PRISA, Unidad Editorial, Vocento y otros 80 medios presentan un recurso contra el Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego del Ministerio que dirige Alberto Garzón.

El ministro de Consumo anuncia la negociación.

El ministro de Consumo considera que la Constitución "descentralizada" ampara "fórmulas como el cupo vasco", mientras que la inexistencia del Impuesto de Patrimonio en la Comunidad de Madrid es "una anomalía que debe corregirse". Garzón formuló esta distinción en una entrevista en la que partió de que "somos un país plurinacional", aunque esto sea "algo que la derecha no acepta". Pagar menos impuestos significa peores servicios públicos y eso está afectando al estado de vida de la gente popular en Vallecas, en Andalucía o en Barcelona".

La Fiscal General del Estado admitió en 2018 tres encuentros con Villarejo, pero la agenda de éste recoge al menos una cuarta coincidencia con Delgado y contradice la versión que ella ofreció. Delgado está estos días en el foco tras apartar de la 'causa Tándem' al fiscal Ignacio Stampa a raíz de la supuesta relación sentimental que éste mantuvo con una abogada de la acusación particular. Un movimiento que ha puesto en cuestión su imparcialidad, dado que ella es pareja de Baltasar Garzón, cuyo bufete ejerce la defensa de varios de los implicados

"Los futbolistas famosos operan como los clubes: no son simples personas aisladas. Ellos mandan un mensaje al resto del país. Los menores no pueden normalizar una actividad que es peligrosa. El deporte puede y debe reorientar su función social. Por supuesto podrá cambiar de patrocinios y seguir siendo rentables, pero esa función social que debemos promover es importante y necesaria. Que el mensaje que trasladen los futbolistas sea el de vincular el fútbol a la salud y a buenos hábitos, en vez de a la apuestas, creo que es una medida central".

La reacción de la derecha en todo este tiempo da que pensar que hay mucho más de lo que podemos apreciar en este asunto. Empiezo por mi propia inhabilitación a manos de la Sala de lo Penal del Supremo tras haber iniciado la investigación por este caso y bajo la acusación de haber interceptado comunicaciones entre los hoy condenados y sus abogados. De nada sirvió ni el que hubiera protegido como es preceptivo el derecho de defensa, ni la libertad de interpretación propia de un juez, ni que, tras la condena, otro magistrado mantuviera como…