El Ministerio de Defensa subcontrató auxiliares en condiciones irregulares e ilegales a cambio de comisiones. La empresa cesionaria, que obtuvo la licitación a cambio de dinero y regalos a altos mandos militares detenidos por la Guardia Civil en la Operación KPanda, creó una empresa pantalla, despidió ilegalmente a trabajadores y rebajó al resto al salario mínimo, dejando ahora de pagarles. Ocurre en centros de toda España. Uno de los despedidos ha llevado el caso hasta el Tribunal Supremo. Los grandes medios de comunicación callan. ¿Por que?

El caso de una víctima de la Operación KPanda que investiga la Guardia Civil y que los grandes medios de comunicación ocultan. El Ministerio de Defensa subcontrata a trabajadores civiles de forma ilegal e irregular para evitar contratar a díscolos funcionarios, cobrando comisiones y colocando a sus familiares en puestos de empleados despedidos por las empresas que eligieron a dedo. Como bien dice el denunciante, "un ejército existe para defender y servir a su pueblo, no para explotarlo y servirse de él". Su caso ha llegado al Tribunal Supremo.