De este modo, Alía pudo presenciar en primera persona lo que supusieron los protocolos de no derivación que aprobó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y que impidieron el traslado de los mayores y personas con discapacidad desde las residencias de la Comunidad de Madrid a los hospitales. 9.468 mayores fallecieron esos meses en las residencias, de los cuales 7.291, casi el 80%, lo hicieron sin ser trasladadas a un centro médico.

La Comunidad de Madrid y su Agencia de Atención Social han sido condenadas por sancionar a un sindicalista de una residencia infantil pública como represalia por criticar a su director. La Justicia ha confirmado la nulidad de la sanción que se impuso después de denunciar el mal trato dispensado por el director de la residencia en un grupo de WhatsApp de CCOO, confirmando también que debe ser indemnizado con más de 3.100 euros y recuperar el sueldo de la semana en la que estuvo suspendido por, supuestamente, faltar al respeto al director.

A las 23 horas, después de una noche de botellón y envalentonados por la ingesta de alcohol, comienzan a insultar y amenazar a los estudiantes de la residencia. Al grito de "puta Resa, puta Resa, es", comienzan a lanzar huevos, harina, basura y todo tipo de objetos contra la fachada del edificio. Durante más de una hora la lluvia de objetos no cesa, mientras los residentes se encierran en sus habitaciones. Un ataque que captan desde una ventana unas estudiantes con su teléfono móvil.

La derecha no consigue dar carpetazo a la iniciativa que pide que el Parlamento Europeo estudie la muerte de más de 7.000 ancianos en residencias de mayores de Madrid durante la pandemia

En la Comunidad de Madrid, de marzo a abril de 2020, murieron 9.468 personas en residencias (el 18% del total de residentes) y de ellas 7.291, el 77%, lo hicieron sin recibir atención hospitalaria. Estas cifras suponen casi la mitad de los 20.000 fallecidos en todo el país durante la primera ola de la pandemia a pesar de que Madrid solo contaba con el 13,5% de las plazas en toda España. Siete expertos investigarán si se podría haber evitado algunas de estas miles de muertes en las residencias de Madrid.

El Ministerio de Trabajo, dueño del inmueble, se lo ha cedido al fondo sueco EQT Exter, que entró en España a principios de año de la mano del Grupo Moraval, promotora española especialista en este producto inmobiliario en auge. La cesión es a 99 años, según apuntan fuentes del departamento dirigido por Yolanda Díaz a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y en modalidad de permuta. La empresa no ha pagado nada, sino que ha construido un nuevo edificio ad hoc para que Trabajo pueda dejárselo a organizaciones sindicales

Arde de madrugada una planta de la residencia de ancianos de Leceñes, en Siero: muere una mujer de 76 años y hay 27 hospitalizados, tres graves El fuego comenzó en una habitación por circunstancias que todavía no han podido aclararse. La herida de mayor gravedad es una trabajadora de 46 años

Agiss denunció que miembros de la Consellería de Política Social "filtraban a las empresas propietarias y gestoras de las residencias el día y la hora prevista para las visitas de los inspectores", en palabras de Rodil. La asociación alertó de lo que estaba sucediendo a cargos del departamento que dirige Fabiola García, que "acordaron cambiar el procedimiento" para garantizar que solo el personal de inspección supiese cuándo se iba a proceder a la visita a los centros. El nuevo sistema quedó pronto sin efecto sin aclarar los motivos.

La organización No Name Kitchen denuncia el caso de una mujer marroquí que lleva desde los 14 años en Ceuta y a la que el gobierno "ha denegado en numerosas ocasiones el permiso de residencia"

De los menús “con sobras trituradas” denunciadas en un centro de Cádiz a la “alimentación adecuada en cantidad y calidad” que determinó la Inspección va un abismo. La norma dice que las comprobaciones in situ “siempre se realizarán sin previo aviso” pero los familiares niegan la mayor, “El 'sin previo aviso' no se cumple. Las inspecciones se hacen con aviso previo y esa mañana lo tienen todo a punto, pero el día a día es bien diferente. Es la palabra suya contra la nuestra." “Denuncias específicas no se pueden hacer por represalias”.

El Tribunal Supremo establece en sentencia que la titularidad privada de una residencia de mayores, donde trabaja personal dedicado expresamente al cuidado de la salud, como pueden ser enfermeras o fisioterapeutas, no excluye que este tipo de centros deban considerarse institución sanitaria a efectos de méritos por servicios prestados en una oferta de empleo público.

"Nos dijeron que en casa no podía estar", arranca Ana, la hija pequeña de José. "No era seguro para él... Hablamos con los médicos y con la asistenta social y decidimos que lo mejor era que mi padre ingresara en una residencia". Se llama José Molina, pero todos lo conocen como el 'señor José'. Jubilado, amante del campo, con la vida tranquila, dedicó la mayor parte de su vida al servicio público de autobuses de Barcelona. Los despistes se agravaron, el diagnóstico llegó: demencia senil.

Trabajadores y usuarios de residencias gallegas, algunas gestionadas por empresas privadas, han denunciado agresiones y maltrato a personas mayores residentes por parte de pacientes psiquiátricos con patologías graves que la Xunta ingresa en ellas.

Hace tres meses, la familia de Ángeles Dóniga pensó que su calidad de vida mejoraría. Después de un tiempo viviendo en una residencia a las afueras de Madrid, por fin podrían tener a su madre y abuela cerca de casa, en el barrio de Carabanchel, y visitarla más a menudo.

Los responsables de vigilar la situación en los centros de servicios sociales cargan contra el Gobierno gallego por volver atrás en el sistema para fijar las visitas porque aseguran que permite que las residencias “tapen” temporalmente ilegalidades.

El PSOE denuncia que el número de personas en cola para acceder a una plaza ha pasado de 1.464 a 2.047 en siete meses.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación que el Ayuntamiento de Leganés interpuso en 2020, cuando el PSOE de Santiago Llorente estaba al mando, ante la inacción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a nivel regional en la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia de coronavirus. El PSOE de Leganés insta, ante esta noticia, al actual Ayuntamiento del PP que actúe en favor de la decisión de la justicia para no manchar la memoria de aquellos que perdieron la vida durante la pandemia.

Cada semana hay nuevos casos que denunciar en las residencias de mayores. Aunque el foco está más puesto en Madrid, donde la sombra de los muertos por covid en los geriátricos es muy alargada, el sistema obsoleto afecta a todas las comunidades, que son las que tienen competencias en la materia. En medio de estos escándalos por el trato en los geriátricos a los más vulnerables, diferentes voces reclaman un nuevo modelo para estos centros que pudiera garantizar una atención personalizada y un trato más digno.