El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha reconocido que es "difícil" establecer que hubo "un negocio de estafa" en la comercialización de las preferentes por parte de entidades bancarias al sustentarse la relación entre cliente y entidad en un contrato civil. No obstante, ha admitido que hay "excepciones" en situaciones "concretas", ha indicado en alusión a casos en los que la firma fue con una cruz o una huella dactilar, en los que los clientes eran personas discapacitadas o en los que se constate que hubo falta de información.