Madrid. Un hombre de 58 años, desempleado desde hace al menos un año y medio y que vivía en un departamento rentado en el centro de Barcelona, se suicidó después de que dos funcionarios de la judicatura tocaron a su puerta para comunicarle que sería desalojado. Según la organización social Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en España se registran unos 34 suicidios semanales por la expulsión de las personas de sus viviendas, ya sea por impago del crédito hipotecario o por el de la renta mensual.

Decía Íñigo Errejón hace unos días en una entrevista con este diario que “una buena parte de la suerte de la legislatura depende de la vivienda”. En otras palabras, de lo que hagan las administraciones sobre un asunto de la máxima relevancia social. Si es así, el Gobierno puede echarse a temblar, porque su ministra de Vivienda está en un punto en que parece que lo único que le queda es pedir por las esquinas a ver si los dueños de pisos en alquiler se animan a hacer descuentos.

El bono joven de alquiler, anunciado el pasado enero por el Gobierno central como medida para facilitar el acceso al alquiler de los jóvenes entre 18 y 35 años, ya se puede pedir en Cataluña. La partida presupuestaria prevista por el Gobierno es de 200 millones de euros, 29 de los cuales llegan a Cataluña. Una cantidad exigua que no llegará a beneficiar ni a 10.000 catalanes y tendrá un impacto insignificante para las economías familiares. Por el contrario, suponen un gasto importante para el erario público

La casas de la cadena hotelera Four Seasons en Centro Canalejas fueron el primer proyecto de branded residences en Madrid que salieron a la venta en 2017 por más de 3,5 millones

El fuerte alza de los precios de la vivienda está rompiendo el sueño de millones de familias: tener una vivienda en propiedad. Una de las particularidades de esta crisis ha sido, precisamente, que la vivienda no ha parado de subir en buena parte del mundo desarrollado, mientras que las familias se enfrentaban a una mayor incertidumbre laboral. Las consecuencias de este 'sueño roto' podrían terminar pagándolas los gobiernos en el poder que se enfrenta a un aumento de las críticas por la dificultad para acceder a una vivienda

Cerca de 50.000 viviendas alquiladas en Cataluña tienen como casero a megatenedores privados con más de 50 alquileres

El precio medio del alquiler en España se situó en el 2020 en 980 euros al mes, lo que representa el 51,5 % de los ingresos brutos mensuales de los arrendatarios, según el análisis realizado por el portal inmobiliario pisos.com, publicado este lunes. Ese 51,5 % representó una subida de casi dos puntos porcentuales respecto al año anterior, cuando la media de los alquileres se situó en 966 euros y el salario medio bruto fue algo superior, en 1.954 euros al mes.

Blackstone, con al menos 13.125 inmuebles arrendados, es el segundo mayor casero de la comunidad autónoma, solo por detrás de la Agencia de Vivienda Social.

¿No puedes pagar el alquiler en tu ciudad? Pues te jodes y te vas a vivir a un pueblo, muerto de hambre. Cada semana sale una noticia nueva de cómo mi ciudad, tu ciudad o la ciudad de otro se uberiza o se precariza o se sumerge en otro nuevo palabro que viene a decir que los parásitos de corbata cara se la están quedando. Por ejemplo, estos días nos cuenta Diego Casado en el medio hiperlocal SomosMadrid que, en la capital, solo 277 de los más de 24.000 pisos turísticos en activo tienen licencia para ejercer como tal. Un 1’1%, vaya.

Según el Banco de España, su localización y estado dificultan su venta y que contribuyan a aliviar el problema habitacional

Un nuevo debate sobre el alza de los precios del alquiler en Madrid desata miles de comentarios en la red por el tono paternalista de uno de los tertulianos de cabecera de la cadena

Estos hoteles encubiertos ubicados en el Eixample pertenecen a tres sociedades domiciliadas en Palma controladas por el mismo apoderado

Valora que la administración debe actuar ante la «situación extraordinaria» de la vivienda. Los tribunales avalan una de las medidas en materia de vivienda estrella del anterior ejecutivo autonómico: la expropiación del uso de pisos vacíos propiedad de grandes propietarios. La Sala de lo Contencioso del TJSIB ha dictado varias sentencias en las últimas semanas en las que desestima recursos de grandes propietarios de viviendas a los que la administración había expropiado el uso de estos pisos para dedicarlo a alquiler social.