Dos días después de que un miembro del Gobierno murciano recibiera una paliza en la calle, un joven era detenido. Sin ninguna prueba que le inculpara, los medios le crucificaron. “La policía estaba sometida a una fuerte presión política: la crispación crecía y había prisa por encontrar un culpable”. Esta frase resume perfectamente por qué José David B.L. estuvo detenido 72 horas –el tiempo máximo permitido por la ley– como sospechoso de la agresión a Pedro Alberto Cruz, consejero del Gobierno regional de Murcia.