El derribo del antiguo cuartel de la Guardia Civil en Arcos de la Frontera ha provocado un considerable volumen de escombros, de todo tipo, que han sido vertidos a una vaguada por donde discurre un arroyo, ahora seco, que vierte sus aguas directamente al Guadalete. El promotor del derribo es el propio Ayuntamiento, por lo que exigimos que nuestro máximo representante investigue los hechos e informe a la ciudadanía de los resultados.

La plataforma decidió denunciar el "estado lamentable" del río con un vídeo en el que se puede apreciar una coloración atípica y la "presencia de abundantes sólidos" en su lecho. Esta situación vendría determinada porque o Portapego, al igual que varios ríos del entorno, tienen su nacimiento en la antigua mina de cobre que, pese a ser cerrada definitivamente en 1988, sigue desprendiendo materiales nocivos al entorno, de acuerdo con la denuncia de la plataforma.

Cuando saltaron las primeras noticias avisando que se había detectado el coronavirus en aguas residuales, lo más llamativo fue descubrir que el virus llevaba circulando mucho más tiempo de lo sospechado. Con el paso de los meses e inmersos todavía en la pandemia de la COVID-19, este curioso análisis puede ser clave para 'atajar' los rebrotes de la segunda ola.

El Grupo Asturias Verde muestra en un revelador vídeo en el que se ve cómo rebosa una decantadora a apenas unos kilómetros de Cangas de Onís

Las autoridades del distrito de Taimir, situado a orillas del Ártico en el extremo norte de Rusia, han declarado el estado de alarma en la región de Krasnokyarsk por un vertido de combustible de avión provocado por una pérdida de presión en un oleoducto, ha informado la agencia de noticias rusa Tass.

El impacto y la peligrosidad de los vertidos ilegales de Getafe en el río Manzanares están desbocados. La unidad del Seprona de la Guardia Civil ha hallado, en un nuevo muestro, la presencia de coronavirus en las aguas fecales sin tratar que llegan al cauce desde Perales del Río, en el mismo término municipal. La existencia del virus no hace sino complicar la situación en esta zona protegida y muy próxima a núcleos de población, bajo investigación judicial por la presunta inacción e irresponsabilidad del Ayuntamiento de la localidad,

Jefferson recuerda que "cosas extrañas como ésta ya pasaron con la gripe española". En 1918, alrededor del 30% de la población de Samoa Occidental murió por la enfermedad y no habían tenido ninguna comunicación con el mundo exterior...

El Seprona de la Guardia Civil de Zaragoza ha llevado a cabo una investigación que ha permitido localizar "vertidos contaminantes altamente tóxicos" en el cauce del arroyo Miguelina (Ejea de los Caballeros), lo que supone un "grave riesgo" para el equilibrio de los ecosistemas naturales y la salud de las personas expuestas, según concluye la Guardia Civil en una nota. Por esta actividad han sido investigadas cinco personas pertenecientes a una empresa dedicada a la cogeneración de energía en la zona.

Tratar de vicular la ampliación del vertedero de Zaldibar con la necesidad de seguir con los trabajos de rescate de los cuerpos de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán es «de baja altura moral y política». «Tras todas las infracciones cometidas por la empresa, se nos hace complicado comprender cómo el Gobierno Vasco haya dado permiso para la construcción de un nuevo depósito, a esa empresa en concreto», destaca Zaldibar Argitu.

Ecologistas en Acción ha otorgado este martes sus simbólicas 48 banderas negras a las playas y costas más contaminadas o peor gestionadas ambientalmente. El mayor problema, al igual que en 2019, han sido los vertidos de aguas y su mala depuración que han llevado a la asignación de estas insignias.

La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, ha mandado una carta a los responsables de Fertiberia exigiéndoles el pago de los 65,9 millones de euros, en concepto de aval, al que le obliga un auto de 2015 de la Audiencia Nacional. La misiva, a la que ha tenido acceso infoLibre, recuerda a la compañía que han transcurrido "más de siete meses" desde la última notificación del tribunal, en la que se reitera la obligación de abonar el depósito.

La pandemia del coronavirus también ha traído malas noticias para el Mar Menor. El impacto en la economía de las drásticas medidas de confinamiento ha llevado al Gobierno regional del popular Fernando López Miras a aprobar a través de decretos-leyes de urgencia medidas de relajación de controles y trámites burocráticos que podrían dar lugar a un incremento de la presión urbanística y medioambiental sobre la laguna.

Las asociaciones Anerreka, Zubieta Lantzen y Eguzki han solicitado este jueves a la Fiscalía que investigue los vertidos que provocaron la muerte de cientos de peces en la regata Arkaitzerreka. Los ecologistas denuncian que, de no haber mediado denuncia pública, la empresa nunca hubiera informado de esos vertidos y afirman que «existe una voluntad deliberada por parte de GHK de ocultar este tipo de sucesos. «Esto poco tiene que ver con la incineradora inmaculada que nos vendieron», han asegurado.

En concreto dice que “Ximo Puig anuncia que la Generalitat utilizará una herramienta de detección precoz del coronavirus basada en la presencia del SARS-CoV-2 en aguas residuales”

El análisis de aguas fecales puede alertar de contagios con semanas de antelación

En 2002 se archivó la única causa penal abierta y desde entonces la empresa no ha pagado ni un euro de los 250 millones en los que se valoraron los costes de recuperación ambiental. Tampoco pagó la multa de 45 millones impuesta por el Gobierno en 2002, ni los gastos de limpieza, 90 millones, que la Junta de Andalucía le requirió en 2004. Las administraciones fueron cómplices de la catástrofe de Aznalcóllar, por acción y por omisión

El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia ha ordenado practicar analíticas de 51 pozos que podrían haber sido utilizadas por algunas empresas agrícolas investigadas en las diligencias conocidas como caso Topillo por vertidos al Mar Menor, informa el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

En abril de 2011 la empresa Verter Recycling pidió permiso para añadir fibrocementos (amianto) a los residuos permitidos en el vertedero de Zaldibar, dentro de la ley 16/2002 de prevención y control integral de la contaminación. Se aplicó el artículo 10.2 de dicha ley, que indica que si en el plazo de un mes la petición no recibe respuesta se puede realizar la actividad.

El consistorio ha publicado un bando para que lo reduzcan y apuesten por otros productos