La central ubicada en el límite entre las provincias de Burgos y Álava, que suscita un fuerte rechazo de los nacionalistas vascos (especialmente, los alaveses), se convertiría así en moneda de cambio para permitir al PP aprobar las cuentas del próximo ejercicio y acabar la legislatura sin depender del apoyo del PSOE.

La portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Vitoria, Leticia Comerón, ha presentado una enmienda a la totalidad en la que exige al ejecutivo presidido por Mariano Rajoy que no se abra de nuevo la central nuclear de Garoña.

Una asociación de técnicos de seguridad nuclear denuncia que el CSN destinó numerosos recursos para la elaboración de los informes que estipulaban las condiciones para la reapertura de la central de Garoña pese a las sospechas de que las propietarias no tienen intención de revitalizar la instalación.

Es tanto el afán de algunos por querer cerrar las centrales nucleares que son incapaces de diferenciar un ratón de ordenador y otro animal. A Alberto Garzón y su grupo político de Izquierda Unida, en su guerra contra las nucleares se les ha ido la mano un poco a la hora de alarmar a la gente con las consecuencias de un desastre nuclear. Tanto que a la hora de querer dar muestra de ello han confundido la central nuclear de Fukushima con una refinería.

La teoría oficial sostiene que el proceso vivido en los últimos años con Garoña ha sido técnico, pero los acontecimientos prueban que se ha tratado de una maniobra política y económica opaca, sin transparencia, repleta de artimañas y juego sucio.

El coste de reabrir Garoña es de más de 400 millones, mientras que su desmantelamiento ronda los 600 millones, de los que las empresas habrían de asumir cerca de 100 millones y la sociedades estatal Enresa el resto. Se ve complicado sacarle rendimiento teniendo en cuenta que no se espera que opere más allá de 2031 y que no se pondría en marcha antes de 2019. El patrimonio neto de la empresa se encuentra situado por debajo de la mitad del capital social.

El rendimiento de la central nuclear a Garoña debería ser estratosférico para que su apertura hasta 2031 fuera rentable para su propietaria, Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola. La suma de las inversiones, pasadas y futuras, para volver a arrancar el reactor se va por encima de 400 millones de euros. La última palabra sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña la tiene Nuclenor, la sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola poseedora de la licencia para explotar la instalación.

Los pueblos del Valle de Tobalina se dividen en detractores y partidarios de la central nuclear. Pero, en el fondo, todos saben que la actividad nuclear nunca volverá.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha explicado que la decisión sobre la eventual reapertura de la central nuclear de Garoña corresponde a Nuclenor –la sociedad que opera la planta–, que analizará las inversiones necesarias y determinará «si es rentable o no».En su participación en el 14 Encuentro del Sector Energético organizado por IESE y Deloitte, Bogas ha recordado que la central pertenece a Nuclenor, sociedad participada tanto por Endesa como por Iberdrola, y que, por tanto, corresponde a los órganos de esta empresa

Tras la resolución para reabrir Garona el CSN ha pedido por carta al ministro Nadal que cambie las condiciones a todas las centrales nucleares para alargar su vida útil.

Pese a que este miércoles el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó el informe de los servicios técnicos en el que se autorizaba, con una decena de condiciones, la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, sus propietarias, Endesa e Iberdrola tienen la última palabra y aseguran que "no es rentable la apertura".

El Consejo de Seguridad Nuclear aprueba la reapertura de la central nuclear de Garoña con cuatro votos a favor y uno en contra.

FACUA-Consumidores en Acción ve escandaloso que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se vaya a saltar los requisitos que ellos mismos habían exigido para la central de Santa María de Garoña (Burgos) y que ahora autoricen o den luz verde a su reapertura.

Como era de esperar, el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió por mayoría informar favorablemente la continuidad de la central de Garoña, abriendo así la puerta a la prolongación del parque nuclear español hasta los 60 años y a una posible querella de Nuclenor en el caso de que el Gobierno decidiera no autorizar el funcionamiento.

La decisión definitiva corresponde al Gobierno, para el que el informe del regulador atómico es preceptivo y vinculante en caso de ser negativo pero no vinculante en caso de ser favorable

Antes de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) responda a la solicitud de reapertura de la central nuclear de Garoña, la empresa propietaria, Nuclenor, está obligada a ejecutar una serie de mejoras reclamadas por el propio CSN. Pero esas condiciones previas no se han culminado. Y, sin embargo, a pesar de este incumplimiento, el CSN ha emitido un dictamen técnico favorable a la reapertura de la central, dictamen que ahora debatirá el pleno del Consejo para decidir si lo ratifica y emite un informe favorable.

El CSN analizó ayer los informes técnicos sobre la solicitud para reabrir Garoña. Aplazó la decisión porque una de las consejeras, Cristina Narbona, invocó los estatutos para aplazar la decisión una semana. Pero la suerte está echada. Los cuatro consejeros restantes, -incluida Rosario Velasco, PSOE- son partidarios de ampliar su vida útil. Esta decisión reconoce que puede funcionar años al margen de su "vida de diseño" y abre la vía a demandas por lucro cesante en el caso de que algún Gobierno decidiera decretar el cierre de una nuclear.

La decisión sobre Garoña es clave, porque sería un precedente para que el resto de centrales nucleares de España intenten alargar su vida hasta los 60 años. Por no hablar de que las eléctricas podrían reclamar indemnizaciones millonarias, a pagar por la ciudadanía, claro, si por ejemplo un futuro gobierno ordenara cerrar la planta. Iberdrola y Endesa, se forran con la energía nuclear, al igual que con el resto de energías contaminantes, porque ellas se llevan los beneficios, y la sociedad paga los costes, económicos, y ambientales.

El portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, advierte de las “condiciones de seguridad deplorables” que presenta la central pero denuncia que el Gobierno del PP junto con la “falta de rigor” del CSN han convertido la continuidad de la central en una “cuestión política”, más allá de las intenciones de Endesa e Iberdrola, accionistas al 50% de Nuclenor, la propietaria de la central nuclear.

Los expertos ecologistas sostienen que la central nuclear es un “experimento político” del Ejecutivo de Rajoy para tratar de alargar la vida de las plantas hasta los sesenta años y favorecer así a las grandes compañías eléctricas que las gestionan

El dictamen técnico que se debate a partir de este miércoles abre la puerta a la reactivación hasta 2031 de la central nuclear si se introducen mejoras en las instalaciones. Si el CSN da luz verde, el Ministerio de Industria será la encargada de la decisión final.

Fernando Martí, ha dicho que CSN está a la espera de que Nucleor "cumpla las condiciones" que le puso para plantearse autorizar la reapertura de Garoña.

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por Nuclenor en contra de la sanción de 18,4 millones de euros que le impuso en julio de 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña. En su sanción, el regulador consideró que Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, había incurrido en una infracción muy grave al acometer una "reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica".

El diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha agregado que Martí debe dar explicaciones de "las cartas que le han mandado los técnicos del CSN, manifestando hechos muy graves en la situación del consejo", entre otros, "la existencia de informes secretos sobre temas como la evaluación de la seguridad en Garoña". López de Uralde ha pedido que Martí aclare "con urgencia" la situación de seguridad en la central de Almaraz (Cáceres) y la de la construcción del ATC.

Dentro de unas semanas se conocerá, por fin, el tan esperado informe del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la viabilidad de ampliar la central nuclear de Garoña. Mientras se suman las apuestas sobre su reapertura o su desmantelamiento definitivo, Nuclenor, la sociedad propietaria de la central más antigua de España, ha incorporado en sus cuentas anuales 2015 la provisión de 106 millones de euros para un posible desmantelamiento más 14,8 millones de euros para atender a las prestaciones de sus trabajadores, lo que ha disparado todas las alarmas