En total, BSA, la entidad que agrupa a los principales fabricantes y desarrolladores de software para empresas, recibió el año pasado más de 370 denuncias que dieron lugar a 191 acciones legales contra empresas por presunta tenencia y uso de software ilegal, lo que representa un aumento del 17% con respecto a 2014. Muchas de las denuncias proceden de trabajadores descontentos (14%) y, sobre todo, exempleados (47%).
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