España adapta así al ordenamiento el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo pero ha querido ir más allá, ya que incluye un título dedicado a regular algunos derechos digitales de los ciudadanos y ciertos preceptos que han suscitado polémica, como la posibilidad de que los partidos rastreen las opiniones políticas de los votantes en la red.
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