Algunos juristas sostienen que la Administración Pública no está obligada a cumplir la Ley 34/2002 que sanciona el SPAM y exige pedir permiso a los ciudadanos antes de monitorizararlos o permitir que otros los monitoricen con cookies. Defienden que la ley es solo para los que vinculan su presencia en Internet con una actividad económica u onerosa (que no es lo mismo), de manera que la Administración Pública puede hacer lo que le plazca.
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