La sentencia del Tribunal Supremo 910/2023, con fecha de 8 de junio de 2023, condenó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, «a publicar, a su costa, el encabezamiento y parte dispositiva de esta sentencia en un periódico de ámbito nacional». Además de publicar esta sentencia en twitter.

El Juzgado de lo Penal número 25 de Madrid ha condenado a dos hombres que lesionaron a dos policías cuando se opusieron a que estos entraran a la casa en la que se encontraban en diciembre de 2020, en plena pandemia del coronavirus, y a ser detenidos.

Carlos Iglesias, hermano de Julio, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a pagar cerca de 30 millones de euros. El motivo es un delito contra la Hacienda Pública

Occidente y sus medios de comunicación están actuando como un bloque monolítico de naciones blancas empeñadas en imponer su voluntad en todo el mundo. Se ha vuelto costumbre que a los árabes invitados a los programas de la televisión occidental se les pida, desde el principio, que condenen tal o cual acto que Israel clasifica como terrorismo. Cuando llegué a Estados Unidos en 1983, esto ya era una práctica habitual. Pero en aquel entonces, los “terroristas” palestinos eran laicos: por eso la propaganda mediática hablaba de las peligrosas [...]

El juez Manuel García-Castellón, que se suele situar en el foco mediático por los casos judiciales que envuelven al Partido Popular y otras cuestiones de corte político, fue el principal apadrinado de Julio Ariza, empresario de Intereconomía, condenado e inhabilitado, en un acto reciente.En su presentación, Ariza introdujo a García-Castellón como un juez “de los que hacen tener esperanza en la justicia en España”

Más de 7.600 personas han sido acusadas en Ucrania de colaborar con Rusia. Algunas han sido culpadas de aportar información sobre objetivos militares al invasor, de participar en acciones represivas, pero también de enaltecimiento del enemigo por un mensaje publicado en una red social, por ser el bedel de un colegio en los territorios ocupados o por vender alimentos a las tropas rusas. De las 691 sentencias declaradas hasta el pasado septiembre, solos dos fueron de absolución.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado en todos sus términos la sentencia que en abril de 2022 condenó al Servicio Canario de Salud (SCS) a pagar a una persona trans de Lanzarote un total de 20.737,10 euros en concepto de reintegro por el importe de la operación de faloplastia (creación quirúrgica de un pene) a la que se sometió en una clínica privada fuera de Canarias en agosto de 2018, al serle denegada por el SCS la solicitud de someterse a tal intervención en la Sanidad Pública.

Las fuerzas terrestres del Ejército israelí han llegado este lunes a las afueras de la ciudad de Gaza tras haber avanzado desde el este de la franja en dirección a su interior. Los tanques israelíes han alcanzado la carretera de Salahedín, la arteria principal del enclave palestino y que lo cruza de norte a sur, y están disparando. De esta forma, los soldados de Israel controlan el territorio que hay desde la frontera este del enclave hasta esa carretera, a la altura de la ciudad de Gaza.

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a prisión permanente a la madre y al padrastro de Laia, la niña de dos años fallecida en una vivienda del Picarral, víctima de malos tratos. Durante el juicio celebrado la semana pasada en la Audiencia Provincial, los acusados se responsabilizaron el uno al otro del fatal desenlace. Sin embargo, el tribunal popular consideró acreditado por mayoría que con los golpes que propinaron a la menor ambos quisieron causar su trágica muerte en la vivienda en la que convivía con sus otros tres hermanos.

Cobre Las Cruces, condenada en 2016 por delito contra el medio ambiente, es la segunda empresa de Europa que más fondos recibe de investigaciones sobre materias primas críticas. La sueca Boliden, responsable de la catástrofe de Aznalcollar, también está en una lista de beneficiarios que incluye a una sociedad en el paraíso fiscal de Jersey.

Una ciudad de California se ha convertido en la primera de Estados Unidos en aprobar una resolución de condena a Israel, acusando a la nación judía de cometer "limpieza étnica y castigo colectivo". La resolución aprobada por el Ayuntamiento de Richmond hacia la una de la madrugada del miércoles (hora local) afirma, en parte, que los palestinos de Gaza "se enfrentan actualmente a una campaña de limpieza étnica y castigo colectivo por parte del Estado de Israel."

El caso salió a la luz en diciembre pasado, cuando el diario BirGün relató que Gümüsel había entregado en 2004 a su hija, entonces de seis años de edad, a un profesor de 29 años, que desde entonces abusaba de ella sexualmente, considerándola su "esposa". Cuando la niña cumplió 14, la familia celebró una boda al estilo islámico, algo ilegal en Turquía, donde toda relación anterior a los 18 años se considera una violación, y ambos empezaron a compartir vivienda.

Lo que está ocurriendo ahora es la repetición de la Nakba (éxodo palestino) de 1948, hemos vuelto a la casilla de salida, al primer día de la ocupación. Lo sorprendente es que ahora está ocurriendo delante de los ojos de todo el mundo porque se retransmite en directo por las televisiones.

Un juez ha condenado a un hombre a 18 meses de cárcel por causar la muerte de tres gatos tras atacarles con su grupo de perros. Según fuentes municipales, los hechos ocurrieron en el 2019 cuando unos pescadores avisaron a la Oficina de Protección de los Animales de Barcelona de que el hombre se había presentado en el espigón para espolear a los perros a atacar a los gatos de la colonia. Fue entonces cuando se encontraron a tres de los felinos muertos. Al condenado también se le ha inhabilitado por tener animales durante un año.

La condenada infringió una orden de alejamiento de 300 metros con respecto a su marido. La conformidad recoge por la agresión una condena de un mes de multa con una cuota diaria de 4 euros (un total de 120), además de los referidos 6.320 euros, pero también que se le impongan seis meses de prisión por el delito de quebrantamiento de condena por vulnerar la orden de alejamiento hacia su marido (que queda en suspenso por carecer de antecedentes) y otro medio año de multa a razón de 4 euros diarios (720) por resistencia a la autoridad.

La Audiencia Provincial de León ha condenado al sacerdote Pedro Francisco Rodríguez Ramos a siete años de cárcel y al pago de una indemnización de 40.000 euros por un delito de abuso sexual continuado sobre un menor del seminario de Toledo entre 2005 y 2007. El Arzobispado de Toledo ha informado, al hilo de conocerse la sentencia, adelantada por el diario El País, de que el condenado sigue apartado y el asunto bajo investigación eclesiástica. La causa contra el sacerdote se reabrió hace más de dos años y el cura fue apartado al ser imputado...

Los hechos ocurrieron en el Seminario Menor de Toledo cuyo arzobispado ha restado importancia a la sentencia recalcando que aún no es firme