Resumen de las novedades que incluye la ley de propiedad intelectual que se aprobará en octubre. Puedes votarla y hacer propuestas de mejora.

Hace unos años, la Sociedad General de Autores de España sembraba el terror por España, intentando cobrar pasta a peluquerías que tenían puesta la radio o a residencias de ancianos que tenían la tele puesta para que los abuelos no se murieran de aburrimiento. Nadie entendía todo aquello, pero la ley les amparaba, o al menos eso decían ellos. Ahora parece que la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), quiere montar su propia versión del canon con la ayuda del gobierno y en concreto el ministerio dirigido por José Ignacio Wert.

Cada verano ocurre algo en la SGAE. Cuando se destapó en julio de 2011 una trama de apropiación indebida, falsificación de documentos y desvío de fondos liderada por Eduardo Bautista, que había ocupado la presidencia del organismo durante 16 años; las apretadas elecciones de una entidad que en 2012 intentaba lavar su imagen; la expulsión de Antón Reixa el pasado verano y ahora el rechazo de las cuentas y la convocatoria de elecciones anticipadas para 2015 –las segundas en menos de tres años-. Es subir la temperatura y con ella los tropiezos.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado por un posible delito de apropiación indebida al cantante canario Caco Senante y le ha citado a declarar para el próximo 23 de septiembre en el marco de la causa sobre el posible desvío de fondos en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). En un auto, el magistrado cree que Senante, miembro del Consejo de Administración de la sociedad desde julio de 2007, pudo haber cobrado irregularmente unos emolumentos de 30.354,32 euros desde octubre de 2010 hasta junio de 2011.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado el 23 de septiembre como imputado en el caso SGAE al compositor canario Caco Senante por haber cobrado de manera irregular 30.000 euros de la sociedad de autores de 2010 a 2011.

Los socios de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) han rechazado este jueves las cuentas y el informe de gestión de la entidad

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) declarará en su próxima asamblea del 26 de junio unas pérdidas de 8,5 millones de euros antes de impuestos. Así lo recoge el informe de gestión de la entidad en 2013 al que ha tenido acceso en exclusiva La Marea. La situación que dibuja el balance presenta a una SGAE que tendría grandes dificultades para su supervivencia debido a que las deudas a largo y corto plazo (pasivo exigible) son superiores a su activo, es decir, a las posesiones de la organización. La situación de 2013 es peor...

La directora general de la SGAE, Natalia Garzón, presenta su dimisión en pleno proceso de aprobación de las cuentas de la entidad. Garzón alega que dime por motivos "personales y familiares"

Pues bien, vistos ambos sistemas de tarificación, lo lógico sería apoyar un sistema en el que cada autor cobra por la efectiva utilización de su obra, sin dejar a la junta directiva de una asociación privada la decisión de basarse en unas estadísticas de uso y sin permitir la apropiación de un dinero de unos autores que no son socios. Sin embargo ¿qué ha hecho nuestro Ministerio de Educación, Cultura y Deportes? Pues todo lo contrario.

La rebaja de tarifas a tres de sus principales clientes le puede salir muy cara a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid ha declarado el derecho del expresidente del Consejo de Dirección de la SGAE Eduardo Bautista a cobrar una pensión mensual de 26.269 euros con carácter vitalicio, después de aceptar la demanda que este presentó contra la entidad, que impugnó su pago.

La batalla que prometía ser larga -hasta ocho años, si se llegaba al Tribunal Supremo- por la millonaria pensión que estaba previsto que cobrara Eduardo Bautista tras su jubilación como presidente de la SGAE ha sido mucho más corta de lo que se preveía. El tema parece haber sido zanjado en menos de dos años. Teddy Bautista cobrará 23.000 euros al mes como jubilación.

El juez que ha instruido la demanda judicial por la que Eduardo Bautista reclamaba el dinero que le correspondía, bloqueado tras la petición de devolución de la entidad de gestión en verano de 2012, ha considerado justo que el expresidente, imputado en la Operación Saga junto a otros directivos, reciba su pensión, que mensualmente se traduce en 23.000 euros.

“Se permite el uso comercial y venta de la obra a todas las personas que venden en su manta”. Esa es la cláusula mantera que autoriza a los manteros a copiarlo y venderlo.