Desde el departamento de Normalización Lingüística de Orense, controlado por el BNG, se ha redactado una disposición que recuerda el cumplimiento de la Ley en materia lingüística que obliga a todos los funcionarios a hablar y escribir en gallego, pero olvida que hay una ley superior, la Constitución, que da el derecho a cada ciudadano a hablar y escribir en castellano o español. Y el partido en el ayuntamiento, el PSOE, no hace nada para subsanar ese error.