El mundo educativo se une en un solo sentir para conmemorar el Día Internacional de la Dislexia este 8 de octubre. Una fecha que va más allá de la mera visibilización, busca promover un entendimiento profundo y amplio sobre lo que significa esta condición, cómo se manifiesta y, sobre todo, cuál es el papel de la comunidad educativa para apoyar a quienes la padecen. La dislexia, definida como una dificultad específica en el aprendizaje, afecta aproximadamente al 10% de la población mundial.

Los ocho años de Aznar supusieron una desinversión de 11.302 millones y los seis y medio de Rajoy, un recorte de 33.350; el presupuesto educativo roza ahora el 5%, cerca de su máximo histórico pero lejos del 7% que tienen los países más avanzados

La nueva directora de la red de centros de Kristau Eskola, María Eugenia Iparragirre, representó al PNV en el Senado junto al actual consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz. Los lazos del partido con las directivas de centros religiosos concertados alcanzan también a la red de Centros Diocesanos.

Nueve de cada diez colegios concertados (un 87%) cobra cuotas mensuales a las familias, según el octavo estudio anual de cuotas y precios de los colegios concertados que realizan la asociación de centros privados Cicae y la federación de AMPAs de la escuela pública Ceapa. Además, tres de cada cuatro de esos centros que cobran por alumno, lo hacen de manera obligatoria (pese a que lo prohíbe la ley) o excluyen al estudiante que no las abona de ciertas actividades, según concluye la investigación realizada por la consultora Garlic B2B mediante la

El contrato compromete a las familias a pagar cuotas mensuales de 30 € durante cuatro años. La dirección no permite a los niños llevar sus propios equipos de casa y solo pueden usar "papel y bolígrafo" si no quieren abonar el importe del dispositivo, un Acer TravelMate B5 14 (precio oficial desde 399 €). Algo que sumar a la “aportación voluntaria” que cobra este centro concertado. “Dicen que no es obligatorio llevarlo, pero todos estarán trabajando con el ordenador menos los que no paguen, aunque ya tengan uno en casa no les dejan llevarlo”.

El mes de septiembre ha concluido y en la comunidad murciana todavía hay "5.000 escolares sin transporte, otros 2.000 instalados en barracones sin habilitar, alumnado que lleva un mes sin profesor y niños becados a los que no se les está ofreciendo la comida por falta de espacio". Murcia y Madrid son las comunidades con los peores datos en educación pública.

En el conjunto de la OCDE sólo el 8,7% de los jóvenes de 15 años se muestra capaz de distinguir entre un dato y una opinión. Leído a sensu contrario: el 91,3% de los futuros votantes quinceañeros no tienen la capacidad intelectual de hacer esa distinción básica para una alfabetización ciudadana democrática.

Una de las promesas del Gobierno al comienzo de la legislatura fue impedir la segregación del alumnado por género en los centros educativos públicos y concertados del país que, en caso de hacerlo, no podrían optar a financiación pública. Compromiso que cumplió con la entrada en vigor de la nueva ley de educación, la LOMLOE, el 19 de enero de 2021.

La Comunidad de Madrid es la que menos invierte en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Cada habitante de la capital recibe 540 euros menos en políticas sociales que la media nacional.

La IA amenaza los métodos de evaluación tradicionales y plantea retos para reformular la educación universitaria.

Muchos profesores portugueses viven en precario pese a que el país necesita urgentemente docentes, especialmente en Lisboa y el Algarve.

CCOO reclama una bajada de ratios para poder atender al alumnado con necesidades especiales, un 75% de ellos escolarizados en la pública. Para ello, proponen que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo cuenten doble a afectos de la ratio de su grupo, lo que supondría un incremento del profesorado en torno a 34.717 trabajadores.

El colegio madrileño Retiro deberá pagar 10.000 euros a Camelia, quien sufrió durante cuatro años insultos y vejaciones de connotación xenófoba, así como “indefensión” por parte de las instituciones, tal y como se refleja en la sentencia.