Las "actas de reprimenda y de compromiso" de la compañía no son sanciones, no se entregan obligatoriamente a los trabajadores, por lo que no conocen su naturaleza jurídica ni se les ha explicado. Pero la cadena de Juan Roig puede considerarlas una sanción y usarlas para justificar el despido de empleados.

La IGAE detecta el mismo procedimiento de adjudicación supuestamente fraudulento en los contratos concedidos a un donante a la caja b del PP, consistente en bajas temerarias en la adjudicación y sobrecostes posteriores de hasta el 40% en las adjudicaciones públicas. En apariencia, todo era legal y los contratos eran concedidos por concurso público a la oferta del constructor García Pozuelo, siempre más barata. Pero esas ofertas rozaban la "baja temeraria" y una vez adjudicado, se producían modificados al alza de hasta el 19,9 por ciento porque…

Mercadona marca el precio que les va a pagar a ellos, "sin más remedio que decir "amén" y, para más escarnio, firmar una cláusula en el contrato" que confirme que a ese precio cubren sus costes de producción, "a sabiendas de que en la gran mayoría de los casos es mentira".

Un nuevo informe destapa las técnicas de Ecoembes para mantener su monopolio y señala a la cadena de supermercados de Juan Roig como la principal lobista.