La prohibición de las corridas de toros en Cataluña, aprobada por el Parlamento catalán en julio de 2010, puede costar finalmente a la Generalitat hasta 20 millones de euros si se confirman las indemnizaciones que ahora mismo se barajan en la administración catalana. La propiedad de la plaza Monumental de Barcelona, empresa Balañá, y la sociedad gestora del coso desde 2007, Casa Matilla, son las entidades que la Generalitat reconoce hasta el momento con derecho a una indemnización económica.
