Raquel Blasco es doctora en Medicina e internista. En esta entrevista explica la dificultad de los profesionales sanitarios a la hora de gestionar sus emociones y dar malas noticias. También habla de la frustración que supone no poder dedicar el tiempo necesario a sus pacientes.

El local se encuentra en el centro del Eixample de Valencia, en la calle Martí. El rótulo oficial es de Zafire, un negocio de estética, pero el nombre de guerra es Alihsa, que cuenta con una web donde se explicita un catálogo prominente de servicios sexuales y de masajistas.

Dos testigos han relatado ante el tribunal que juzga el saqueo de los fondos públicos de la cooperación valenciana una mecánica similar para desviar el dinero público obtenido de la Conselleria de Rafael Blasco a empresas de la presunta trama, algunas localizadas en EEUU y vinculadas al supuesto testaferro del ex conseller.

Así, sin ningún tipo de criterio técnico, las puntuaciones de los proyectos aumentaban o disminuían en función de la afinidad o la antipatía de las ONG con los responsables de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía del Gobierno de Francisco Camps.

Un informe pericial concluye que en uno de los proyectos, de los 345.293,7 euros públicos financiados por la Generalitat Valenciana, tan sólo 1000 se usaron para la formación laboral de mujeres en República Dominicana. Hoy en día los invernaderos que instaló Fudersa en República Dominicana con fondos públicos de la Generalitat Valenciana son un páramo. En 2010 pagó casi 149.000 euros a una empresa estadounidense del presunto testaferro de Rafael Blasco por estudios topográficos que no superan los 2000 euros.

La Fundación Hemisferio fue el principal instrumento que creó la presunta trama del saqueo de los fondos de la cooperación valenciana para que supuestas ONG sin experiencia alguna obtuvieran financiación. Una administrativa de la fundación, Maribel Castillo, ha narrado en el juicio los intercambios de "sobres cerrados de diferentes tamaños" entre Rafael Blasco, en aquel momento conseller de Solidaridad y Ciudadanía del Gobierno de Francisco Camps, y su supuesto testaferro, el empresario Augusto César Tauroni.

La Fiscalía Anticorrupción, representada por Jesús Carrasco en el segundo de los juicios del caso Cooperación, ha rebajado de 16 a 3,5 años la petición de condena para el exconseller Rafael Blasco, tras alcanzar con él y otros procesados un acuerdo de conformidad que han rechazado las otras dos acusaciones personadas.

La Fiscalía Anticorrupción firmó este jueves 17 acuerdos de conformidad con los acusados del juicio del caso Cooperación que dan lugar a una paradoja reveladora de las piruetas jurídicas que el fiscal Jesús Carrasco ha tenido que hacer para rebajar las peticiones de condena hasta en 18 años para uno de los principales acusados, el empresario Agusto César Tauroni.

El exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco, la que era su cúpula en este departamento y los principales empresarios que se sientan en el banquillo por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONG y en el proyecto del fallido hospital en Haití han reconocido este jueves los hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción les acusa.

Javier Boix,abogado del exconsejero valenciano Rafael Blasco,estampó ayer su firma en un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por el que el antiguo dirigente del PP reconoce que se valió de su cargo para malversar decenas de subvenciones de la Generalitat destinadas a proyectos de ayuda al desarrollo,incluida la construcción de un hospital en Haití después del devastador terremoto de 2010,que nunca se llevó a cabo. El Gobierno autonómico ha estimado aquel fraude que ahora juzga la Audiencia de Valencia en 7,8 millones de euros..

Aseguran que habiendo reconocimiento de los hechos no es necesario celebrar el juicio pero que las acusaciones insisten en celebrarlo buscando el escarnio de sus defendidos en un juicio paralelo.

La Fiscalía Anticorrupción tiene cerrados preacuerdos de reducción de penas con los principales acusados del caso Blasco a cambio de que confiesen los delitos y devuelvan parte de los cuatro millones de euros desviados. La Abogacía de la Generalitat está a punto de sumarse a algunos acuerdos, aunque reclama más dinero y la Coordinadora Valenciana de ONGD también quiere recuperar el máximo para las arcas públicas y que, posteriormente, se reinvierta en el sector que fue denostado por los escándalos.

El exconseller del PP Rafael Blasco se enfrenta a partir de este lunes lunes al segundo juicio del caso Cooperación, por el desvío de fondos públicos destinados a proyectos de cooperación internacional, con la esperanza de cerrar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat que a 24 horas del inicio de la vista oral estaba casi hecho. Eso sí, la acusación particular ejercida por la Coordinadora Valenciana de ONGD no quiere ni hablar de acuerdos con el cerebro de la trama y forzará que se celebren las sesiones.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Cardenal Ricardo Blázquez, en nombre propio y en el de todos los miembros de la Conferencia Episcopal Española, remite una carta a Pedro Sánchez tras ganar las Elecciones Generales de ayer y le hace llegar su felicitación “por los resultados obtenidos por su partido”. En dicha carta, el Card. Blázquez señala que el respaldo que ha recibido el proyecto de Sánchez en estas elecciones “es signo de la confianza que depositan en él los españoles para proveer el bien común de todos”.

Adolfo Soler Sempere, testaferro del empresario Augusto César Tauroni y exmiembro de Unión Valenciana, salió de España el 27 de junio de 2011 y todavía no ha regresado. Había anunciado que acudiría al juicio, pero alega una grave enfermedad, lo que podría desembocar en la suspensión de la vista oral como pide la defensa de Tauroni. El Fiscal Anticorrupción pide juzgarlo por separado por su incomparecencia y envía al país latinoamericano un requerimiento para que le reconozcan forenses..

El documental de À Punt sobre la trama de corrupción presuntamente liderada por Rafael Blasco revela el inmenso patrimonio que el dirigente popular y su familia han amasado durante la carrera política del siete veces conseller de la Generalitat. El equipo sigue el rastro del dinero desviado por la trama liderada por el exconseller, desde los pisos de la Fundación CYES hasta República Dominicana y elabora un mapa de las propiedades de su familia, que Rafael Blasco defiende que son fruto de donaciones y herencias. Solo en la Comunitat Valencian

El candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, José María Llanos, cobró durante ocho años de la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado (Fundar) que fue fundada por el exconseller del PP Rafael Blasco, condenado en el caso Cooperación por fraude en la concesión de ayudas públicas al desarrollo y pendiente de un segundo juicio por otras dos piezas de esta causa señalada para abril.

Ambos casos pivotan sobre el mismo eje, el terremoto de Haití de 2010. La noticia que les ha avanzado la SER sobre la apertura de una nueva línea de investigación de la trama Lezo al detectar posibles sobornos de la mano derecha del gobierno popular de la comunidad de Madrid al embajador hoy de Angola, Manuel Antonio Hernández Ruigómez, a cambio de su mediación con las autoridades haitianas, para la obtención de proyectos de reconstrucción de infraestructuras hídricas tras el terremoto que asoló el país en enero 2010, ha encendido todas las ale

En Podemos el lenguaje inclusivo es absolutamente prioritario, así como relacionar todo lo que se hace en la vida diaria con el feminismo. Sin esa máxima no se puede explicar la comparecencia de Noelia Vera, diputada y portavoz de podemos ,cuando explicaba que Pablo Iglesias es “el mejor candidato”.La portavoz dejó sorprendidos a los que escuchaban cuando dijo: “Ahora mismo está cuidando a sus hijos e hijas en sus prácticas feministas”. Bien sabido es que Iglesias ha tenido mellizos, pero ambos son niños

El cardenal Ricardo Blázquez alega que no tiene autoridad sobre las diócesis para encargarles este tipo de informes, y ha señalado que está a la espera de recibir del Vaticano las normas de actuación frente a los casos de abusos a menores.

La reventa en 2005 de uno de los lotes privatizados de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) que licitó el exconseller Rafael Blasco en 1998 supuso un "pelotazo" de 47,9 millones para la empresa de la hijastra del conseller y un amigo suyo. La hija de Consuelo Císcar declaró que la venta de Tempero 9000 se realizó por 14 millones de euros cuando en el contrato constan 47,9 millones en efectivo. Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/hijastra-exconseller-blasco-fue-accionist

Un cambio legislativo impulsado por Blasco en 2004 introdujo la prueba de emisiones sonoras en las ITV valencianas, lo que incrementó las tarifas un 139 % y disparó los beneficios de las concesionarias. Consuelo Salom Císcar, hija de la esposa del exconseller y exdirectora del IVAM, Consuelo Císcar, formó parte de Grupo Templo 9000, la empresa que controló la concesionaria de las ITV Aseguramiento Técnico de Calidad SL

El también arzobispo de Valladolid ha defendido este miércoles en Zamora que los abusos sexuales a menores de edad se producen, principalmente, fuera de la institución eclesiástica. "Si vemos las cifras, un 80% de estos casos tiene lugar en las familias, un 17% en el ámbito escolar y deportivo, y tan solo un 3% en la Iglesia", ha indicado. "Sin embargo, la Iglesia siempre acapara todos los focos", ha criticado el cardenal.

Las quinielas suben la temperatura. La dirección de Podemos Comunidad de Madrid no ha explicitado cómo se presentará a los comicios autonómicos de mayo, ni han puesto un nombre encima de la mesa, ni el procedimiento sobre cómo se elegirá la candidatura. Pero ahora mismo se habla de estos nombres.

El Tribunal de Cuentas ha embargado 59.000 euros de tres condenados en el Caso Cooperación, entre ellos, el exconseller y exportavoz del PP en les Corts Valencianes, Rafael Blasco, y ha transferido esta cantidad a la Generalitat Valenciana dentro del procedimiento de reintegro por alcance para recuperar el dinero sustraído a las arcas públicas.