El constructor, imputado en los casos Brugal y Gürtel, consigue la mejor puntuación para el servicio de limpieza de colegios con un contrato de 15,5 millones.

El ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, ha llegado a las 9.45 horas al Palacio de Justicia de Valencia acompañado de su abogado, Vicente Grima. Alperi está citado para declarar en el TSJCV que le investiga, junto a su sucesora, Sonia Castedo, por el supuesto amaño del PGOU en beneficio del constructor Enrique Ortíz. Alperi ha salido una hora después, ya que se ha acogido a su derecho a no declarar.

El portavoz de Esquerra Unida (EU) en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha preguntado este miércoles a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, del PP, durante el pleno municipal, si dimitirá en caso que sea juzgada por Brugal.

Sonia Castedo ha hecho estas declaraciones tras comparecer ante el TSJV. La alcaldesa de Alicante (PP) continuará con su declaración el próximo lunes. Está imputada por supuestos delitos de revelación de información privilegiada. Su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, también está imputado en el caso.

Según se ha revelado durante su interrogatorio como imputada por el caso Brugal, Sonia Castedo ha asegurado que los pagó ella con dinero de su madre y ha explicado que el viaje a Andorra en 2009 lo financió con el dinero de su Hoguera y niega que fuera un soborno. Sin embargo, no ha podido aclarar cómo devolvió ese dinero después. El interrogatorio se alarga hasta la tarde desde las 10 de la mañana, a pesar de que la imputada se jactó hace unos días de que "sólo necesitaría 10 minutos" para demostrar su inocencia.

Mientras hoy comparece ante los tribunales la Alcaldesa de Alicante y su antecesor imputados por graves delitos, la dirección Provincial del PP se carga las alecciones internas del PP de la ciudad para evitar una candidatura renovadora que exigía honestidad a los cargos públicos. ¡Manda huevos!

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), ha afirmado que "nunca" se ha planteado la posibilidad de dimitir del cargo por su presunta implicación en el caso Brugal. Tras asistir a la misa por el "Día de la Policía" ha sostenido que nadie en el partido le ha pedido que deje la alcaldía sino al contrario. La alcaldesa ha dicho sentirse satisfecha y "muy tranquila" por haber sido imputada por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

La alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, declarará como imputada el próximo 19 de octubre ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por supuestos delitos relacionados con el planeamiento urbanístico de la ciudad, una de las piezas separadas del caso Brugal.

La alcaldesa de Alicante salió este viernes al paso de la petición de dimisión planteada en el turno de ruegos durante el pleno del Ayuntamiento por Esquerra Unida con una respuesta insólita. “¿Si hubiera asaltado un Mercadona pediría mi dimisión?”, espetó la regidora acusada por el fiscal en la pieza del caso Brugal que investiga el supuesto amaño del Plan General en favor del empresario Enrique Ortiz. “A lo mejor considera que los asalta-Mercadona son personas honestas”, agregó.

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha afirmado que "espera y desea" ser imputada en la causa que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en la pieza separada del 'caso Brugal', porque de lo contrario, no podrá "defenderse ante un juez ni dar explicaciones" con las que, según ha asegurado, "en 10 minutos" podría demostrar su inocencia.Relacionada:www.meneame.net/story/tsjcv-investigara-pgou-alicante-implica-castedo-

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se ha declarado competente para instruir la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en una pieza separada del 'caso Brugal', en la que está vinculada la alcaldesa alicantina Sonia Castedo y el ex primer edil Luis Díaz Alperi, ambos diputados autonómicos.

Cerca de 250 personas, o lo que es lo mismo, una población superior a los habitantes de 78 municipios valencianos, se encuentran imputadas actualmente en casos de corrupción en la Comunidad Valenciana. Las presuntas corruptelas económicas, tributarias y urbanísticas han salpicado a instituciones municipales, provinciales y autonómicas y a sectores como el empresarial o el de los funcionarios públicos. No se han salvado ni las organizaciones no gubernamentales o la Casa Real.

Aprieta el calor a media tarde en el Campamento de la Salud mientras unas mujeres juegan una mano de chinchón frente al vertedero que La Murada comparte con la localidad murciana de Albanilla. Llevan prácticamente una semana cocinando para un asentamiento espontáneo con una treintena de tiendas de campaña de muchos vecinos de la zona que piden el cierre del vertedero de Proambiente. “Tenemos bajo nosotros un río de lixiviados”, un líquido contaminante negruzco resultado de la descomposición de materia orgánica. Tiene propiedades cancerígenas.

Hasta 11 diputados del PP valenciano están imputados, acusados o investigados por corrupción. Sin ellos, perdería la mayoría absoluta.

El juez que instruye la rama del Brugal relativa a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) está previsto que eleve hoy la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), al considerar que puede haber delito en algún político aforado. Fuentes judiciales han informado a EFE de que el juez de instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha citado hoy a los abogados personados en esta pieza separada del Brugal para entregarles el auto de elevación al TSJCV.

Imputado incomodo PSPV PSOE La elección de Antonio Amorós, histórico militante del PSPV-PSOE de Alicante y ex portavoz socialista en la

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, afirma que en su Gobierno no habrá cargos imputados. Su decisión ha provocado la destitución o dimisión de altos cargos inmersos en procesos judiciales. En cambio, en otros casos Fabra no ha actuado con el mismo rigor para destituirlos. En el PP valenciano existe malestar por esa diferencia de trato.

«Que las inspecciones, tanto del Seprona como de la Inspección de Trabajo son conocidas por la empresa antes de que se produzcan, de manera que cuando se practican están avisados los trabajadores, tapan algunos vertederos y los trabajadores utilizan los instrumentos de seguridad del trabajo». «cuando llegan los del Seprona, (...), no inspeccionan, sino que echan de comer a los animales y acaban en el bar privado de Fenoll», «lo mismo ocurre con la Inspección de Trabajo, que acaban en el restarurante"

Javier Llorens, técnico urbanista colaborador del promotor Enrique Ortiz, ha declarado está mañana al juez que los planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante que tenía en su poder el empresario correspondían al planeamiento vigente, el de 1998, y no el nuevo documento que se comenzó a redactar a partir de 2008. Llorens ha comparecido, en calidad de testigo, ante el titular del Juzgado número 5 de Alicante que instruye la pieza del "caso Brugal" sobre un supuesto amaño del nuevo PGOU en favor de Ortiz.

La trama de corrupción conocida como ‘caso Brugal’ (Basuras Rurales Gestión Alicante) mantiene imputados a altos cargos del PP en Alicante. El juez cree que los millonarios contratos para tratar las basuras eran obtenidos por empresarios a cambio de favores a políticos. Ahora, la policía ha descubierto que parte de esas basuras se enterró ilegalmente durante al menos tres años en tierras de cultivo de la provincia con el consiguiente riesgo para los vecinos, al más puro estilo de lo que hace la Camorra en Nápoles.

Sobre restos sanitarios, fragmentos de aparatos electrónicos, plásticos o vidrios se pueden ver árboles de cítricos que, por su tamaño, deben de llevar más de cinco años plantados sobre montañas de basura. En otros puntos de la pedanía la basura es menos evidente a la vista, pero no al olfato. Se intentará determinar si las aguas subterráneas que acaban en el río Segura o en El Hondo puedan estar contaminadas, o incluso que los gases que emana la basura sean perjudiciales para la salud.

José Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP de Alicante desde 2004, dimitirá esta tarde del cargo, según han confirmado fuentes oficiales de los populares alicantinos. Ripoll presentará su renuncia en la reunión del comité ejecutivo provincial convocado para las 19.00. Ripoll, en la actualidad presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, deja el cargo a una semana de comparecer por segunda vez ante el juez del caso Brugal por aceptar supuestamente un soborno en relación con la contrata de la basura de la comarca de La Vega Baja.

Ramón Salvador Águeda ha declarado durante 45 minutos ante el juez Brugal.-Promotor imputado reconoce que Ortiz le dijo por teléfono que tenía planos del PGOU antes de su publicación

El juzgado de instrucción número 5 de Alicante ha validado las escuchas policiales que descubrieron las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, asunto en el que el fiscal implica a la alcaldesa, Sonia Castedo, su antecesor, Luis Díaz Alperi, del PP y el empresario Enrique Ortiz.