Esta ley obliga a las empresas con más de 50 empleados a crear un canal “seguro y anónimo” para que sus empleados puedan denunciar irregularidades normativas.La nueva directiva establece un marco para la protección de los informantes sobre infracciones y corrupción en el ámbito interno de la empresa, de forma que aquellos empleados que denuncien malas prácticas o corrupción en el seno de las empresas no sufran represalias.

El Congreso de Brasil aprobó un proyecto para cobrar impuestos a empresas radicadas en el exterior y a fondos de superricos,luego de que el Senado diera luz verde este miércoles a la iniciativa,en un triunfo para el presidente Lula da Silva. La iniciativa es una prioridad del ministro de Hacienda,Fernando Haddad, para aumentar la recaudación y mantener su meta de déficit cero en las cuentas públicas el año próximo. Lula asumió en enero un tercer mandato sobre la promesa de aprobar leyes "para que los pobres paguen menos y los ricos paguen más"

Hasta un 63% de las entidades locales (ayuntamientos, consejos, diputaciones provinciales y cabildos insulares) no entregan informes de control interno al tribunal de cuentas, mientras que solo el 32,2% de los grandes ayuntamientos (más de 50.000 habitantes) no publica información en materia de auditoría, un porcentaje que desciende hasta el 5% en el caso de aquellos que tienen entre 1.000 y 5.000 habitantes. Así lo pone de manifiesto el informe Análisis del nivel de transparencia económico-financiera de las entidades locales

A partir de mañana, las empresas tendrán que cumplir con la Ley 2/2023 para la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. En ella se desarrolla que las empresas que tengan más de 50 empleados deberán crear un canal "seguro y anónimo" para que los empleados puedan denunciar irregularidades normativas.

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, establece la obligación de implantar canales de denuncia en las empresas y entidades con 50 o más empleados, así como en las administraciones públicas (incluyendo ayuntamientos, universidades, fundaciones públicas, etc.). La Ley afecta también a los canales de denuncia actualmente en funcionamiento en las empresas, independientemente del número de empleados.

La Unión Europea (UE) endurece las reglas para evitar la morosidad en las operaciones comerciales entre las empresas y también entre las compañías y la Administración Pública por el retraso en el pago de facturas o, directamente, por impagos. La Comisión Europea ultima el reglamento para reformar la Directiva de morosidad de 2011 que entrará en vigor una vez se publique en el Diario oficial de la UE, para lo que aún no hay fecha, y se aplicará doce meses después.

En la prensa nacional económica, e incluso en la generalista, ya se han publicado artículos sobre una ¿supuesta? avalancha de empresas que planean reducir o eliminar el teletrabajo en general para toda la plantilla, o que ya lo han hecho. Dicen que es para evitar que las oficinas se devalúen, para aumentar las sinergias molonas... ¿De verdad esa es la causa? ¿En la Españistán en la que los empresarios pagan menos IRPF que los trabajadores? Cada cual tiene su opinión, pero lo que no tienen todos es unos miles de trabajadores (...)

Establecer los turnos de vacaciones, intentando hacer coincidir los intereses de todos los trabajadores y los de la empresa, es una tarea muy complicada y que suele ser motivo de conflictos en las relaciones laborales. Tal es así, que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, prevé un proceso especial para resolver estos conflictos de forma rápida, sin reclamaciones previas y con plazos muy abreviados, para que sea el juez quien analice la situación y dictamine si la empresa está actuando correctamente a la hora de asignar las vacaciones.

Según un informe de KPMG CEO, el 78% de los consejeros delegados de las principales compañías españolas creen que en tres años se habrá recuperado completamente el modelo presencial. Los directivos españoles están dispuestos a recompensar con salarios, incrementos y promociones a aquellos profesionales que opten por regresar a la oficina.

No vendáis vuestra humanidad por nada, pero menos por 5 euros la hora.

Los estados de la UE están suavizando de forma considerable una importante ley que pretendía empujar a las compañías europeas a alcanzar la neutralidad de emisiones, según un documento confidencial al que tuvo acceso The Associated Press, de modo que las empresas ya no se verán obligadas a implementar las metas del Acuerdo de París.

Fue despedido dos veces sin éxito en apenas 13 meses tras acusarlo de usar la tarjeta de empresa para comprarse un reloj de oro de 4.000 euros. La Justicia concluye que la carta de despido era «inconcreta».