El ciudadano que entorpezca el normal funcionamiento de los servicios públicos como el transporte, el suministro de electricidad, el agua u otros, sería procesado por atentar contra el bien jurídico así como la seguridad pública y las penas llegarían hasta los diez años de cárcel en su forma agravada. Asimismo, el delito de disturbios que afecta la paz pública que sería cometido por un grupo o en reunión tumultuaria, sería castigado con mayor gravedad pues podría llegar hasta quince años de pena privativa a la libertad.

El abogado Daniel Parra ha denunciado en Twitter que Iberdrola ha programado la página web de la empresa Curenergía, comercializadora de último recurso de la compañía, que comercializa la famosa tarifa TUR, para que no aparezca referenciada en buscadores como Google y, por tanto, solo pudiera encontrarse introduciendo directamente la dirección web en el navegador

Enfrentarse a Iñaki Urdangarin y frenar sus negocios millonarios le costó muy caro a Esteban González Pons. En 2006, siendo consejero de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana, el actual vicesecretario general del PP tumbó el plan que le presentó el yerno del Rey para urbanizar La Albufera y construir un puerto deportivo en ese espacio protegido. El entonces presidente...

Los rumores no son noticias, pero para algunas cadenas de televisión hasta las informaciones falsas valen si aumentan la audiencia y atraen publicidad. La Sala I de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) se enfrenta cada año a un buen número de recursos interpuestos por famosos, y otros que no lo son tanto, para defender su derecho al honor vulnerado, en la maýoría de los casos,

Orange, SFR y Free, tres operadoras de Internet (ISP) en Francia, han recibido acusaciones por parte de numerosos usuarios, quienes sospechan que las empresas están entorpeciendo a propósito el acceso a YouTube. De acuerdo con los reportes, el tráfico hacia el sitio es lentísimo. Cargar un vídeo se ha convertido en un martirio, pues el tiempo de espera oscila entre los cinco y los 15 minutos.

Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, al Ayuntamiento de Burguillos se le solicitó un informe el 8 de mayo de 2009 sobre pasividad de la Corporación local por obras no ajustadas al Plan especial de reforma interior (PERI), mientras que al Ayuntamiento de Ciudad Real se le solicitó ampliación de informe el 28 de julio de 2009, sobre las molestias originadas por celebración de botellones en la zona de los Jardines del Torreón.

La iniciativa legislativa popular (ILP) en la que se plantea la derogación del controvertido plus de 15.000 euros anuales que reciben los altos cargos de la Xunta al dejar su puesto no encuentra a nadie que le abra camino en el Parlamento