El Gobierno Aguirre/González justificó la privatización en torno a dos argumentos: por un lado, los ingresos que iban a suponer para la comunidad y los municipios la venta de sus acciones en la nueva sociedad; por otro, la necesidad de realizar nuevas inversiones en infraestructuras por valor de 4.000 millones de euros. Sin embargo, la filtración del Contrato-Programa que va a regir la prestación del servicio por parte del nuevo Canal privatizado desmiente estos argumentos. La valoración que se hace de la sociedad es de 2.148 millones, mucho..