Entre las posesiones inmuebles del Concello de Ourense, existe un edificio singular y único por sus características en la provincia. Se trata de la iglesia aconfesional del cementerio de Santa Mariña, un lugar de culto religioso donde cualquier fiel, sea de la religión que sea, puede solicitarlo en el Negociado Municipal de Cementerios para realizar allí su liturgia. El edificio, carente por completo de símbolos religiosos en su exterior, cuenta con un altar mayor y tres sacristías.

El Ayuntamiento de Morón de la Frontera,(...) , nombró alcaldesa honoraria a la virgen María Auxiliadora en pleno celebrado el pasado 24 de mayo, festividad de dicha advocación. Quien hizo la propuesta y presidió el acto oficial fue el alcalde Manuel Morilla, del Partido Popular. Morilla se burló repetidamente de los 2 únicos representantes del pueblo que se opusieron a la adopción de la medida, ambos pertenecientes a la Izquierda Unida (IU).

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, asegura en una entrevista que el PP no puede presentar "un proyecto anclado en el pasado" y pide un partido "aconfesional, pero no anticlerical". Afirmo que el proyecto que el PP presentó en las últimas elecciones "era de futuro" pero no consiguió que los ciudadanos lo entendieran así. "Percibieron como más de futuro el proyecto del PSOE. Ahora no debemos tener tensiones de pasado".

El presidente en Sevilla de la Asociación Europa Laica, profesor Leopoldo Acal, defiende la laicidad del Estado y critica la ambigua y fraudulenta postura del PSOE al respecto, ya que, por un lado, dice de boquilla querer cumplir el artículo 16-3 de la Constitución y avanzar hacia una verdadera aconfesionalidad del Estado, y, por otro lado, hace unos días vota en masa en contra de la retirada de símbolos religiosos en las tomas de posesión de cargos públicos oficiales. Evidentemente ello supone una actitud inconsecuente e hipócrita.

El autor reflexiona sobre el cumplimiento de la Constitución: La presencia de cualquier símbolo religioso en actos públicos oficiales es contraria a la Constitución (art. 16.3: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”). ¿¡Hasta cuando seguirá España sometida a la jerarquía católica!? No estoy hablando de los cristianos en general, ni de los católicos en particular, sino de ese grupo especial constituido por quienes manejan de un modo exclusivo y a su arbitrio los hilos políticos y las enormes riquezas de esa organización.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, hace esta declaración de intenciones una semana después de que el PSOE votará en contra de una propuesta de ley de IU para que se retirasen el crucifijo y la Biblia de los actos y ceremonias institucionales...

Las Biblias y los crucifijos que presenciaron la toma de posesión del equipo de Zapatero en el Congreso tienen los días contados. El BNG les ha declarado la guerra y llevará hoy a la Cámara Baja una propuesta para que el Gobierno revise los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede y otra para eliminar los crucifijos y la Biblia en las tomas de posesión de los ministros y altos cargos. [Vía Chuza!]

Como humanista, jamás impediré que cada uno profese la fe que quiera, sea en Dios, en Alá, en Zeus o en otra divinidad, pero sí exijo que ese derecho privado no conlleve un gasto público ni una sumisión de los poderes públicos a una creencia. Y eso es lo que parece que no quiere entender Rodríguez Zapatero o, si lo entiende, no es lo suficientemente valiente como para llevarlo a la práctica, para empezar, sacando la religión de la escuela pública y, para seguir, rompiendo el acuerdo que da privilegios inexplicables a una teocracia, el Vaticano.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso ha registrado una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a iniciar conversaciones con los representantes de la Iglesia Católica en España para revisar y modificar los acuerdos suscritos con la Santa Sede en 1976 y 1979 con el objetivo de adecuarlos al carácter aconfesional del Estado.

Aunque la Constitución de 1978 estableció que "ninguna confesión tendrá carácter estatal", persisten en la actualidad ceremonias religioso-patrióticas a las que asiste el Jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, como antes su bisabuelo Alfonso XII, su abuelo Alfonso XIII y el general Franco; las autoridades políticas participan oficialmente en procesiones religiosas; la Iglesia católica nombra capellanes castrenses y profesores de religión, que paga el Estado; y el crucifijo preside todavía la toma de posesión de los ministros de la democracia.

¿Por qué los ministros juran o prometen el acatamiento a la Constitución ante una Biblia y un crucifijo, al modo impuesto por el dictador Franco? Los signos religiosos no tienen base legal. El Estado es aconfesional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que "la presencia de símbolos religiosos en los actos de toma de posesión de cargos o funcionarios públicos representa una vulneración del derecho a la libertad de conciencia y supone la ruptura de las reglas del Estado democrático y, por lo tanto, del principio de laicidad".

IU de Cáceres entienden que "la presencia de ediles y alcaldes en las cabeceras de las procesiones en calidad de representantes del ayuntamiento, con sus insignias, es una rémora del pasado franquista y del nacionalcatolicismo, y a la postre se convierte en un acto de populismo". Y apoya la actitud mantenida por el concejal de IU en el Ayuntamiento de Cáceres, que mostró su negativa a participar en las procesiones como representante institucional.

El Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid y Secretario de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, Juan José Tamayo, en un razonado estudio, reivindica la necesidad urgente de revisar los acuerdos del Estado con la Iglesia católica, la exclusión del adoctrinamiento religioso como asignatura, y la regularización de la anormal situación legal actual de los profesores de Religión, todo ello de dudosa constitucionalidad en un Estado aconfesional.

Gaspar Llamazares propone una serie de medidas ("los diez mandamientos laicos") para alcanzar un "verdadero Estado aconfesional" frente al "intento" de la Iglesia católica de transformar sus preceptos en leyes. Ha querido dejar claro que los integrantes de la jerarquía eclesiástica "no mandan" y "mucho menos en las políticas de moral pública". “Para nosotros la moral pública es la moral constitucional y legal de un Estado aconfesional".

El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra dijo que "no hay otro camino" que la denuncia de los acuerdos del Estado con la Santa Sede, por la situación de confrontación que se está generando con los obispos españoles. Precisó que, "aunque no se quiera reconocer, nos están apretando tanto, que nos están llevando a la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede". Tras insistir en que, "antes o después, no va a haber otro camino".

Gracias a la libertad de expresión, que invocan pero no practican en su Iglesia, los obispos tienen derecho a manifestarse y a decir lo que quieran. Pero si predican verdades absolutas como fuente del sistema legal, es lógico que se les responda que las leyes se hacen desde la voluntad de los ciudadanos y no desde las revelaciones divinas, porque vivimos en un Estado no confesional y no en una dictadura teocrática. En la mayoría de ocasiones, la jerarquía eclesial lo que defiende, escudándose en las verdades reveladas, son espacios de poder.

En 2004, sólo el 28,4% de los católicos reconocía cumplir con los preceptos de su fe. Pero la conexión de la Iglesia católica con el Estado sigue intacta, pese al art. 16.3 de la Constitución: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal". Rafael Díaz-Salazar: “Esa barbaridad del obispo García-Gasco de que el laicismo mina la democracia, es justo al revés: el laicismo refuerza la base moral de la democracia". Victorino Mayoral: “El Tribunal Constitucional ha sancionado el uso de la denominación "laico" aplicada al Estado".

Tras la entrada en política de los representantes en España de este micropaís alineados con las tesis de la derecha más recalcitrante, muchos ciudadanos pensamos que quizá sea oportuno que las relaciones entre ambas naciones soberanas se normalicen en un entorno más homologable a los principios de la no confesionalidad del estado. Atendiendo a estas cuestiones, el amigo San-Tiago ha abierto un grupo “contra el concordato” en Facebook. La red permite cada vez formas más sencillas y eficientes de reivindicación y participación política

Los obispos convirtieron la concentración del pasado domingo en un ataque desaforado contra el Gobierno, a dos meses de las elecciones generales. Los obispos resbalaron hasta el mitin político al poner en entredicho la naturaleza democrática del Ejecutivo, invocando la Constitución desde una lectura que es sectaria en su esencia al obviar que en ella se consagra el carácter aconfesional del Estado español.

Los consignazos políticos de esos obispos invaden el terreno de la política, para encanallarla. Nada nuevo en los últimos cuatro años. Sus discursos fueron tan demagógicos, faltaron tanto a la Verdad, al agradecimiento debido a quienes les financiamos, la ciudadanía, que a nadie pueden zaherir, sino que lo que provocan a la mirada humanista, es pena, conmiseración, rechazo a la religión católica que quieren imponer a todos a la fuerza.

Uno de los avances más importantes de la humanidad ha sido la separación de la Iglesia del Estado. Los países y culturas que no lo han conseguido están pagando un alto precio en su democracia. Los obispos quieren retroceder a los tiempos en los que la Iglesia decidía las normas de la sociedad civil. Estamos en año electoral con las sotanas rebeladas. Eso, en la historia de este país, es una tragedia.

El colectivo “Cullera Laica” ha formulado esta petición acogiéndose a que el edificio del ayuntamiento es público y, por tanto, la presencia de la imagen religiosa vulnera el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado, según el cual ninguna religión tiene carácter estatal. «Si los católicos pueden tener sus símbolos en el ayuntamiento, cualquier persona o colectivo ha de tener el mismo derecho a colocar los suyos. Y el ayuntamiento podría convertirse en un mosaico de símbolos que, además de herir sensibilidades,...»

Vivimos en una sociedad democrática y plural, y por ello abierta a diversos órdenes morales. La jerarquía eclesiástica no puede imponer a todos los ciudadanos (católicos y no católicos) una moral única y exclusiva. Porque de hecho existen muchas formas de moral, incluso dentro de la Iglesia Católica (para entenderlo basta con echar la mirada hacia atrás y ver cómo su postura en ciertos temas ha ido cambiando a lo largo de la historia). Sigue AQUÍ...

El Observatorio de Bioética de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia tiene como frentes de acción el aborto, la investigación con embriones para la obtención de células madre, la educación sexual, la objeción de conciencia del personal sanitario y la eutanasia. El Gobierno valenciano subvencionó con 60.000 euros "el funcionamiento del gasto corriente del observatorio". Además ha destinado 102.000 euros a dos cursos máster de la Universidad Católica, uno de los cuales, el de bioética, está directamente vinculado al observatorio.

Cuando yo iba a un colegio de frailes, éstos nos daban clase de Física, Matemáticas, Historia y, por supuesto, Religión. Hoy no hay frailes ni siquiera para enseñar religión, al menos en la escuela pública. Da la impresión de que, al menos en España e Italia, los líderes eclesiásticos elevan hoy el volumen de sus diatribas antigubernamentales y de sus condenas a las libertades con mayor intensidad que cuando gozaban del privilegio de la confesionalidad del Estado, quizás para compensar su progresiva irrelevancia social.