A pesar de que sigue el debate en torno a las descargas ilegales, la comunicación pública de obras protegidas por la propiedad intelectual y los servicios de streaming de contenido protegido, la última circular de la fiscalía arroja un poco de luz sobre la responsabilidad penal del usuario final y, sobre todo, de la punibilidad de este tipo de acciones cuando no se busca un beneficio económico. El abogado especializado en derecho digital, David de Maeztu, se ha hecho eco de las pretensiones del ministerio público sobre el tema, y lo cierto...
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