En el reciente proceso de desahucio y realojo de la Corrala Utopia y la crisis del Gobierno Andaluz hemos asistido, en días, a dos procesos de desinformación interesada masivos: a)Confusión de asignación de vivienda VPO con realojo de emergencia b)Presuntas cesiones de Izquierda Unida para el cierre de la crisis del Gobierno andaluz ¿Qué hay detrás de ellas? ¿Por qué las realizan al unísono el conjunto de los medios oficiales y se incorpora el sector más sectario de los “alternativos”? Lo que hay es miedo, mucho miedo.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha apuntado este sábado, a cuenta del acuerdo alcanzado entre PSOE-A e IULV-CA para la Corrala Utopía, que supone el realojo provisional de ocho de las 22 familias del colectivo en viviendas de titularidad pública, que "no se va a producir ningún realojo más" al margen de los ocho acordados.

La impactante noticia del impresentable órdago de Susana Díaz a la ejemplar consejera de vivienda Elena Cortés ante el realojo de la Corrala Utopía ha disipado cualquier duda: si IU ha escogido la utopía, PSOE ha escogido el régimen. Y es muy importante para la izquierda entender el modo en que ambos discursos, ambos caminos, fueron destruyendo a esa necesaria izquierda a manos del retorcido capitalismo.

Entre ellas se encuentran el BBVA y el Santander. Las posibles multas ascienden a 11,1 millones de euros, 60.000 euros por casa. Este procedimiento sancionador es similar al abierto contra el denominado banco malo.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto expedientes sancionadores a ocho entidades financieras que poseen viviendas protegidas que no han sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes, lo que supone un incumplimiento de lo establecido en la Ley de Vivienda Protegida y en la Ley de Función Social de la Vivienda de la Junta.

Mañana declara el expresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero por el caso 583 VPO Isbylia, de Sevilla. Irán pasando los exdirectivos delante del juez hasta el 13 de marzo

Las posibles sanciones ascienden a un máximo de 109,44 millones de euros. Posee al menos 911 inmuebles de este tipo en la comunidad autónoma. Fomento ya ha notificado el inicio del expediente sancionador.

El PP ha propuesto hoy que la Ley de Vivienda reserve un cupo de viviendas de protección oficial a las víctimas del terrorismo que ahora quieran regresar a Euskadi tras el cese de la actividad de ETA

Hasta dos noches de acampada y largas colas para poder acceder a una vivienda municipal de Emvisesa. Esperar bajo el raso y la intemperie a que la empresa municipal abriera sus oficinas de la calle Bilbao era la única opción para aquellos ciudadanos que ayer quisieran optar a una de las 16 viviendas en alquiler con opción a compra (vacantes de diversas convocatorias en Torreblanca, Sevilla Este y Pinomontano) que Emvisesa ofertó a través de una convocatoria en su página web.

Las Viviendas de Protección Oficial se les están atragantando al Ayuntamiento de Sevilla, presidido por el máximo dirigente del PP-A, Juan Ignacio Zoido. El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas supera los 18.000 inscritos. Existen alrededor de 300 VPO vacías, según coinciden gobierno local y oposición. Otras 700 familias mantienen desde hace meses una espera desesperada por acceder a una vivienda social. Una veintena de este tipo de inmuebles se encuentran igualmente vacíos.

El concejal coordinador de Izquierda Unida en Rivas afirma que la puerta que comunicaba ambas viviendas de VPO “ha desaparecido”

Artículo de los problemas que están teniendo los ciudadanos de Castilla-La Mancha, y en concreto los de Guadalajara, para desprenderse por las necesidades económicas actuales de sus viviendas de protección pública llegando a ser una atadura prácticamente FEUDAL que les imposibilita salir a buscar trabajo allá donde lo allá. El último párrafo lo resume todo: "...qué asco de dirigentes, qué asco haberles votado y qué asco que a día de hoy sus sucesores todavía no parezcan haberse percatado de que lo que está en juego son las vidas de la gente"

“Un fondo de inversión buitre no viene a hacer obra social, sino a ganar dinero y hacer negocio”. Así resume Mariano, la situación en la que se encuentra tras conocer el pasado mes de octubre que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) había vendido su piso, donde estaba de alquiler, junto a otros 2.938 a Goldman Sachs, el fondo de inversión que gestionará estas viviendas a través de dos empresas, Azora y Encasa Cibeles.

Un nuevo debate se cierne sobre el sector inmobiliario en los últimos tiempos: ¿tiene sentido el actual modelo de vivienda protegida? Basta con sumergirse en los corrillos de expertos promotores y mirar las estadísticas de compraventas y de nuevas edificaciones para constatar que la tradicionalmente conocida como VPO es una víctima más de la crisis y vive unas de sus horas más bajas. No son pocos los que abogan por su supresión, aunque la mayoría apuesta por un cambio de planteamiento.

La Sociedad gestora de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) ha puesto a la venta una cartera compuesta por 822 viviendas y 1.337 anexos en Madrid, Guadalajara y Barcelona dentro del denominado 'Proyecto Dorian'. Según han confirmado a Europa Press fuentes del llamado 'banco malo', se trata de siete edificios que están alquilados al 80%, de los que cinco se encuentran en Madrid, uno en Guadalajara y uno en Barcelona. Además, la Sareb anunció hoy que ha vendido hasta el mes de noviembre 6.400 inmuebles,

Javier Barroso estaba de viaje en Las Vegas cuando una llamada de su padre le dio la buena noticia. Le habían adjudicado un piso de VPO nuevo, barato, con más de 60 metros cuadrados, garaje, trastero y buena ubicación. Tras cinco años de espera y más de 18.000 euros adelantados, ni llaves, ni dinero. Es uno de los cientos de afectados por la paralización de un promoción de viviendas impulsada por una fundación vinculada a la patronal andaluza.

Ha quedado desierta la subasta de 22 promociones del Instituto de Vivienda de Madrid (Ivima) que comprenden 1.500 inmuebles. La Comunidad de Madrid las tasó con un precio inicial de 67 millones de euros.

Ya no son indicios, como decía la Sareb, sino hechos presuntamente delictivos. Una denuncia al respecto ha sido admitida a trámite por el juzgado número 3 de Sevilla, por la gestión de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en el caso de las VPO Isbylia, promovidas a través de su fundación. Ya no sólo son sus 583 adjudicatarios en Sevilla Este los que denuncian por daños y perjuicios al no tener su vivienda ni poder disfrutarla, sino también los contratistas que realizaron las obras.

El Senado ha rechazado la propuesta únicamente con los votos del Partido Popular, que tiene la mayoría. No obstante, toda la oposición en conjunto apoyó la propuesta, defendiendo a los afectados contra el abuso de poder del PP.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis años de cárcel impuesta a una exdirigente vecinal de Sevilla por estafar a siete personas con unas supuestas viviendas de VPO y conseguir que le entregaran cantidades a cuenta haciendo valer su proximidad al PSOE y su asistencia a actos de la Junta de Andalucía.

La VPO es una cofinanciación. El piso se paga con ayudas públicas y por ello, durante un tiempo, el piso sólo se puede vender en determinados supuestos (requisitos de renta) y con la misma mecánica de precios intervenidos con los que se realizó la primera transmisión. Izquierda Unida quiere cambiar el sistema para que estos pisos de VPO no puedan salir nunca al mercado libre.

La Comisión de Fomento del Congreso ha rechazado este miércoles, con el único voto en contra del PP, sendas iniciativas presentadas por el PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para pedir al Gobierno que permita renovar las ayudas de préstamos hipotecarios subsidiados que ya estaban concedidas y de las que se benefician ciudadanos que han pedido préstamos para comprar o rehabilitar viviendas de protección oficial. La decisión podría afectar a cerca de 300.000 ciudadanos que verían su hipoteca aumentar hasta en 400 euros más al mes

En Andalucia son miles, y en toda España, 300.000 los afectados por el fin de las ayudas a las VPO que ya se está produciendo en toda España. La Junta de Andalucía amparándose en leyes aprobadas por el Gobierno de España está denegando sistemáticamente las subsidiación de préstamos a los beneficiarios de VPO, principalmente por falta de fondos, denuncian las plataformas de apoyo a las VPO.