe que el sector lleva unos años viviendo en un paraíso: salarios altos, recruiters acosando en LinkedIn, condiciones fijadas por los empleados más que por las empresas... y sin embargo este fenómenos está empezando a tocar su fin.

65 líderes independentistas catalanes han sido espiados por Pegasus y el CNI reconoció a 18, mientras que al menos tres miembros del Gobierno de Sánchez también habrían sido atacados informáticamente.

Los móviles, tablets, ordenadores, cámaras de vigilancia y televisiones son algunos dispositivos que escuchan las conversaciones y recopilan información.

El Ministerio del Interior adquirió en 2015 un sistema de espionaje para móviles con más de 12 millones y medio de euros procedentes de las arcas públicas. Se tratan de sistemas de interceptación de telecomunicaciones que utilizan una tecnología similar al polémico software Pegasus que ha conseguido infectar el teléfono de varios líderes del Gobierno de España. Gracias a una generosa partida que se excede de los 12 millones de euros públicos, el Ministerio del Interior pudo adquirir estas tecnologías capaces de pinchar teléfonos.

Los dos sucesos de espionaje (a los independentistas y al Presidente del Gobierno) muestran las debilidades del CNI. Y abren la puerta a cinco grupos de interrogantes y a dos reflexiones finales. En especial, no solo espían los países sino que lo que, con nuestro móvil, toda nuestra vida está en manos de Google, Microsoft, Amazon o Meta-Facebook

–Ya en 2015. Citizen Lab y Amnistía Internacional han constatado cuatro ataques con infección de mi teléfono móvil y 25 sin éxito. El primero en septiembre de 2015. Y el último en julio de 2020, cuando yo ya estaba saliendo de permiso del centro penitenciario después de la condena. Estas dos fechas demuestran la falsedad de lo que se ha dicho hasta ahora por parte de la ministra de Defensa, y la existencia de una tutela policial paralela a todo, y eso creo que dificulta mucho el argumento de que esos seguimientos eran legales.

Si el CNI espió a los independentistas para mantener la seguridad del Estado, ¿ha hecho lo mismo con la trama ultraderechista detrás de estos acontecimientos? Porque, precisamente, de no ser así, estaríamos asistiendo no sólo a una dejación de funciones, sino también a un sesgo ideológico que nos pondría en peligro a todos.

Entre los confirmados por Paz Esteban, el espionaje del hoy president de la Generalitat de Catalunya, cuyas comunicaciones fueron violadas en 2019 de forma fetén. Es decir, de un modo tan legal y democrático, explican los medios, que hubiera hecho llorar de emoción a los antiguos griegos. Espiar a un representante político y hacerlo de forma legal es tan sencillo como que algún juez del Tribunal Supremo comprometido con la unidad de España –seguro que alguno hay– acepte que tal dirigente sea considerado peligroso para los intereses de España.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha mostrado este viernes su indignación por el espionaje a independentistas a través del sistema Pegasus: "Iros a la mierda todos los que habéis violado nuestras vidas y las de nuestras familias". "Miserables quienes lo hacéis y quienes lo justificáis", ha exclamado desde su cuenta en Twitter, donde ha advertido de que el diálogo con el Estado en estas condiciones no es posible.

"Ni lo sabe, ni lo debe saber", señalan desde el entorno de Pedro Sánchez tras las informaciones conocidas este jueves. Sitúan el espionaje a independentistas como algo ajeno al Ejecutivo según la separación de poderes. Moncloa circunscribe estas actuaciones en el marco de la separación de poderes y niega por tanto conocer si se estaba espiando a dirigentes como el propio president de Catalunya, Pere Aragonès.

El ciberespionaje a gran escala, utilizado en numerosas ocasiones para vulnerar la ciberseguridad de las organizaciones y hacerse con sus datos críticos, no es excepción en la industria de las energías renovables, que según informa Bleeping Computer, ha experimentado una campaña de ataques a gran escala en los últimos tres años. Así, según este medio, hasta quince reconocibles entidades en todo el mundo han sufrido diferentes impactos provocados por hackers profesionales.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, niega "tener conocimiento" sobre el supuesto espionaje a su móvil con Pegasus. Interior afirma no haber sido informado tampoco.

En una entrevista en TVE Catalunya recogida por Servimedia, Asens apuntó que, si se confirma que Marruecos espió a Sánchez, «eso debería permitir reformular el acuerdo al que se llegó con Marruecos» y se preguntó si los datos robados a Sánchez «tienen algo que ver con el cambio de posición del Gobierno sobre el Sahara». «Es una pregunta legítima», justificó, apuntando que los datos extraídos «podrían servir para hacer chantaje al Gobierno».

De confirmarse la infección, Grande-Marlaska sería el tercer miembro del Gobierno que sufre los ataques del programa espía israelí, tras el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la titular de Defensa, Margarita Robles.

Presidencia considera una brecha de seguridad grave el espionaje al teléfono de Sánchez y no confirma la continuidad de la jefa de los servicios de Inteligencia. No descarta descubrir nuevos móviles atacados.

Pegasus se utilizó para detener al Chapo Guzman y para el espionaje a feministas de Arabia Saudí.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha admitido este miércoles que se investigaron los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a raíz de conocerse la investigación de la plataforma Citizen Lab, vinculada a la Universidad de Toronto, que desveló el presunto espionaje a independentistas con el software 'Pegasus'.

Que el Gobierno haya confirmado que los ataques con Pegasus han llegado al propio presidente y a ciertas ministras hace florecer más preguntas. ¿Quién está espiando a quién? ¿Estamos protegidos frente al ciberespionaje? Ya hay quien considera el espionaje con el software de origen israelí Pegasus, de la empresa NSO, como uno de los mayores escándalos en lo que va de siglo.

Un experto invitado por el CNI puso en valor los informes de Citizen Lab, la fuente que cuestionó la ministra Robles y en la que se basan los líderes independentistas para pedir su dimisión

informes sobre los periodistas de El Confidencial que cubrieron las noticias sobre las relaciones entre la compañía eléctrica y el comisario José Manuel Villarejo. Según consta en un documento incluido en el sumario de la pieza 17 del caso Tándem (...) El informe fue fechado el 9 de octubre de 2019, a los pocos días de que este medio empezase a difundir las primeras grabaciones entre el policía y Antonio Asenjo, el entonces jefe de Seguridad de Iberdrola

Como no podía ser de otra manera, la noticia del espionaje a Pedro Sánchez y Margarita Robles, ha generado multitud de comentarios en los medios españoles. Los periódicos más cercanos al PSOE titulan de forma bastante aséptica, con la información sobre el espionaje a Sánchez y Robles que se conoció ayer.

La petición de crear esta comisión de investigación nace de la revelación de un informe de la Policía Nacional -que evitó que los Mossos destruyeran el pasado 26 de octubre de 2017 numerosa documentación que llevaban a una incineradora- remitido a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en el que concluye que la policía catalana controlaba a políticos de PP, Cs, PSC y PDeCAT, además de periodistas, abogados y dirigentes sindicales. EFE