En India, «la base» lo agrega todo, lo registra todo, lo rastrea todo: «una vez que Aadhaar se haya convertido en una herramienta de identificación de uso general, la vida en la India será tan transparente para el Estado como una lente». Desde 2009, India registra rápidamente a su población de forma biométrica. El programa se puso en marcha ese año con la creación de la Unique ID Authority of India (UIDAI), autoridad administrativa dirigida por Nandan Nilekani, uno de los fundadores de Infosys, consultora informática india de ámbito mundial.

Esta propuesta, busca agregar nuevas categorías de datos, incluyendo imágenes faciales de sospechosos, para facilitar la prevención, detección e investigación de delitos. Su intención es expandir el marco legal de tal forma que se pueda utilizar el reconocimiento facial para perseguir a criminales. Este marco permite a las autoridades de los Estados miembros intercambiar automáticamente datos esenciales como perfiles de ADN, datos dactiloscópicos y matrículas de vehículos, entre otros.

Según la solicitud del Primer Ministro Pham Minh Chinh, el gobierno recopilará datos biométricos de ciudadanos, como escaneos del iris, grabaciones de voz y muestras de ADN, que se almacenarán en un código QR, reemplazando la huella dactilar, en un esfuerzo para implementar la Ley de Identificación Ciudadana. Estos datos confidenciales se almacenarán en una base de datos nacional y compartirán entre agencias para "realizar sus funciones y tareas". La ley fue aprobada el 27 de noviembre de 2023 y entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2024.

El regulador de privacidad considerará ilegales los sistemas biométricos usados para el control de entrada o registro horario salvo en circunstancias excepcionales.

Los sistemas de control biométrico de entrada han estado en el foco de la polémica desde que se obligó a las empresas a registrar la jornada de los empleados. Su normativa ha estado sujeta a guías, normativas e incluso leyes, que no han dejado de cambiar y complicarse desde sus inicios, creando inseguridad jurídica que puede desembocar en severas multas. Por resumir la última polémica en cuatro palabras: si una empresa utiliza un sistema de reconocimiento de huella dactilar para fichar , estaría incumpliendo la normativa de la AEPD.

A principios de este año, el colectivo Berri-Otxoak denunció que la Ertzaintza se estaba personando en la totalidad de domicilios de las 50.000 familias perceptoras del Complemento de Pensiones, la Renta de Garantía de Ingresos y los Incentivos al Empleo. Y lo hacía “sin orden judicial o amparo legal”, con la excusa de revisar la “residencia efectiva” de “la persona titular de la solicitud o de la prestación”. El colectivo relaciona estas actuaciones policiales con la captura de datos biométricos para los receptos de ayudas públicas.

La plataforma de redes sociales también planea recopilar información sobre los trabajos y los historiales educativos de los usuarios.