Roberto Macías, extrabajador de UGT Andalucía que denunció ante el periódico "El Mundo" una supuesta trama en el sindicato para desviar subvenciones por valor de 40 millones de euros mediante la emisión de facturas falsas destinadas a cursos de formación, ha sido condenado por la jueza del juzgado de lo penal nº 15 de Sevilla a 2 años de prisión por revelación de secretos.

La jueza no ha considerado aplicable la directiva europea de protección de denunciantes de corrupción, vigente desde el pasado diciembre de 2019 y que exime de responsabilidad judicial en casos de revelaciones públicas como éste, argumentando la jueza que no ha sido traspuesta aún por el parlamento al derecho nacional. Cuestión pendiente desde el año 2017, donde todos los grupos parlamentarios se comprometieron a hacerlo ante la Plataforma por la Honestidad, asociación surgida inicialmente en apoyo de Ana Garrido, funcionaria que destapó la trama Gürtel, y a la que se fueron añadiendo otros denunciantes de corrupción, como el exteniente Luis Gonzalo Segura, o el propio Roberto Macías. No obstante, la tramitación de dicha ley se encuentra convenientemente empantanada desde entonces.

La trama destapada por Roberto Macías permitió que se abriera juicio oral por delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil a los exsecretarios generales de UGT-A, Francisco Sevilla y Manuel Pastrana, exculpado por enfermedad, y otras 13 personas dirigentes del sindicato y proveedores, e impuso una fianza de 40,7 millones a UGT, como responsable civil subsidiaria, al considerar el juez que hay indicios suficientes.

La organización sindical, que también se encuentra implicada en múltiples casos de delitos de corrupción en todo el territorio nacional, lejos de pedir perdón por los hechos destapados, depurar responsabilidades entre los infractores, reconocer el delito y devolver el dinero, arremetió contra el denunciante de corrupción, he inició la demanda pidiendo 4 años de prisión y 60.000 € por daños morales.

Modestamente, desde el sindicato provincial de CSC en Sevilla, colaboramos con Roberto para que pudiera defenderse judicialmente ante esta demanda, no solo por una cuestión de solidaridad con un trabajador, uno de los nuestros, sino también porque creemos en su lucha y somos partícipes de ella.

En una suerte de mundo al revés, tenemos al Estado (Parlamento, Junta, fiscalía, judicatura) defendiendo los intereses contrarios a los ciudadanos, con una fiscalía anticorrupción atacando al denunciante de corrupción, defendiendo a los corruptos, mientras ignora la legislación, mostrando la esencia clasista del Estado.

Desde CSC, la actuación deplorable de un sindicato corrupto como UGT, arremetiendo contra sus trabajadores para encubrir sus corruptelas, no nos coge de sorpresa, pues pese a autodenominarse sindicato de clase, su práctica diaria consiste en la traición a los trabajadores, con la firma de convenios colectivos donde se pierden derechos, de despidos colectivos (ERES, ERTES) con los que se llevan suculentas comisiones por cada despedido, a la par que facilitan a las empresas deshacerse de sus plantillas, pagando sueldos con fondos públicos, etc. Todo ello en pago por las millonarias subvenciones que recibe de las instituciones estatales y de la UE. Es más, en la actualidad, UGT tiene abiertos varios procesos por el presunto uso indebido de fondos públicos destinados inicialmente a la formación y que parece ser que fueron destinados a otros fines más oscuros.

Es por ello que, desde estas instituciones, que deberían estar protegiendo el interés de los ciudadanos, se prestan a proteger a uno de sus sindicatos, que buen servicio les presta para justificar la implementación de toda suerte de recortes y reformas contra los trabajadores. Así podemos ver cómo, según la prensa, el anterior gobierno de Susana Díaz, ocultó un expediente que exigía devolver 18 millones de euros a UGT.

Igualmente, en el juicio a Roberto Macías, la Fiscalía Anticorrupción se posicionó en su contra, y alineándose con las tesis demandadas por UGT, en clara connivencia, llegó a pedir 3 años de cárcel y 60.000 € de indemnización, así como tomó la postura contraria a la aplicación de la directiva europea. Posición que finalmente asumió la jueza, y que persigue anular el proceso judicial por corrupción contra UGT, pues con esta sentencia pretende que las pruebas reveladas por Roberto queden anuladas como pruebas obtenidas de manera “ilícita” (situación que la directiva europea impide), y este es el único fin que realmente perseguía UGT-A para librarse de su procesamiento.

En una suerte de mundo al revés, tenemos al Estado (Parlamento, Junta, fiscalía, judicatura) defendiendo los intereses contrarios a los ciudadanos, con una fiscalía anticorrupción atacando al denunciante de corrupción, defendiendo a los corruptos, mientras ignora la legislación, mostrando la esencia clasista del Estado.

Desde CSC apoyamos y nos solidarizamos nuevamente con Roberto Macías, por su valiente defensa de la justicia ante todo un sistema corrompido, y le animamos que lleve su caso hasta las instancias judiciales europeas, que, a pesar de ser igualmente organismos destinados a preservar los intereses de una minoría que conforma una élite económica, tantos reveses han dictado ya contra las resoluciones de una justicia española que pugna por ser la más reaccionaria de Europa.

www.cscsevilla.org/2020/05/2-anos-de-prision-por-denunciar.html

Durante los últimos años hemos asistido a una progresiva degeneración de las organizaciones sindicales del sistema, CCOO y UGT, que mediante millonarias subvenciones públicas han sido compradas para pasar a defender los intereses de las empresas en lugar de los de los trabajadores. No es compatible luchar contra medidas y leyes impuestas por los gobiernos que son lesivas para los trabajadores, mientras cobras millones de euros de esos mismos gobiernos.

Pero si esta situación no fuera suficiente, el trato que estas organizaciones han dado en los últimos tiempos a sus propios trabajadores alcanza grados de indignidad nunca antes vistos en el movimiento obrero. El último caso que ha salido a la luz es el dos trabajadoras de CCOO que fueron despedidas tras un coma y un cáncer respectivamente. Rosa, trabajadora de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, fue despedida un mes después de comunicar que tenía un cáncer de pecho. A Palmira, también trabajadora de esta federación, le dijeron que querían sustituirla estando postrada en el hospital tras salir de un coma. Es realmente vergonzosa la actitud de una organización que dice defender los derechos de los trabajadores, pero que trata de manera inhumana a los suyos propios, actuando de forma más rastrera que muchas empresas. Solo estos hechos son motivo más que suficiente para que los delegados y afiliados de esta organización que aún tengan algo de dignidad, abandonen las siglas de este sindicato.

Sin embargo, no es esta la primera vez que CCOO da muestras de su vileza y trata a sus trabajadores como despojos.

El 21 de octubre de 2017 los trabajadores de Forem Navarra, Fundación de CCOO, denunciaban en rueda de prensa la situación de indefensión laboral en la que se encontraban tras aplicarles este sindicato despidos en condiciones inferiores a las de la reforma laboral que de cara a la galería criticaron, enviando directamente a estos trabajadores a Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) sin negociar.

El 13 de junio de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, obligaba a CCOO a readmitir a cuatro trabajadores despedidos mediante la reforma laboral del PP.

En enero de 2017, CCOO-A era condenada por el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) por el despido irregular de una empleada, que había sido despedida a las cuatro horas de ser readmitida, en cumplimiento de unasentencia previa por un despido anterior.

En septiembre de 2016, CCOO era condenada por despedir a una mujer que pidió reducción de jornada por maternidad, considerando el juez que se vulneraron derechos fundamentales y obligando a la readmisión de la trabajadora así como al pago de una indemnización de 60.000 euros.

En agosto de 2016 la plantilla de CCOO en Murcia convocaba huelga indefinida por los despidos realizados en su asesoría jurídica, usando la reforma laboral, y despidiendo al máximo número de trabajadores para que no fuera considerado un ERE y no tener así que negociar.

En abril de 2016 la unión provincial de CCOO de Cádiz, despedía a una trabajadora que se encontraba de baja por enfermedad, y que se enteró de su despido al ingresarle el sindicato la indemnización en su cuenta bancaria, antes de recibir la comunicación.

Y así podríamos seguir recorriendo el camino de la infamia y la desvergüenzaa lo largo de los años de una organización cada vez más prescindible y más dañina para los trabajadores. Una organización que por el bien de la clase trabajadora, debería desaparecer y pasar a los anales de la historia.

Seguir apoyando a esta organización, bien siendo afiliado, bien siendo delegado, sólo contribuye a generar más miseria y precariedad. La única opción digna para un trabajador honesto es abandonar este sindicato.

¡FORTALECE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, AFÍLIATE A CSC!

www.cscsevilla.org/2018/07/ccoo-no-puede-seguir-representando-la.html

La convocatoria de huelga se mantiene como medida de protesta y de protección de la salud de los trabajadores y su conciliación ante el desprecio total demostrado por la dirección de la empresa ... al tomar la ilegal, incomprensible e irresponsable decisión de imponer la vuelta a la actividad presencial en pleno estado de alarma

Desde la Sección Sindical de la Coordinadora Sindical de Clase (CSC) en la empresa del sector TIC AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, participada de un 22% por la Junta de Andalucía, hemos acordado la renovación de la convocatoria de huelga para la semana del 22 al 27 de junio por 6.ª semana consecutiva, desde que se inició el pasado 18 de mayo. Esta huelga afecta a la totalidad de la plantilla de todos sus centros de trabajo en el Estado español, es decir, unos 1.500 empleados.

La convocatoria de huelga se mantiene como medida de protesta y de protección de la salud de los trabajadores y su conciliación ante el desprecio total demostrado por la dirección de la empresa hacia la totalidad de los trabajadores y trabajadoras que conforman la plantilla, negando la negociación colectiva en una materia tan sensible como es la desescalada y la prevención de riesgos durante la misma, al tomar la ilegal, incomprensible e irresponsable decisión de imponer la vuelta a la actividad presencial en pleno estado de alarma, período en el que estaba en vigor la preferencia del teletrabajo frente al trabajo presencial, según lo establecido por los diferentes Reales Decretos del Gobierno, y que prorrogan la medida hasta 3 meses tras la finalización del estado de alarma, esto es, hasta el 22 de septiembre de 2020. Esta vulneración de la normativa decretada por el Gobierno bajo el estado de alarma por parte de la Empresa ha tenido también la connivencia de la Inspección de Trabajo de Sevilla, la cual ha demostrado su esencia reaccionaria durante todo este tiempo y ha demostrado su carácter clasista: se posiciona rápido, en pocas horas, en aquéllas cuestiones que la Empresa requiere reafirmación por parte de dicho organismo público -con oficios que hasta da vergüenza ajena leer- y se tira meses, cuando no años, en materias esenciales para las condiciones laborales de los trabajadores como son contrataciones masivas irregulares, sanciones por violar la legislación en horas extraordinarias, etcétera, acreditando que lo mejor que nos podría pasar a los trabajadores es que la Inspección de Trabajo desapareciera y así dejar de mantener a un número importante de parásitos que la componen y que a los trabajadores no nos sirven.   

Con la huelga, además, damos cobertura a los trabajadores para que no acudan a trabajar en las jornadas que le obligue la empresa, de manera unilateral, a acudir a la oficina presencialmente y, de esta forma, impedir las consecuencias de una medida tan despreciable que pone en juego absurdamente nuestra salud y la de nuestras familias, pues el único propósito de tal imposición es el de demostrar el patrón que nuestras vidas le pertenecen, y que en ningún caso dejará que los trabajadores intervengan en las decisiones de la empresa, ni negociará nada salvo con sus sindicatos serviles, CCOO y UGT, siempre dispuestos a traicionar a los trabajadores y a firmar cualquier acuerdo que le interese a la dirección.

De esta manera, la empresa ha obligado a acudir a gran parte de la plantilla presencialmente hasta 3 días por semana, incluidos mañana y tarde, y tanto a personal dentro de los denominados grupos de riesgo, como a personal con familiares a cargo, hijos en edad escolar o mayores dependientes, así como a personal desplazado a los clientes cuyas directrices obligan al teletrabajo, pero que la dirección de la empresa les obliga a teletrabajar (conectándose remotamente a los sistemas del cliente) desde las oficinas de AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, pese a que no disponían de puesto de trabajo en ellas antes de la pandemia. Incumple así lo establecido en los Reales Decretos del gobierno, y también las medidas de protección y prevención determinadas por las autoridades sanitarias con el fin de mitigar la propagación de la enfermedad COVID-19, y evitar sus efectos más graves sobre la población de riesgo.

Según las recomendaciones obtenidas tras los estudios científicos realizados sobre la propagación del virus, la generación de brotes masivos se dan mayoritariamente en las concentraciones de personas en espacios cerrados sin ventilación natural tras prolongadas exposiciones, circunstancias que encajan plenamente con la actividad de la empresa, cuyo trabajo se desenvuelve en oficinas con salas diáfanas y aforo de centenares de trabajadores, en edificios cerrados con ventilación mecánica, es decir, una situación de riesgo que la dirección se empeña en fomentar y que constituye una auténtica bomba de relojería sanitaria, teniendo en cuenta que el virus sigue presente, y que la desescalada está causando rebrotes del coronavirus en múltiples regiones y países. No hay más que ver las últimas noticias de los diferentes rebrotes a lo largo de la península y de otros países europeos que ya habían relajado las medidas de prevención.

Es por ello que muchas de las medidas de los Reales Decretos y de las autoridades sanitarias han seguido esta línea, limitando los aforos de establecimientos y la concentración de personas en eventos públicos y privados durante todo el estado de alarma. Medidas entre las que destaca la realización del trabajo a distancia como principal método de distanciamiento social.

Desde que se cerraran los centros escolares en la comunidad de Madrid, la semana antes del inicio del estado de alarma, nuestra sección sindical ha estado presionando para que la empresa implementase el teletrabajo, dada la gravedad de la propagación en dicha comunidad, mientras otras empresas del sector como Sopra Steria o Everis ya lo habían implementado en todo el país durante esa semana. La Dirección de AYESA AT trató de evitar esa decisión en todo momento, de forma que hubo que hacerlo de forma apresurada, teniendo que acudir presencialmente la mayoría de la plantilla en el primer día de confinamiento para recoger su equipo informático sobremesa y llevárselo a su casa.

Incluso durante los dos meses de confinamiento estricto de toda la población, AYESA AT mantuvo las oficinas abiertas y a un mínimo de personal trabajando presencialmente, en unas condiciones donde no se pudo dotar de material necesario para la prevención al estar los guantes y las mascarillas requisadas por el gobierno. Esta y otras cuestiones las hemos ido constatando con la visita a las instalaciones en Sevilla que los delegados de CSC venimos realizado desde el principio, recabando pruebas e interponiendo denuncias en la Inspección de Trabajo. También observamos en estas visitas que nuestra labor sirvió para presionar para que no se abandonara el teletrabajo masivamente, pues la presencia en dichas instalaciones del personal correspondiente a las otras empresas del grupo AYESA con las que comparte edificio ha sido mayoritaria, dado que en ellas, o no existe la representación sindical o está al servicio de la dirección de la empresa.

En ese mismo sentido, hemos de encuadrar la nula actividad durante este tiempo de huelga del Comité de Empresa, que se encuentra desaparecido en la práctica, cuya presidencia ostenta Miguel Marín Rodríguez perteneciente a UGT, con el apoyo de CCOO, sindicatos ambos promocionados por la Dirección de la Empresa. Un comportamiento que se puede entender atendiendo a su currículum sindical:

●    Un presidente que llegó al cargo mediante unas elecciones fraudulentas organizadas por la dirección de la empresa, que tuvieron que ser repetidas tras nuestras demandas, y que nuevamente se encuentran impugnadas por CSC por fraude electoral.

●    que firma lo que la patronal le ponga por delante, ya sea el infame XVII Convenio de Consultoría, del que forma parte de la mesa negociadora, firmando tablas salariales que para diversos grupos profesionales han quedado por debajo del SMI.

●    que firma un Plan de Igualdad en AYESA AT que la Dirección de la empresa solo necesitaba para poder seguir licitando en concursos públicos, pero que empeora las condiciones laborales de los trabajadores, razón por la que CSC ha impugnado judicialmente, como ya hicimos con el anteriormente impuesto unilateralmente por la Dirección de AYESA AT, siendo éste otro el primer Plan de Igualdad tumbado por la Audiencia Nacional a una empresa gracias a nuestra denuncia. Sentencia ratificada en firme, posteriormente por el Tribunal Supremo.

●    que ha vaciado de sus funciones al Comité de Empresa, el cual funciona a demanda de la Dirección de la empresa, y que se esconden del virus con convocatorias telemáticas, no reglamentarias, mientras se obliga a los trabajadores a acudir presencialmente.

●    cuyo esfuerzo se emplea en denostar el trabajo de CSC, quitar demandas judiciales antepuestas por nuestro sindicato contra la empresa, declarar como testigo, junto con miembros de CCOO, en los expedientes de sanción que la empresa abre a los delegados de CSC por ejercer nuestra labor sindical, y que invariablemente pierde la empresa en sede judicial, expedientes disciplinarios que son auténticas farsas,

●    que con su inacción mantiene al Comité de Seguridad y Salud del Centro de trabajo de Sevilla sin constituir, permitiendo que la labor de prevención y vigilancia de la salud y del cumplimiento de la ley de los delegados de prevención quede inutilizada, facilitando a la Dirección de la Empresa que pueda incumplirla impunemente,

●    que ha ignorado nuestro ofrecimiento para parar la producción, mediante acuerdo de los delegados de prevención de todas las secciones sindicales, según la potestad que nos otorga la ley de prevención ante una situación de riesgo grave e inminente, como es el caso, con la actividad presencial en oficinas durante una pandemia.

●    que pese a haber convocado desde su sección sindical de UGT, que no desde el comité, una huelga indefinida motivada por el abandono del teletrabajo, en ningún momento hace publicidad de la misma ni llamamientos a secundarla, conociendo únicamente el mantenimiento de su vigencia a través de los comunicados que lanza la dirección de la empresa.

Un presidente, apoyado por la sección sindical de CCOO, cuyos miembros votan y firman al unísono con UGT las propuestas de la empresa, y que lo mismo se prestan al teletrabajo, antes que nadie, argumentando pertenecer a grupos de riesgo, como acuden presencialmente a trabajar, esquiroleando su propia convocatoria de huelga, en cuanto lo requiere la empresa.

La actuación de ambos sindicatos, CCOO y UGT, en Ayesa AT, se equipara con el que ambas instituciones tienen a nivel nacional, siendo parte del engranaje del Estado corrupto que padecemos. Se equipara con su papel en la defensa de los intereses de la patronal traicionando a los trabajadores, con la función de dinamitar las organizaciones obreras que tengan el objetivo de defender sus intereses de clase. Son por tanto una pieza fundamental para que las oligarquías impongan sus criterios políticos y económicos en su beneficio y en detrimento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, razón por la cual otras instituciones del Estado salen en su defensa, como la Junta de Andalucía, ocultando expedientes de devolución de facturas fraudulentas millonarias del sindicato UGT, o como la Fiscalía anticorrupción del Estado, ejerciendo de acusador contra el denunciante de la corrupción destapada en el seno de ese sindicato, al que el fiscal protege.

Si criminal es la actuación de UGT y CCOO, no lo es menos la Inspección de Trabajo de Sevilla, que ha prestado un valioso soporte a la empresa en su pretensión de abandonar el teletrabajo, pues si bien la agilidad de los expedientes que ponemos contra la empresa se dilatan inusualmente en el tiempo, en este caso, en cuanto a la empresa le ha interesado, ha dado una respuesta diligente e inmediata a las denuncias que hemos ido interponiendo respecto al incumplimiento de los reales decretos del gobierno, de manera que ha exonerado a la empresa de su cumplimiento, argumentando que son medidas cuya vigilancia compete a las autoridades sanitarias, dando por ciertas cuantas mentiras la empresa ha tenido a bien expresar, a pesar de que nuestro sindicato ha aportado innumerables pruebas gráficas incontestables que demostraban sistemáticamente el incumplimiento.

Nuevamente vemos a las instituciones del Estado al servicio de la patronal, dando por ciertas la caracterización que Lenin hiciera del mismo:

El Estado es una máquina para mantener la dominación de una clase sobre otra.

Smart Jobs: Uberización del trabajo

La huelga convocada por CSC pretende que el teletrabajo sea el modelo de desarrollo la actividad laboral en las actuales circunstancias de pandemia, de manera excepcional. Nuestro sindicato está de acuerdo en la aplicación de esta medida excepcional siempre y cuando sea algo puntual y extraordinario, para satisfacer las necesidades de conciliación en un contexto de crisis sanitaria. Sin embargo, estamos radicalmente en contra de que de la excepcionalidad se eleve a la generalidad y nos manifestamos totalmente en desacuerdo con la adopción de un modelo de teletrabajo como el que está implantando la patronal, que es perjudicial para los trabajadores por múltiples factores:

-      Apertura del mercado de trabajo a nivel mundial que abaratará los sueldos

-      Facilita la deslocalización de empresas y la evasión fiscal

-      Los riesgos psicosociales que produce el aislamiento

-      Prolongación de jornadas y el trabajo en festivos, así como la falta de desconexión digital

-      Sendentarismo

-      Sobrecostes de producción de alquiler, suministros y mantenimiento de espacios trasladados a los empleados, etc...

Si bien el teletrabajo tiene sus perjuicios por sí mismo, la empresa, de forma planificada con la patronal, está aprovechando la desescalada para imponer otra medida más grave para los intereses de los trabajadores que el propio riesgo al contagio. Se trata de un cambio de modelo productivo, denominado en AYESA Smart Job (en la empresa Telefónica, por ejemplo, se denomina Flexiwork), implantado por la vía de los hechos consumados y esquivando nuevamente la negociación colectiva, que consiste en una distribución semanal mixta de teletrabajo y trabajo presencial, pero en el que los empleados pierden su puesto físico de trabajo en las oficinas, que pasan a ser compartidos entre toda la plantilla -en lo que AYESA denomina un sistema hot desks-, debiendo cada empleado reservar desde de una aplicación móvil un puesto físico en aquellos días asignados presenciales, de igual forma al tratamiento que se hace de las salas comunes, de reuniones, etc. Paralelamente al sistema de reservas de puestos de trabajo, ha implantando un nuevo gestor de tareas para el controlar la productividad individual de cada empleado, denominado Ayesa Tasking, y al que ha obligado a reportar diariamente con la excusa de controlar el trabajo a distancia.

Las intenciones que se vislumbran con este nuevo formato laboral no son más que la del acercamiento al modelo ya implementado desde hace años por la patronal en diversos sectores con la intención de desregularlos laboral y fiscalmente, y que pretenden generalizar a cualquier tipo de servicio, auspiciados en los avances en las tecnologías de telecomunicaciones, y la ubicuidad que otorgan los dispositivos móviles. La denominada Uberización de la economía.

Compañías como Uber, AirBnb, Glovo,..., utilizando una jerga de atractivos términos eufemísticos como Coworking, compartición de recursos, carsharing, economía colaborativa, etc., disfrazan su actividad empresarial de prestación de un servicio concreto (transporte, alojamiento, mensajería), tras la gestión de plataformas digitales donde los consumidores del servicio y los trabajadores se ponen entre ellos en contacto, bajo el cobro de comisiones.

De esta manera, las empresas convierten lo que sería la actividad empresarial de una empresa del sector servicios, con unas relaciones laborales con derechos laborales y obligaciones fiscales, en un servicio "externo" de recursos humanos basado en un sistema de herramientas digitales y el "supuesto" autoservicio entre las partes, pero donde en realidad el control está bajo el mando del que gestiona la plataforma y donde los trabajadores tendrán que obedecer cuándo, qué tareas, en cuánto tiempo y a qué precio tienen que hacer si no quieren ser expulsados del sistema.

Las consecuencias a nivel laboral son que las empresas van a generalizar la figura del freelance o falso autonomo, sustituyendo a los trabajadores de plantilla, eliminando de esta manera todos los derechos de los trabajadores: horarios planificados y descanso (ni vacaciones, ni fiestas, ni fines de semana), cotizaciones, permisos (no cobrar si se pone enfermo), servicios sociales (paro, asistencia médica,pensiones,...), indemnización por despido, etc. Así como supondrá la generalización del trabajo a destajo, cobrando sólo por las tareas asignadas, si es que te las asignan, en lugar de un sueldo fijo. En definitiva, convirtiendo las relaciones laborales en relaciones mercantiles.

La capacidad que ofrece la tecnología para la digitalización de estos servicios y su acceso desde cualquier parte también tiene consecuencias a nivel fiscal, pues permite a estas empresas ubicar su sede en cualquier país que ofrezca atractivos descuentos, e igualmente permite la reducción al mínimo de los departamentos de RRHH, con cuya automatización progresiva permite ya hoy día el despido, o baja en la plataforma, automatizado basado en los datos recogidos por la misma y la toma de decisiones mediante el uso de la inteligencia artificial.

Este es el objetivo que la empresa junto con la patronal quieren implementar para acabar con los pocos derechos laborales que nos quedan. Es su nueva propuesta de aumentar las explotación y sus beneficios a costa de nuestra miseria, como lo fueron en su día la aparición del trabajo temporal y las ETTs, o la subcontratación, siempre para traspasar la mayor parte de las ganancias de la producción económica desde los trabajadores hacia los empresarios. Es lo que vienen haciendo con el concurso del Estado y sus instituciones, CCOO Y UGT entre ellas, en cada reforma laboral desde los pactos de la moncloa donde los trabajadores hemos ido perdiendo las conquistas que nuestros abuelos obtuvieron con su lucha y sacrificio.

COORDINADORA SINDICAL DEL CLASE (C.S.C.) EN AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES SA

Durante décadas, los sucesivos Gobiernos y CCOO y UGT, auténticos lacayos de la patronal, han reiterado el mantra de que la subida de los salarios implicaba un incremento de la inflación y, por ello, todos ellos abrazaban indecentemente lo que denominaban “moderación salarial”, que consiste en que las subidas de los salarios siempre fueran inferiores a los incrementos inflacionarios.

Como puedes comprobar, a día de hoy, la inflación está desbocada, sin que tengan nada que ver los salarios:

En el Sector TIC, los trabajadores hemos perdido entre 2010 y 2021 más del 30% del poder adquisitivo de nuestros salarios:

En 2021, los salarios subieron, de media, el 1,47% mientras que la inflación se situó en el 6,5%, por no hablar de enero a marzo de 2022:

Si la inflación en marzo de 2022 estaba en el 9,8%, quiere decir que a marzo de 2022 CCOO y UGT están firmando en los convenios una pérdida salarial de casi un 7,3%. Asimismo, se demuestra que la subida de la inflación no tiene que ver con la subida de los salarios, por lo que se puede afirmar que la “moderación salarial” ha sido la manera en que la Patronal y sus lacayos —CCOO y UGT— han estado agudizando el robo de los trabajadores.

El pasado 4 de mayo podíamos leer un artículo periodístico, del cual te adjuntamos el enlace ¿Quién paga impuestos? | lamarea.com, lo siguiente con respecto a los beneficios empresariales:

También leemos, en el mismo artículo, lo siguiente respecto de los impuestos:

Como puedes comprobar, la política económica del Estado de la Patronal, apuntillada por los sindicatos del Régimen —CCOO y UGT—, se fundamenta en reducir los impuestos a los empresarios, a la par que se les sube a la clase trabajadora, la cual es la que, con el pago de los impuestos —IRPF e IVA (los empresarios no pagan IVA porque lo repercuten)—, llena las arcas del Estado que no duda en redistribuir la riqueza en favor de los empresarios por la vía de los incentivos y las subvenciones. Los empresarios ganan cada vez más a costa de reducir los salarios de los trabajadores y subirnos la carga impositiva, a costa de sacrificar las pensiones, la educación y la sanidad pública, a costa de sacrificar al pueblo trabajador.

Los trabajadores no tenemos otra salida que unirnos y organizarnos para conquistar lo que nos corresponde y acabar con el latrocinio al que los empresarios, con su Estado como instrumento, nos someten.

Si no eres parte de la solución eres parte del problema ¡Actúa!

Alternativa Sindical de Clase (ASC)

El comportamiento de la Inspección de Trabajo de Sevilla hace mucho tiempo que es impresentable en lo que respecta a la realización de su cometido con referencia a AYESA AT.

La táctica de la Inspección de Trabajo de Sevilla con respecto de AYESA AT es: sacudirse las pulgas y demorar sus acciones al objeto de salvaguardar los intereses de la Dirección de AYESA AT, demostrando su carácter clasista.

El pasado día 14 de noviembre de 2019, nuestra Sección Sindical cursó denuncia ante la Inspección de trabajo a AYESA AT por actuar fraudulentamente en materia de horas extraordinarias y de jornada vulnerando el Convenio Sectorial y el Estatuto de los Trabajadores, de tal manera que ante la Inspección de Trabajo demostramos con pruebas esta manera fraudulenta de actuar acreditando:

1. Que AYESA AT tiene una doble contabilidad de las horas realizadas por los trabajadores/as. El sistema que supuestamente contabiliza las horas realizadas, y que es el que la Empresa muestra ante la Inspección de Trabajo y los juicios, pero que no contabiliza las horas reales que realizan los trabajadores. Este sistema se compone del RODAS (que supuestamente registra las entradas y salidas de los trabajadores y que debiera ser el que realmente mostrase las horas de trabajo efectivo de cada trabajador) y la hoja de trabajo, en la que solo se permite registrar las horas teóricas, muy lejanas de las horas reales. Sin embargo, la contabilización de las horas reales los Jefes de Proyecto la hacen en una aplicación denominada INCURRIDOS. De todo esto entregamos pruebas a la Inspección de Trabajo.
2. Asimismo acreditamos con casos concretos, con ejemplos, compañeros/as que durante los meses de 2019 mostraban unas horas realizadas en el sistema de contabilización A (Rodas/hoja de trabajo) que para nada coincidía con el sistema de contabilización de horas B (Incurridos). De hecho en el primer sistema aparecían las horas teóricas y, sin embargo, en el sistema de contabilización B aparecían la multitud de horas extras realizadas. Estamos hablando que compañeros/as, incluso con jornada reducida, tienen registradas en INCURRIDOS jornadas de trabajo de 15 y 16 horas diarias, vulnerándose claramente el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo.
3. Lo expresado no sólo lo demostramos con documentación de dichos aplicativos, sino que también tiene su reflejo en los documentos de cotización ante la Seguridad Social, en los que se muestra que los compañeros/as cobran muy por encima de su salario como consecuencia del abono de horas extraordinarias camufladas.
4. También demostramos que varios compañeros/as habían sobrepasado con holgura el tope de 80 horas extraordinarias anuales. vulnerándose tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Convenio en esta materia.

Reiteramos que en manos de la Inspección de Trabajo están las pruebas de estas vulneraciones porque nuestra Sección Sindical las hizo llegar junto con la denuncia. Pues bien, hace un par de semanas, o lo que es lo mismo, prácticamente 10 meses después de haber interpuesto CSC la denuncia, la Inspección de Trabajo de Sevilla nos remite un oficio donde falla en base a lo siguiente:

Es decir, como puedes ver, la Inspección de Trabajo, lejos de investigar los hechos denunciados por CSC que vulneran el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio del Sector y que nosotros le hemos proporcionado, lo que hace es asumir como verdad absoluta lo que le señala la Empresa y convertirse en un burócrata a su servicio que le hace el trabajo sucio a la Empresa y nos deriva a ir al Juzgado.

Supuestamente la Inspección de Trabajo es un organismo público cuya misión es la de ejercerla vigilancia del cumplimiento de las normas laborales o del orden social y exigir las responsabilidades pertinentes al infractor. Sin embargo, por lo que expresa el oficio realizado por la Inspección de Trabajo de Sevilla, lo que hace es dar veracidad a lo que la Empresa le aporta, que viola los derechos de los trabajadores, y negar nuestras pruebas que acreditan la vulneración de la legislación laboral por parte de AYESA AT, y sacudirse las pulgas enviándonos al juzgado no cumpliendo con su deber y su obligación. Por supuesto, nada de investigar, le pide información a la Empresa para sacarle las castañas del fuego, ese es el indigno papel que juega la Inspección de Trabajo de Sevilla. Una vergüenza que pagamos los trabajadores con nuestros impuestos pero que no nos sirve absolutamente para nada.

Hoy la Inspección de Trabajo de Sevilla es una gestoría más que tienen las Empresas para legalizar sus ilegalidades y que los trabajadores financiamos con nuestros impuestos. Hoy la Inspección de Trabajo de Sevilla es una soberana vergüenza.

Como puedes ver nadie vendrá de fuera a impartir justicia ni a solucionar nuestros problemas. El Estado es un instrumento que sirve a la patronal para someter a los trabajadores y, como puedes comprobar en la práctica, es un instrumento clasista al servicio de la clase dominante, de los empresarios. La única salida que tenemos los trabajadores es la de construir una organización fuerte y cohesionada, donde los trabajadores participen activamente, de tal modo que construyamos una fuerza que impida a la Empresa vulnerar nuestros derechos de manera independiente del Estado.

Es momento de construir una fuerza de los trabajadores para hacer efectivos los derechos y los intereses de los trabajadores. Los trabajadores debemos dar una respuesta, por ello, te hacemos un llamamiento a organizarte e incorporarte a las filas del sindicalismo de clase para podernos confrontar a la Dirección de la Empresa, que es la fórmula que la historia y experiencia de la lucha de los trabajadores certifica para que se nos respete y podamos conquistar derechos y dar pasos hacia adelante en condiciones de vida.

¡Fortalece el sindicalismo de clase, afíliate a la Coordinadora Sindical de Clase (CSC) y participa en la mejora de nuestras condiciones de vida!

¡FORTALECE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, AFÍLIATE A CSC!

¡NO a los abusos laborales!

¡NO a los retrocesos laborales!

¡NO a la represión sindical!

SECCIÓN SINDICAL DE C.S.C. EN AYESA AT

#AENC #CCOO #UGT #traicion #FSM

... este Pacto Social regala a la patronal su histórica reivindicación (siempre rechazada por el sindicalismo de clase) de hacer depender los salarios de la productividad y del absentismo ...

Los Sindicatos de Clase del Estado Español DECLARAN:

Su total y rotundo rechazo, firme y enérgico, del citado IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Pacto que combatiremos explicando a la clase obrera del estado español todas sus características negativas. Este es uno de los acuerdos que tomamos el 10 de julio en la reunión de los sindicatos afiliados y amigos de la FSM, celebrada en Madrid a iniciativa del Secretariado de la Federación Sindical Mundial.

El nuevo acuerdo es fundamentalmente una recomendación de que los salarios aumenten alrededor del 2%, pudiendo llegar al 3% en función de la productividad y el absentismo. Esa subida, que supone una nueva pérdida de poder adquisitivo cuando el IPC oficial está ya en el 2,3%, ni siquiera está asegurada, por cuando se trata de una recomendación; de hecho ya hay casos de propuestas patronales de aumento por debajo del 2% en la negociación de los nuevos convenios. Además, la patronal ha manifestado que el acuerdo no se cumplirá si el gobierno incrementa la presión fiscal a las empresas con el aumento del impuesto de sociedades. Por todo ello, el nuevo AENC no sólo es negativo para la clase obrera, sino que puede quedar en papel mojado si así lo decide la patronal.

Inmediatamente después de firmado, los medios de comunicación y el gobierno burgués aplaudieron y bendijeron este acuerdo, presentándolo como un avance social de “profundo calado”. Además, los enemigos de la clase obrera no dudaron en afirmar que dicho Acuerdo “garantizará la paz social en las relaciones laborales”. Asimismo, este Pacto Social regala a la patronal su histórica reivindicación (siempre rechazada por el sindicalismo de clase) de hacer depender los salarios de la productividad y del absentismo, alineándose completamente con las directrices que imponen las multinacionales que deciden la política de la Unión Europea.

Tal como pasa en toda Europa, los trabajadores y trabajadoras de los países capitalistas siguen perdiendo logros históricos, adquiridos con largas luchas que supusieron sangre, asesinatos, despidos, exilios y sacrificios de nuestra clase. Al mismo tiempo, los capitalistas y las transnacionales siguen maximizando sus ganancias, acumulando riquezas en sus arcas.

No se pueden esconder, ahora menos que nunca, las responsabilidades históricas de los sindicatos amarillos que sembraron, para aplicar la Paz Social que les exigen los que les pagan las millonarias subvenciones que reciben (patronal, gobierno y la UE), la cultura de la colaboración de clases y de las mesas redondas, convirtiendo los diálogos en claudicaciones, y la expresión “lucha de clases” en palabra prohibida para todas sus actividades públicas.

Los sindicatos abajo firmantes, hacemos un llamamiento a todos nuestros afiliados en el plurinacional Estado español, a seguir luchando contra las recetas de los patrones y sus lacayos, reivindicando la satisfacción de las necesidades contemporáneas de nuestra clase. Los sindicatos de clase no podemos aceptar bajo ningún concepto ningún acuerdo que suponga una subida salarial por debajo del IPC y por supuesto no podemos aceptar que el anhelo de la patronal de hacer desaparecer la referencia del IPC se haga realidad. Por todo ello los sindicatos firmantes seguiremos luchando, cada uno en su ámbito de actuación, para mejorar las condiciones de trabajo de la clase trabajadora y para neutralizar los efectos de este acuerdo que se trata de un paso más en las políticas re-centralizadoras del Estado Español.

El nuevo proceso de negociación anunciado en la Segunda Reunión en la Moncloa, celebrada el 10 de julio, de la patronal, el gobierno del PSOE y los sindicatos amarillos, presupone dar continuidad a los pasos atrás en las conquistas de la clase obrera. De nuevo se anuncian medidas que los sindicatos amarillos no están dispuestos a llevar a las asambleas de trabajadores.

También rechazamos la sumisión de los sindicatos amarillos a las decisiones del imperialismo europeo y mundial, que también el 10 de julio inició el proceso de doblar o triplicar sus gastos militares, como OTAN, para facilitar sus intervenciones imperialistas y genocidas, que solo sirven para robar las riquezas de los países de Asia y África, y generan la necesidad de emigrar hacia los países sin conflictos armados. Emigración en la que la clase obrera de los citados continentes ve morir cada año decenas de miles de sus miembros.

Por último, convocamos a todos nuestros afiliados a solidarizarse con nuestros hermanos y hermanas del Estado español que sufren represión por su lucha sindical (detenciones, cárcel, despidos, sanciones, etc.) y reiteramos nuestra solidaridad internacionalista y de clase, que incluye la necesidad de respetar el derecho de autodeterminación de los pueblos.

Los sindicatos abajo firmantes seguiremos dando respaldo a todas las justas reivindicaciones planteadas por los sindicatos de clase, con el objetivo de alcanzar, más pronto que tarde, un cambio político y social radical para ir creando un nuevo modelo político, económico y social, sin explotación y con igualdad de derechos de todas personas.

Estado español, julio de 2.018

AST (Alternativa Sindical de Trabajadores)

CGT (Confederación General del Trabajo)

COBAS (Sindicato de Comisiones de Base)

Confederación Intersindical

COS (Coordinadora Obrera Sindical)

CSC (Coordinadora Sindical de Clase)

CSI (Corriente Sindical de Izquierda, Asturies)

CSU (Extremadura)

CSU de PyJ (Pensionistas y Jubilados)

CTA (Central de Trabajadores de Andalucía)

CUT (Aragón)

CUT (de Galicia)

ESK (Euskal Herria)

IA (Intersindical de Aragón)

IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya)

Intersindical Canaria

Intersindical CSC (Catalunya)

Intersindical Valenciana

FSC (Federación Sindical de Clase)

FSOC (Frente Sindical Obrero de Canarias)

LAB (Euskal Herria)

SAC (Sindicat de l’Administració de Catalunya)

SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores/as)

SDT (Sindicato Democrático de Trabajadores) (Málaga)

SOA-STA (Sindicato Obrero Aragonés – Sendicato d’os/as Treballadors/as d’Aragón)

Solidaridad Obrera (Confederación Sindical)

Somos Sindicalistas

STEI Intersindical (Illes Balears)

STM-Intersindical Valenciana (Sindicat de Treballadores i Treballadors del Metall)

coordinadorasindicalde.apps-1and1.net/los-sindicatos-de-clase-del-esta

Desde los sindicatos financiados por el Estado (CCOO-UGT) con subvenciones millonarias se lanzan continuamente campañas de "presión" y reivindicativas con el objetivo de inocular entre los trabajadores la aceptación del status quo de precariedad y pobreza a la que ellos mismos nos han abocado gracias a las continuas traiciones que perpetran contra la clase trabajadora, tanto en las pérdidas de condiciones laborales que firman en los convenios colectivos, como en las negociaciones a nivel del Estado de reformas laborales, reformas de pensiones, SMI, etc.

En sus campañas no ofrecen a los trabajadores la vía para resolver nuestros problemas, que no es otra que la organización y la lucha obrera contra un enemigo de clase, la patronal, que necesita incrementar el grado de explotación al que nos someten, sino que ofrecen como única alternativa la administración de la pobreza, asesorándonos en cómo paliar nuestras penurias de forma indigna con el recurso a la limosna del Estado, mientras los empresarios se forran con el robo de la plusvalía que generamos.

De esta forma, con medidas paliativas claramente insuficientes, y que son mera propaganda del Gobierno, una estafa, como la del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que llega a una minoría de aquellos que lo necesitan, tratan de impedir que los trabajadores se indignen con su situación, que se resignen con el mal menor y no se rebelen.

Así, en lugar de luchar por conseguir sueldos dignos para vivir, con sus negociaciones bloquean los sueldos para que no suban por encima del SMI, los congelan y absorben con los complementos, haya o no inflación desbocada.

De esta manera, hacen de guardaespaldas de la patronal: por un lado firman la precariedad en nuestras condiciones laborales, y por otro, hacen la labor de mantener a los trabajadores aletargados, mostrándonos el camino de la resignación mediante el acceso a recursos que no alivian nuestra situación, y a consagrar la mentira de que no se puede hacer nada.

En sus campañas, no hacen sino de meros transmisores ideológicos de la patronal, normalizan la pobreza como si fuera algo con lo que tenemos que convivir e insuflan individualismo, ofreciendo como salida mantenerse quietos a la espera de ayuda. El mismo adoctrinamiento que la patronal lleva a cabo desde sus medios de comunicación, donde la pobreza no sólo no es una tragedia, sino que la hacen pasar como positiva o reivindicativa con un neolenguaje insultante:

Adolestreinta, Sinkie: «Single Income, no kids», Trabacaciones, Friganismo, Nesting, Job-sharing, Coliving

Ser trabajador debería ser suficiente para satisfacer las necesidades vitales: vivienda, tener familia, suministros, comida, salud, educación y jubilación dignas. Que a día de hoy esto sea una excepción, es responsabilidad de estos sindicatos por su participación traidora en destruir los derechos laborales que con la lucha consiguió la clase trabajadora, y en servir de brazo ideológico, junto con los medios de comunicación, dirigidos por la patronal, con el que individualizar los problemas y ocultar la solución colectiva y de lucha organizada.

¡¡Contra las condiciones de precariedad a la que nos somete la patronal y sus sindicatos cómplices!!

¡¡Repudia a CCOO y UGT y organízate en tu centro de trabajo para barrerlos en las elecciones sindicales e impedir sus traiciones!!

Alternativa Sindical de Clase (ASC)



...las políticas realizadas por los Gobiernos del PP y del PSOE, sus reformas laborales, han servido para que los empresarios ganen 98.474 millones de euros más en estos últimos 10 años de crisis, pagando 10.000 millones de euros menos en salarios, todo ello con 1,1 millón menos de trabajadores y con un 42% menos de horas de trabajo, 77,66 millones de horas menos que en 2008. Eso sí, las familias obreras del estado español obtienen por su trabajo 28.058 millones de euros menos, acrecentándose la miseria de los trabajadores y la desigualdad social.

El pasado mes de julio, la Encuesta de Población Activa señalaba que en España “se han recuperado el 58% de las horas trabajadas antes del estallido de la crisis en 2008”, esto significa que en el estado español, en julio de 2018, se trabajan 72,66 millones de horas menos de las que se trabajaban hace una década, en el año 2008.

En el mes de abril de este año, el INE señalaba que las empresas españolas no financieras obtenían unas rentas por valor, o lo que es lo mismo plusvalías robadas a los trabajadores, que ascendían a la cuantía de 267.680 millones de euros, esto es unos 98.474 millones de euros más de las rentas por valor de las que obtenían antes de que estallase la crisis en 2008. Por el contrario, las rentas de las familias obreras, las rentas del trabajo, han perdido 28.058 millones de euros con respecto al año 2008. Asimismo, los empresarios destinan 10.000 millones de euros menos en salarios hoy si comparamos con 2008.

En materia de empleo, en el estado español se han perdido 522.622 puestos de trabajo en los últimos 10 años y según el INE en marzo de 2018 se habían destruido 1,1 millones de puestos de trabajo si lo comparamos con el nivel de empleo existente antes del estallido de la crisis.

¿Qué nos dicen estas cifras? Pues un mensaje muy claro: las políticas realizadas por los Gobiernos del PP y del PSOE, sus reformas laborales, han servido para que los empresarios ganen 98.474 millones de euros más en estos últimos 10 años de crisis, pagando 10.000 millones de euros menos en salarios, todo ello con 1,1 millón menos de trabajadores y con un 42% menos de horas de trabajo, 77,66 millones de horas menos que en 2008. Eso sí, las familias obreras del estado español obtienen por su trabajo 28.058 millones de euros menos, acrecentándose la miseria de los trabajadores y la desigualdad social.

Los trabajadores no sólo son más pobres, y las rentas del trabajo han perdido peso con respecto de las rentas del capital, sino que su trabajo es menor y más precario. De hecho, si se compara el cierre de 2008 con el de 2017 comprobamos que el número de ocupados que trabaja entre 1 y 9 horas semanales es hoy un 12% mayor y los trabajadores que trabajan de 10 a 19 horas a la semana son casi un 20% menos. 

Ese es el rostro del PP y del PSOE, sus políticas económicas y sus reformas laborales. Pero también es el rostro del sindicalismo vertical de CCOO y de UGT, sindicatos financiados por el Estado al servicio del gran capital que no ha dudado en adaptar los distintos convenios colectivos sectoriales a lo impuesto por las reformas laborales, que han empleado la propia reforma laboral para despedir a sus propios trabajadores, y que han firmado EREs a mansalva, de tal modo que entre 2012 y 2016 casi 1,2 millones de trabajadores se han visto afectados por EREs, despidiéndose a 235.914 trabajadores entre febrero de 2012 y noviembre de 2016. De hecho los EREs – por los que cobran CCOO y UGT si los acuerdan y firman y hemos de recordar que el 92,7% de los EREs se cierran con acuerdo – han sido unos de los instrumentos más eficaces por la Reforma Laboral de Rajoy para tirar por tierra los salarios. 

CCOO y UGT firmaron hace un par de meses el IV AENC donde consagran la reforma laboral y garantizan el actual marco laboral, totalmente adverso para los trabajadores, asumiendo plenamente la política laboral del PP, de tal modo que, tras la llegada al gobierno español del PSOE, ambos sindicatos se han alineado con el Gobierno y han renunciado explícitamente a que se derogue la reforma laboral que tantos efectos nocivos y tanto daño ha hecho a la clase obrera.

Es el momento de que el sindicalismo de clase acumule y unifique sus fuerzas, se extienda y se erija como la única alternativa sindical que realmente tenemos los trabajadores en el estado. Un sindicalismo militante, un sindicalismo combativo y de clase, un sindicalismo enemigo del burocratismo y del verticalismo que abrazan el reformismo y adecuar la vida de nuestra clase social a los intereses de los capitalistas; un sindicalismo internacionalista, antiimperialista y antifascista, enemigo de las guerras imperialistas que hacen los estados para saquear las riquezas naturales de otros pueblos y países del mundo donde los monopolios y las multinacionales se lucran con la guerra y la muerte de los trabajadores, un sindicalismo que desde el internacionalismo proletario luche por la unidad de todos los trabajadores del mundo que es la mayor garantía de la paz, en definitiva, un sindicalismo cuya aspiración es la unión y la organización de la clase obrera al objeto de imponer sus intereses económicos y políticos y que sea instrumento de la clase obrera para superar la explotación del hombre por el hombre y avanzar hacia un modelo socioeconómico superior donde todas las necesidades humanas sean satisfechas y donde la explotación sea erradicada.

En esa dirección y ante esta realidad, los sindicatos de clase tenemos una responsabilidad enorme en este país en aglutinar fuerzas, en sumar a los trabajadores y organizar dicha unidad desde la base, que son los centros de trabajadores, y construida por los mismos trabajadores en la dirección mencionada. La reunión del pasado día 10 de julio celebrada en Madrid por la FSM, y sus conclusiones, van en el camino que hemos mencionado anteriormente y es la hoja de ruta que corresponde al momento histórico en el que nos encontramos para conseguir el fortalecimiento del proyecto sindical de clase que requerimos y necesitamos los trabajadores en el estado español.

En este sentido, desde CSC estamos comprometidos con la senda marcada en la reunión del pasado día 10 de julio y trabajaremos generosamente junto con todos los sindicatos hermanos para hacerlo realidad. Nuestro avance es, y será, el avance de la clase obrera, y por consiguiente, el retroceso y la derrota de los explotadores y del sindicalismo traidor que firma los despidos colectivos de los trabajadores, que asumen las reformas laborales antiobreras, y que son un instrumento necesario – y bien remunerado – para que los empresarios se enriquezcan a costa de la explotación, de la miseria de nuestra clase.

Amazon intenta sistemáticamente canalizar el 6% de sus empleados de oficina fuera de la empresa cada año, utilizando procesos incrustados en el software propietario para ayudar a cumplir con un objetivo de rotación entre los trabajadores de oficina de bajo rango, una métrica que Amazon llama "deserción no lamentada", según documentos internos de la empresa vistos por The Seattle Times.

Los documentos ponen de manifiesto hasta qué punto los procesos de Amazon se asemejan a la controvertida práctica de gestión de la clasificación por categorías -en la que los empleados son calificados por comparación con los demás en lugar de contra una descripción del trabajo o los objetivos de rendimiento- a pesar de la insistencia de Amazon en que no participa en la clasificación por categorías. Los documentos también ponen de manifiesto que gran parte de los procesos de recursos humanos de Amazon dependen de aplicaciones y algoritmos, incluso entre los empleados de la empresa.

Y proporcionan la imagen más detallada hasta ahora de cómo Amazon utiliza los planes de mejora del rendimiento para canalizar a los empleados de baja clasificación fuera de la empresa. La empresa espera que más de un tercio de los empleados con planes de mejora del rendimiento fracasen, según muestran los documentos. Amazon ha dicho anteriormente que sus planes de mejora del rendimiento no están destinados a castigar a los empleados.

Las políticas descritas en los documentos revisados por The Seattle Times se aplican a los trabajadores de oficina de la empresa, que constituyen una minoría de los aproximadamente 950.000 empleados de Amazon en Estados Unidos. Los almacenes de Amazon sustituyen a los trabajadores con mucha más frecuencia, según ha informado The New York Times: Antes de la pandemia, las tasas de rotación anual en los almacenes de Amazon alcanzaban el 150%.

Amazon dijo que parte de la documentación revisada por The Seattle Times no fue creada por el equipo central de recursos humanos de la empresa y contiene terminología obsoleta. Sin embargo, no discutió que los documentos describen las políticas internas de Amazon.

Un portavoz de Amazon también dijo que caracterizar su sistema de gestión del rendimiento como una clasificación por pilas es inexacto. 

"No hacemos, ni hemos hecho nunca, una clasificación por lotes de nuestros empleados. Esta no es una práctica que Amazon utilice", dijo la portavoz Jaci Anderson, en un correo electrónico. Dijo que el objetivo del proceso de revisión del desempeño de la compañía es "dar a los empleados más información y conocimientos para seguir creciendo en sus carreras en Amazon."

Expertos familiarizados con los procesos de Amazon no están de acuerdo con la postura de la empresa de que no clasifica a los empleados por orden de importancia. Informes anteriores de Business Insider también han encontrado que Amazon califica a los empleados en una curva.

El sistema de evaluación del rendimiento de Amazon "obliga [a la empresa] a encontrar los defectos de las personas en lugar de fijarse en sus puntos fuertes", dijo el veterano reclutador de la industria tecnológica Chris Bloomquist, cofundador de The Talent Mine de Seattle. "¿Si tengo 10 personas brillantes, pero la menos brillante es despedible? Eso es una estupidez".

La insistencia de la empresa en que no practica la clasificación por pila es "una mentira descarada", dijo Bloomquist.

En los últimos años, muchas empresas han abandonado la clasificación por pila tras la reacción de los empleados. Los críticos del sistema sostienen que contribuye a la discriminación salarial y de ascensos, genera una cultura laboral tóxica y perjudica la innovación. Microsoft abandonó esta práctica en 2013. GE, cuyo antiguo director general, Jack Welch, es conocido como el creador del sistema de clasificación por categorías, lo abandonó a principios de la década de 2000.

Amazon fue noticia en 2016 cuando dijo que había "simplificado radicalmente" su proceso de revisión del rendimiento tras la publicación de un artículo del New York Times en el que los empleados de Amazon describían las revisiones del rendimiento como un gantlete draconiano en el que eran sometidos a una retroalimentación punitiva.

Uno de los ajustes de Amazon fue dejar de establecer objetivos de "desgaste no lamentable", es decir, el número de empleados de bajo rendimiento que abandonan la empresa cada año, según tres directivos actuales y antiguos de Amazon.

El cambio, sin embargo, duró poco.

En 2018, Amazon volvió a tener un objetivo de "deserción no lamentada" del 6%, según el testimonio jurado de un especialista en recursos humanos de Amazon en una audiencia de marzo relacionada con una disputa del Departamento de Trabajo e Industrias de Washington.

Un abogado interrogó a la empleada de recursos humanos de Amazon, Eilis Murphy, sobre el significado del término.

"¿Cómo lo expreso? No se consideran necesariamente una pérdida. No nos arrepentimos de que se vayan", dijo Murphy. Durante la pandemia, el objetivo se redujo temporalmente al 4,1% para dar a los directivos "un poco más de margen para no tener que ser tan estrictos en la forma de aplicar nuestra gestión del bajo rendimiento", añadió. El objetivo actual de Amazon de "desgaste no lamentable" es del 6%, según Murphy y un documento de recursos humanos de Amazon de 2020 visto por The Seattle Times.

Anderson, el portavoz de Amazon, no respondió a una pregunta sobre por qué Amazon dejó temporalmente de hacer un seguimiento del "desgaste no lamentado" tras la publicación del artículo del New York Times.

Un director de Amazon Web Services, que pidió que no se le nombrara porque no está autorizado a hablar con los medios de comunicación, dijo que la empresa reanudó el seguimiento de cuántos empleados de bajo rango abandonaron la empresa en parte para incitar a los gerentes a dedicar tiempo a abordar los problemas de bajo rendimiento entre sus subordinados.

Algunos expertos dicen que las herramientas de gestión de personal de Amazon son un retroceso a filosofías de recursos humanos anticuadas.

"Es la vieja clasificación de la pila con un nuevo giro automatizado", dijo Anna Tavis, profesora de gestión de capital humano de la Universidad de Nueva York, en respuesta a una descripción del contenido de los documentos. "Están automatizando la función de gestión más importante: el desarrollo y el entrenamiento de los empleados, ayudando a la gente a mejorar y a rendir".

Amazon recomienda a los directivos de equipos de más de 50 personas que distribuyan las calificaciones de rendimiento en una curva, con un 20% de los empleados calificados como "de primer nivel" y el 5% de menor rendimiento como "menos eficaz", según las imágenes de las diapositivas de una presentación impartida a los directivos vistas por The Seattle Times. La presentación no tiene fecha, pero parece ser de finales de 2020 o principios de este año, basándose en las diapositivas que describen el calendario de revisión del rendimiento de 2021.

A través del panel de control interno de la empresa, llamado Ivy, el departamento de recursos humanos de Amazon exige a los gerentes que "inicien un entrenamiento documentado" con los empleados de bajo rango o, de lo contrario, vean el asunto elevado a su jefe, según la presentación.

Ivy es "el sitio más visitado" dentro de la empresa, con tres millones de visitas diarias, según un reciente anuncio de empleo de Amazon. Ivy se puso en marcha hace unos 18 meses, según Anderson, pero no se había informado de su existencia. 

La presentación advierte a los directivos de que "eviten los actos antinaturales que puedan socavar la imparcialidad o la credibilidad" del sistema de evaluación del rendimiento, como "ajustar el rendimiento o las calificaciones potenciales para cambiar a un empleado [mejor clasificado] a la categoría de menos eficaz sólo para cumplir una distribución recomendada".

Los directivos también deben "evitar las comparaciones con otros empleados (por ejemplo, la "clasificación por acumulación")", aconseja la presentación. Anderson también dijo que la orientación de la empresa es que los gerentes evalúen a los empleados con respecto al estándar de rendimiento.

Sin embargo, los directivos calculan una puntuación de "valor global" de 28 puntos para cada uno de sus subordinados, calificándolos en base a dos rúbricas: una escala de siete puntos para el cumplimiento de las responsabilidades de su función, y una escala de cuatro puntos para la comparación de su potencial de logro con el de otros empleados, según la presentación y un memorando interno, titulado "Q12021 Talent Evaluation Packet", visto por The Seattle Times.

El memorándum da instrucciones a los directivos para que pregunten: "Al pensar en las futuras contribuciones de este empleado en comparación con otros, ¿dónde lo situaría?" En la rúbrica, 1 es "por debajo de la media" y 4 es "excepcional".

Una herramienta en Ivy divide a los empleados en cinco escalones de rendimiento en función de su puntuación de 28 puntos y proporciona "guías de discusión a medida" para apoyar las conversaciones sobre compensación y promoción, según la presentación.

Las calificaciones de rendimiento de Amazon se utilizan principalmente para determinar cómo se distribuyen los aumentos anuales, dijo el director de AWS. Según su experiencia, los gerentes no son penalizados si no se adhieren a la distribución de la calificación del 20% en la parte superior y el 5% en la parte inferior de Amazon. "No es realista pagar a todo el mundo en la parte superior de la banda [salarial], por lo que el ejercicio de calificación ayuda a los gerentes a tomar decisiones de compensación basadas en datos", dijo.

Los empleados que no aprueban el programa Focus entran en un último plan de mejora del rendimiento, llamado Pivot, que da a los trabajadores la opción de aceptar una recompra o volver a intentar mejorar. Si optan por intentar mejorar y fracasan, su indemnización por despido se reduce, según un formulario de entrada a Pivot de 2019 obtenido a través de una solicitud de registros públicos. Los empleados pueden apelar ese resultado, pero si apelan sin éxito, su indemnización por despido se reduce de nuevo.

Dentro de Amazon, el sentimiento hacia el proceso de revisión del desempeño de la compañía es mixto. Algunos empleados afirman que la práctica de la empresa de puntuar a los trabajadores entre sí y presionar a los de menor rendimiento mejora el nivel general de competencia.

Las revisiones anuales de Amazon son un ejercicio útil para sacar a la luz los datos sobre el rendimiento, dijo el director de AWS.

"Las conversaciones para mejorar el rendimiento nunca son fáciles, especialmente para los nuevos directivos", dijo. "La idea es proporcionar datos, y el camino para abordar las brechas". Dijo que describiría el sistema de gestión de empleados de Amazon como un ranking de pila, pero dijo que no creía que el término mereciera una mala reputación.

Otros empleados de Amazon han dicho que el proceso de revisión del rendimiento de la empresa sigue siendo un reto y es antitético para el desarrollo de la carrera de los trabajadores. Una ex gerente, que pidió no ser nombrada para mantener las relaciones con las personas que todavía están en la empresa, dijo que recientemente dejó Amazon en parte porque abogar anualmente por salvar los puestos de trabajo de sus subordinados era "agotador", dijo.

"Cuando tienes que elegir a tus empleados, no está bien", dijo.

Traducido by Joya

Original: www.seattletimes.com/business/amazon/internal-amazon-documents-shed-li

Para ver las repercusiones a medio plazo de la implantación de un nuevo modelo productivo basado en el teletrabajo, podemos observar lo que viene ocurriendo en los países más avanzados tecnológicamente, adelantados en su despliegue.

Como muestra el artículo de El Confidencial con el caso de Facebook en EE.UU., el cambio a un modelo productivo donde predomine el teletrabajo supondría para las empresas la oportunidad de pagar menos a aquellos trabajadores ubicados en las zonas geográficas donde el coste de vida es menor, ofreciéndoles un salario más reducido acorde al coste de vida de la zona de residencia. O lo que es lo mismo, es una fórmula para tirar los salarios de los trabajadores por tierra.

También especula el artículo con la traslación a la realidad de nuestro país, que se caracteriza por unas brechas salariales entre las capitales, Madrid y Barcelona principalmente, y el resto de las provincias. Si bien el artículo especifica que la medida adoptada por Facebook de imponer un sueldo en función de la residencia del empleado no tiene encaje legal en nuestro país, su objetivo, el de aprovechar la brecha salarial entre regiones, es perfectamente alcanzable por la precariedad salarial del convenio colectivo sectorial, gracias a la firma de las centrales sindicales a sueldo de la patronal, CCOO y UGT, donde los sueldos mínimos son tan bajos que incluso quedan por debajo del SMI.

La aceleración que ha dado el estado de alarma a la implantación del teletrabajo en las empresas, convierte en una realidad ya la posibilidad para las empresas de aprovechar la brecha entre regiones para bajar los sueldos. La prueba evidente de ello la tenemos en la adaptación que los portales de empleo ofertando trabajos de teletrabajo exclusivo:

tecnoempleo.com: Trabajo remoto: Nuevos tiempos, nuevas formas de trabajar

Las empresas del sector TIC ya trataron anteriormente de aprovechar esta brecha salarial regional con la estrategia de las Software Factory, abriendo delegaciones en ciudades de provincias que preferentemente contarán con una universidad que les proveyera de ingenieros a menor precio que en la capital.

El teletrabajo podría ser visto con buenos ojos por muchos trabajadores de provincias que por su arraigo no pueden o quieren dar el salto a las grandes capitales para trabajar, pensando que supondrá un incremento en el número de ofertas a su alcance respecto a las que tenían antes del teletrabajo. Sin embargo, a día de hoy, puesto que los avances tecnológicos permiten desvincular completamente a un trabajador de un espacio de trabajo concreto, la realidad que se dibuja es la de un mercado de trabajo globalizado donde no hay fronteras, que alcanza a cualquier parte del mundo que disponga de infraestructura de telecomunicaciones. Esto básicamente supone abrir el mercado laboral a nivel mundial, la incorporación masiva de nuevos demandantes procedentes de países en proceso de desarrollo, con trabajadores que alcanzan niveles técnicos equiparables, y con derechos laborales inexistentes, que entran así a competir por unos puestos de trabajo reducidos, lo que por oferta y demanda se traduce en una grave reducción de sueldos.

Igualmente, la desvinculación empresa/trabajador que trae el nuevo modelo de producción permite la fuga de las empresas a terceros países buscando esquivar sus obligaciones fiscales. Aunque no es un fenómeno nuevo, siendo Irlanda un ejemplo de atracción de empresas tecnológicas por las ventajas fiscales, el teletrabajo permite que el país de destino no tenga que disponer de un sistema educativo que provea de trabajadores cualificados.

La estrategia de generalizar el teletrabajo supone una vuelta de tuerca en el proceso de deslocalización para alcanzar a cada trabajador individualmente. De igual forma que se hizo en el pasado con las fábricas, trasladando la producción del sector industrial al continente asiático, con el modelo denominado globalización, y que persiguió abaratar costes laborales localizando las fábricas en países con mano de obra más barata, ahora la deslocalización también alcanza a cualquier sector donde el trabajo se realice desde un equipo informático, e igualmente busca la maximización de las ganancias empresariales a costa de la precarización, la bajada de salarios, y supondrá mayores tasas de desempleo.

 ¡FORTALECE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, AFÍLIATE A CSC!

¡NO a los abusos laborales!

¡NO a los retrocesos laborales!

¡NO a la represión sindical!

SECCIÓN SINDICAL DE C.S.C. EN AYESA AT

Planificación patronal acelerada por el COVID-19

El despliegue del teletrabajo del que hemos sido testigos por Real Decreto ha supuesto, según un estudio, pasar del 4,8% de los empleados durante 2019, al 34%. Es cierto que tal empuje ha venido obligado por la situación de urgencia derivada de la pandemia, pero pese a la improvisación, se ha podido ver que el mismo ha sido bastante rápido, relativamente fácil y exitoso, constatándose la madurez de los avances tecnológicos que lo hacen posible, así como el alto grado de incorporación que ya habían adoptado las infraestructuras de las empresas, que les ha permitido llevar a cabo semejante transición en tiempo record.

Y es que, a poco que indaguemos, se puede ver que los empresarios, de forma organizada, llevan ya algunos años diseñando, incorporando y definiendo cómo poder sacar partido de todos esos avances tecnológicos que permiten abandonar el trabajo presencial (las negritas son nuestras):

En 2015 Telefónica puso fecha de caducidad para este año 2020 al puesto de trabajo físico: Nativos digitales: un punto de inflexión en el mercado laboral en 2020

• En estos momentos se está moldeando la futura fuerza laboral del año 2020. Entre otras muchas cosas, cambiará drásticamente nuestra mentalidad sobre cómo y dónde trabajamos y todo apunta hacia un nuevo entorno, en el cual el lugar, el horario, los compañeros y las actividades no necesariamente coincidirán. El “lugar de trabajo” perderá su condición de espacio físico (esa mesa en la que colocar un marco con fotos de los niños…) y pasará a ser el “momento de trabajo”

También en 2015, desde Oxford Economics animaban a las empresas a adoptar los avances tecnológicos para modificar su política de recursos humanos, en su informe Fuerza laboral 2020. La inminente crisis de talento

• Están ocurriendo grandes cambios en el lugar de trabajo. La naturaleza del empleo en sí está en pleno proceso de transformación. Y lo mismo ocurre con la composición de la mano de obra, a medida que el ingreso de la generación millennial junto con la globalización y el cambio social aumentan la diversidad de los empleados. Entender estos cambios y adaptarse a los mismos resulta fundamental para gestionar la fuerza de trabajo de 2020, pero hacerlo requerirá que las empresas adopten un enfoque más estratégico de recursos humanos y se equipen de las herramientas adecuadas para gestionar el nuevo lugar de trabajo.
• Un considerable 83% de los ejecutivos dice que está aumentando el uso de consultores, empleados intermitentes, o trabajadores contingentes*. Estas nuevas relaciones requieren que las empresas manejen a los trabajadores en nuevas formas. Nuestra encuesta muestra que el aumento de las posiciones fuera de la nómina está forzando el cambio en las empresas, y un 42% dice que está afectando su estrategia de fuerza de trabajo.
• * contratistas independientes, empleados a tiempo parcial, o empleados temporarios o subcontratados

En un post de 2016, La fundación para la Investigación sobre el derecho y la empresa, se expresaban con estas líneas maestras ¿Es hora del Teletrabajo y del Smart Working?:

• Estas fórmulas van mucho más allá del mero teletrabajo ya que el trabajo se realiza en los lugares más adecuados (no estrictamente la oficina o el domicilio del trabajador) y opera la flexibilidad y la autonomía como norma y la conectividad plena y horario casi continuo. Con carácter inicial, los Smart workers pueden tener distintas relaciones jurídicas con las empresas (algunas serán contratos de trabajo, otras relaciones civiles o mercantiles por proyecto, otros serán empleados de empresas contratistas o incluso autónomos o freelance).

Como se puede ver, desde los Think-Tank empresariales llevan todo este tiempo estudiando, definiendo y afinando fórmulas de nuevos modelos productivos con el fin de aprovechar la flexibilidad que las nuevas tecnologías permiten. Unas fórmulas que buscan obtener mayores ganancias en base a dinamitar las relaciones laborales, transformarlas en relaciones empresariales, sustituyendo el trabajo por cuenta ajena por falsos autónomos o subcontratación, llevándose consigo los pocos derechos que aún tenemos los trabajadores, y donde las oficinas van a quedar obsoletas.

Beneficios para la patronal del nuevo modelo productivo

Los beneficios para la patronal que incorpora el teletrabajo son múltiples:

• Traslado de costes de producción a los trabajadores: Alquiler de espacios, vigilancia, mantenimiento, limpieza, suministros agua, luz, climatización, telecomunicaciones, equipos informáticos, mobiliario y material de oficina.
• Ahorro en costes de viajes con las reuniones a distancia
• Prolongación de jornadas por la falta de desconexión digital
• Atomizar a los trabajadores, fomentar el aislamiento de los mismos y debilitar la organización sindical de los trabajadores. 
• Aumento de la productividad ( El teletrabajo, más productivo que el trabajo en la oficina)
• Bajada de sueldos al facilitar la competencia con demandantes de empleo de paises emergentes

Si bien todos estos beneficios ya incentivan a que las empresas tiendan a abandonar el trabajo presencial, donde realmente se generan beneficios en el nuevo modelo es con la figura del falso autónomo, también llamado proceso de uberización del trabajo, con la que los empresarios:

• Ahorran en pagar seguridad social, mutuas y servicios de prevención de riesgos
• Reducirán los alquileres a la mínima expresión.
• Impondrán el trabajo a destajo, que podrán planificar sin importar vacaciones, fines de semana ni festivos, ni horarios, ni descansos.
• Incrementarán los ritmos de trabajo. Puesto que el objetivo de la patronal es el de pagar por trabajo y no por jornada de trabajo - tiempo de trabajo - para que la Empresa asigne más trabajo el trabajador, ya bajo la fórmula de freelance o autónomo, deberá acelerar los ritmos de trabajo. 
• Bajarán aún más los sueldos, pues al no tener el empresario obligación de proporcionar trabajo efectivo para la jornada completa, ni obligación de indemnizar el despido, podrá jugar la baza del chantaje del hambre, al poder repartir las tareas entre el número de trabajadores disponibles, aumentando la competencia entre ellos, por hacerlo a menor precio y en menos tiempo para poder así completar el sueldo del mes, chantaje que no podremos evitar si queremos tener tarea al día siguiente.

Esto básicamente significa retroceder a tiempos pasados, donde cada día el señorito paseaba por la plaza del pueblo para elegir de entre los jornaleros presentes a aquellos que ese día iban a echar la “peonada”. Evidentemente nos podemos olvidar de ponernos enfermos o cobrar prestaciones por desempleo, indemnizaciones por despido, etc...

Riesgos psicosociales para los trabajadores

En contraposición a los beneficios de la patronal, para los trabajadores, lo que inicialmente pudiera parecer atractivo en cuanto a las posibilidades de conciliación y ahorros de tiempo y gastos de transporte que proporciona, tras estos meses de su uso forzado por la pandemia poco a poco nos vamos dando cuenta de una realidad no tan favorable:

• costes económicos de producción soportados por los trabajadores que antes recaían entre los deberes legales del empresario
• falta de desconexión que alarga las jornadas e impide el descanso
• vigilancia y seguimiento paranoico de las tareas que genera sobrecarga con tareas burocrático-administrativas improductivas
• nuevos modelos de evaluación continua con periodicidades más corta
• falta de interacción con los compañeros que genera aislamiento y una merma en el bienestar psicológico
• fatiga digital por la barrera de la comunicación a distancia que obliga al escribir o usar herramientas para resolver tareas simples con mayor esfuerzo
• sedentarismo
• mayor tiempo encerrados con menos posibilidad de descanso mental

es decir una modificación total de las costumbres de la vida cotidianas propicias para el incremento del estrés, el mal humor y las tensiones familiares entre parejas e hijos, al compartir el espacio familiar, que podría volverse explosivo para la salud mental, favorecer divorcios y adicciones, etc.

Uberización del trabajo.

Estas fórmulas se empezaron a implantar ya desde la anterior crisis del 2008 en algunos sectores, en lo que han venido denominando economía colaborativa, economía digital, plataformas digitales o, más despectivamente, uberización, por parte de los que padecen sus consecuencias. Empresas de servicios como Uber, Cabify, Glovo, Amazon Flex, en los sectores del transporte, mensajería, del comercio, han sido las pioneras en desplegar el Smart Working (Smart Job), como una versión “mejorada” del teletrabajo, que apoyándose en las infraestructuras de telecomunicaciones y las aplicaciones web y móviles (plataformas) han redefinido el funcionamiento de las Empresas, desligándolas de sus obligaciones fiscales y laborales, de manera que sin perder el control de la producción ni de sus trabajadores, pasan a ser mediadores entre los prestadores de los servicios, el trabajador, que realiza, y el consumidor, que lo recibe. Con este modelo la precariedad y la explotación se amplifica, consiguiendo un trasvase de riqueza desde los trabajadores hacia la clase empresarial, como ya hicieron anteriormente con la generalización de las ETT, el trabajo temporal, o las subcontratas.

Implantación internacional

Los monopolios empresariales, una vez han comprobado la efectividad para sus intereses de estos nuevos modelos de producción, tratan de generalizarlos al resto de las compañías y de países, para lo cual acuden a los organismos internacionales en los que se organizan y determinan la producción a nivel mundial, desde donde expanden el "caso de éxito", contando con la diligencia y complicidad de los gobiernos y las instituciones nacionales para su despliegue legal. Así en 2018 durante la Cumbre del G20 en Buenos Aires los países imperialistas aprobaron una declaración titulada “Building consensus for fair and sustainable development” donde marcaban la hoja de ruta a seguir con respecto del trabajo futuro:

• 7. Seguimos comprometidos con la construcción de un futuro del trabajo inclusivo, justo y sostenible promoviendo trabajo decente, formación profesional y desarrollo de habilidades, incluida la recapacitación de trabajadores y la mejora de condiciones laborales en todas las formas de empleo, reconociendo la importancia del diálogo social en esta área, incluido el trabajo entregado a través de plataformas digitales (…)
• 9. Para maximizar los beneficios de la digitalización y las tecnologías emergentes para un crecimiento innovador y productividad, promoveremos medidas para impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas y empresarios, cerrar la brecha digital de género y una mayor inclusión digital, apoyar la protección al consumidor y mejorar el gobierno, la infraestructura y la medición de lo digital en el terreno económico. Reafirmamos la importancia de abordar los problemas de seguridad en el uso de las TIC. (…) Damos la bienvenida al Repositorio de Políticas Digitales del G20 para compartir y promover la adopción de Modelos innovadores de negocio de economía digital. Reconocemos la importancia de la interfaz entre el comercio y la economía digital. Continuaremos nuestro trabajo de inteligencia artificial, tecnologías emergentes y nuevas plataformas de negocios.”

El documento dibuja una clara agenda a los estados firmantes para el despliegue tecnológico y la promoción de Modelos innovadores de negocio de economía digital, plataformas digitales, las microempresas y empresarios. Es decir la generalización de la Uberización y la precariedad, como nuevos modelos productivos que sustituirán a los actuales.

El nuevo Estatuto de los Trabajadores

La actualidad informativa pone de manifiesto cómo la planificación diseñada por las oligarquías está cumpliéndose a rajatabla por las instituciones del Estado Español. El pasado mes de diciembre, en el documento llamado «Coalición progresista, Un nuevo acuerdo para España», donde PSOE y Unidas Podemos pactaron no derogar las reformas laborales, se constató la decisión de crear un nuevo Estatuto de los Trabajadores:

• 1.2.- Elaboraremos, previo diálogo con los agentes sociales, un nuevo Estatuto de los Trabajadores que compagine la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XXI y el reconocimiento de nuevos derechos de los trabajadores propios de la realidad económica, social y laboral actual, con la necesaria competitividad empresarial y el papel de la negociación colectiva como elemento de reequilibrio necesario.

Un texto que pretende dar cabida a este nuevo modelo productivo (actualmente ilegal, que choca con la justicia. véase el conflicto del taxi, de los riders, o de las viviendas de alquiler turístico), que con la excusa de defender a los trabajadores, en realidad estará legalizándolo con restricciones, sabiendo que dichas restricciones son papel mojado (el ET es la legislación que impunemente más se incumple), y que se perderán en el camino de los juzgados, si es que compensa al trabajador acudir a ellos, como ya ocurre con muchos otros derechos como la reducción de jornada, adaptación, cobrar horas extras, permisos de maternidad/paternidad, sindicación, ... cuya mera sospecha de su ejercicio suponen el despido fulminante.

Los agentes sociales, mejor dicho, los lacayos de la patronal. 

También muestra el documento del G20 la importancia que otorgan las grandes empresas, las multinacionales, a un ingrediente fundamental para introducir en la sociedad "las bondades" de estos nuevos modelos: El diálogo social. Siendo los agentes sociales actores fundamentales para teatralizar la traición, sellando un acuerdo que pretende representar a toda la sociedad, pero donde los trabajadores no están representados por nadie, con UGT y CCOO siervos de la patronal, ejemplos firmes de sindicatos vendidos: subvenciones multimillonarias, comisiones por despedir masivamente (EREs), accionistas titulares de la gestión de carteras de pensiones patronales, y corruptos reconocidos por la justicia, o en vías de serlo.

Ante el anuncio del gobierno de regular el teletrabajo obligando a la patronal a compensar los gastos a los trabajadores, la patronal ha desplegado su habitual chantaje, al que el gobierno ha respondido confirmando quíen manda realmente (un mes prolífico para verlo, también con la caida del impuesto a los ricos), condicionando este asunto a su negociación bajo la mesa del diálogo social. Evidentemente la patronal como a cualquiera, no le gusta que le cambien sus planes, y no podía renunciar a una de las mejores ventajas del nuevo modelo: trasladar los gastos de producción a los trabajadores. Con la llamada al orden al gobierno, para que se decida esto en la mesa de diálogo social, y con la cuerda atada en corto a la contraparte “dialogadora”, la patronal se garantiza que el falso diálogo social favorezca sus intereses.

Ante esta dialéctica, los sindicatos amarillos de la patronal (UGT y CCOO) tratan de ganarse su caramelo, arrogándose la iniciativa de la negociación para ganarse la confianza de los trabajadores, cuando en realidad son meras comparsas al dictado de la patronal y su planificación. Ahí podemos encuadrar sus urgentes propuestas de renegociación del XVIII Convenio Colectivo de consultoría, para incluir la normativa sobre el teletrabajo. Esa iniciativa que ha llevado a tener el convenio 10 años paralizado, pero que ahora parece que les entra un fervor negociador, curiosamente justo cuando más le interesa a la patronal, antes que el experimento del teletrabajo masivo haga que los trabajadores vean la trampa en la que han caído.

El Ingreso mínimo vital

La aprobación el pasado 10 de Junio de la medida del Ingreso Mínimo Vital ha generado numerosas muestras de apoyo y aprobación desde estamentos sociales que ideológicamente deberían estar en contra. La aprobación se produjo sin el voto en contra de ningún partido, incluso con la abstención del partido de "la paguita", de un parlamento que ha dado sobradas muestras de estar teledirigido por el IBEX 35.

La clave de esta aceptación podemos encontrarla nuevamente en las palabras de la propia patronal sobre el nuevo modelo productivo que están imponiendo. En diciembre de 2017 Miguel Rodríguez-Piñero Royo de PwC, Catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla y asesor jurídico de AYESA AT, publicaba en el diario 20minutos el siguiente artículo: “Economía colaborativa y empleo decente” donde consciente de la precariedad máxima a la que llevan a los trabajadores los nuevos modelos productivos, abogaba por legalizar con un nuevo Estatuto para los que denomina working poors, por un lado, a la vez que propone que se les complemente el sueldo desde el estado, con nuevos mecanismos de tutela, al no ser el sistema de Seguridad Social adecuado a un trabajo de cotización mínima:

• “Hay que plantearse qué modelo de economía colaborativa queremos, particularmente desde la perspectiva del empleo. Hay riesgos reales de que pueda convertirse en un factor de precarización, uno más, generando empleos de escasa calidad y convirtiendo a sus trabajadores en working poors. (…) Una mayoría de los trabajadores de plataformas son, desde el punto de vista del Derecho del Trabajo vigente, autónomos. Esto es un problema, porque nuestra legislación para este tipo de trabajo es a todas luces insuficiente para asegurarle unos niveles adecuados de ingreso y de calidad de vida profesional. Reconocerlos como trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE), como se ha hecho en algunas plataformas, no basta. Seguramente tendremos que plantearnos un nuevo estatuto de trabajo autónomo digital, con obligaciones más claras para las empresas implicadas y una extensión de ciertos aspectos del trabajo asalariado … Tampoco nuestro sistema público de Seguridad Social es adecuado para proteger a los trabajadores en plataformas, ya que exige períodos de seguro de larga duración. Cuando el trabajo no te da para vivir, porque es lo que algunas plataformas te ofrecen, es necesario pensar otros mecanismos de tutela”.

El diario digital de PYMEs y autónomos autonomosyemprendedor.es publicaba el pasado 30 de mayo un artículo valorando positivamente la medida del Ingreso Mínimo Vital aprobada por el Gobierno, artículo que se titulaba “Los autónomos también podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital” de donde destacamos las propias palabras del vicepresidente

• De hecho, esta compatibilidad de la medida con otro tipo de ingresos, incluidos los derivados de una actividad económica, es una de las características más importantes de la prestación “y que la distingue de otro tipo de rentas de inserción social que existían hasta el momento” dijo el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en la rueda de prensa posterior al Consejo. De esta forma, la prestación no sólo cubre a aquellas personas que estén desempleadas, sino también a personas que trabajen, bien por cuenta propia o ajena, siempre y cuando tengan unos ingresos lo suficientemente bajos.

De ambos extractos podemos ver cómo la nueva legislación del gobierno sigue al pie de la letra las peticiones de la patronal de introducir esos nuevos modelos productivos, a sabiendas del nivel de precariedad que van a añadir, y de la necesidad de complementar los ingresos de esos trabajadores pobres con nuevas prestaciones.

Como ocurre con otras subvenciones estatales como la ayuda al alquiler de jóvenes, que pasa a los propietarios que elevan la renta para quedársela, o las ayudas a la compra de coches, que mediante la subida de precios pasa a manos de los fabricantes, el Ingreso Mïnimo Vital no es más que un complemento salarial, compatible con los autónomos (incluidos los falsos), que incentiva la bajada de salarios, que terminará siendo un complemento que el Estado regala a los empresarios. Como tal, podemos entender que la propuesta de implantar un Ingreso Mínimo Vital no solo no causa rechazo entre la patronal y sus voceros, sino que surge de ella misma. 

La cuestión es tan evidente que incluso ya la propia Dirección de UGT lo está denunciando: 

UGT avisa de que las empresas pueden aprovechar el ingreso mínimo vital para rebajar los salarios

Esto supone un nuevo paso para acrecentar las desigualdades, traspasando las riquezas producidas por los trabajadores a una minoría elitista que, que ahora ya apenas si paga impuestos, pero que ya ni siquiera pagará los sueldos. Con este panorama resultante al que nos acercamos, sólo nos queda hacer una última pregunta: Si los trabajadores producimos la riqueza, y de lo que generamos pagamos los impuestos, pagamos los sueldos, ponemos los medios de producción, y rescatamos a las empresas en pérdidas ¿Para qué se necesitan los empresarios?

¡Qué no te engañen ni los empresarios ni aquéllos cuyo modus vivendi es la traición de los trabajadores! 

¡Fortalece el sindicalismo de clase, afíliate a CSC!

SECCIÓN SINDICAL DE C.S.C. EN AYESA AT



El carácter de clase del Estado español se muestra cada día más abiertamente. Por mucho que algunos pretendan esconder su esencia, son constantes las muestras que dejan claro una y otra vez que la transición fue una farsa para instaurar una monarquía parlamentaria, que puso como jefe del Estado al heredero del franquismo (convertido hoy en un ladrón huido) y sin ninguna depuración del régimen predecesor en ningún momento (ni en las fuerzas de seguridad, ni en el poder judicial, etc.) Por tanto, actualmente, el franquismo sigue completamente institucionalizado.

Ha tenido que venir esta vez una jueza argentina a destapar, nuevamente, las vergüenzas de la judicatura nacional y acusar de crímenes de lesa humanidad a altos cargos franquistas, entre otros Rodolfo Martín Villa, ex procurador en las Cortes franquistas, vinculado con el Sindicato Vertical durante la dictadura, llegando a ser presidente del Sindicato nacional de Papel, Prensa y Artes Gráficas, acusado por algunos de haber ordenado destruir los archivos pertenecientes a la antigua Falange Española Tradicionalista y de las JONS, con la intención de destruir así pruebas incriminatorias, conocido popularmente como “la porra de la Transición”​ debido a la excesiva dureza que las fuerzas de seguridad empleaban para reprimir manifestaciones obreras y estudiantiles y acusado de ser parte responsable de la intensa actividad parapolicial que se desarrolló a lo largo de estos años con una nutrida implicación de organizaciones fascistas.

Ante esta acusación, los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han dirigido a la jueza argentina cartas de apoyo a Martín Villa.

A esta infame lista se suman también ‘líderes’ sindicales como Nicolás Redondo (UGT), Antonio Gutiérrez (CCOO), Cándido Méndez (UGT) y José María Fidalgo (CCOO), todos ellos ex-secretarios generales de UGT y CCOO respectivamente, mostrando la verdadera cara de estas organizaciones como cómplices absolutos de la represión que ha sufrido y sufre la clase trabajadora.

Todo esto demuestra claramente la complicidad de las cúpulas de estos sindicatos traidores con la impunidad franquista, impunidad que dura más de 4 décadas gracias a la Ley de Amnistía del 77, a pesar de las exigencias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del Parlamento Europeo o del Consejo de Europa a los distintos gobiernos españoles de juzgar los crímenes franquistas.

Para que el franquismo haya continuado institucionalizado hasta día de hoy, hace falta la colaboración entre franquistas y oportunistas, porque son estos últimos quienes pactaron que el fascismo siga viviendo y esté muy presente en las instituciones, quienes apoyan ya abiertamente a ex altos cargos franquistas y no se cansan de defender las ‘bondades’ de la transición, que no fue más que una gran traición a la clase trabajadora y demás clases populares del Estado español.

Ahora CCOO y UGT se suman de manera más explícita si cabe aún a esta lista de cómplices del franquismo, y de esta forma muestran sin quererlo a la clase trabajadora cuál es el camino a seguir: Acabar con estas instituciones traidoras y reaccionarias.

Sólo acabando con el oportunismo en el seno de la clase trabajadora, ésta podrá organizarse en la defensa de sus derechos. Es hora de romper con organizaciones que no nos representan y organizarse bajo el sindicalismo de clase.

¡FORTALECE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, ÚNETE A CSC!

www.elindependiente.com/espana/2022/03/08/el-gobierno-aprueba-subida-1

El pasado 9 de marzo, desde UGT hicieron público un comunicado con el asunto “NO A LA GUERRA: Hoy paramos 5 minutos y guardamos silencio”, campaña estatal realizada por los sindicatos financiados por el Estado y la Unión Europea (CCOO-UGT), donde supuestamente quieren manifestar su rechazo a la GUERRA haciendo un llamado a los trabajadores y trabajadoras a parar 5 minutos y guardar silencio. “Paro” inducido por el Gobierno y apoyado por los Empresarios, los cuales, tanto unos como otros, están en un bando de la guerra: en el de los monopolios norteamericanos y de la UE.

Este sindicato financiado por el Estado y la UE, y estimulado por empresarios y Gobierno, convoca a la clase obrera a:

Abundando en que “el pueblo ucraniano”:

Ese pueblo ucraniano con el que hoy se solidarizan conoce los rigores de la guerra, del crimen y de la persecución ideológica y política desde el golpe de estado del Maidán en 2014, perpetrado por los fascistas ucranianos con el apoyo de la Unión Europea y de los EEUU. Esos mismos fascistas que incendiaron la Casa de los Sindicatos de Odessa en mayo de 2014, incendio en el que murieron asesinadas 42 personas, que ilegalizaron las ideas de los trabajadores –tanto sindicatos como los distintos partidos comunistas existentes en Ucrania– y donde el Estado ucraniano, apoyado por la UE y EEUU, ha cometido todo tipo de atropello contra la clase obrera en ese país. En todo este tiempo no hemos visto a los sindicatos CCOO y UGT rechistar sobre las vulneraciones de los Derechos Humanos, el terrorismo de estado, la persecución política y étnica perpetrada por el Estado ucraniano. Si de verdad les hubiera importado algo el pueblo trabajador ucraniano estos sindicatos (CCOO-UGT), bien financiados por la UE y el Estado español, no hubieran esperado hasta ahora para denunciar la grave situación de la clase trabajadora ucraniana y hubiera movilizado a los trabajadores del Estado español contra esta realidad que se impone en dicho país ucranio desde hace casi una década.

Dice UGT que “ningún ser humano debe sufrir el horror de una guerra”. Y tiene toda la razón. Ningún ser humano debe sufrirlo, ya sea de Libia –donde CCOO y UGT apoyaron la guerra y callan hoy sobre sus consecuencias, o de cualquier parte de este planeta, Palestina, Siria, Mali, Sudán, etcétera– y, sin embargo, CCOO y UGT no han planteado paros, ni mucho menos huelgas, a pesar de que ahí también sufren y mueren precisamente aquellos que pertenecen a nuestra clase social.

Y es que las guerras las organizan los grandes empresarios para repartirse el botín y mueren los trabajadores que son a los que lanzan a los campos de batalla a matarse entre sí. Trabajadores de un lado y de otro morirán, ya sea por el efecto de las bombas o del hambre, mientras que los grandes empresarios de uno y otro lado verán cómo se enriquecen a costa de la sangre de la clase trabajadora.

Esta guerra no se hace por desnazificar Ucrania –como falsamente dice Putin– ni por defender una libertad y una democracia que en Ucrania no existen, como dicen la UE y EEUU. Aquí la guerra se está haciendo para tratar de dar impulso a un sistema económico inviable y moribundo, aquí la guerra se hace para que unas potencias hegemónicas en lo económico adquieran esa hegemonía en lo financiero y en lo político, aquí la guerra se hace para que los tiburones hagan negocio a costa de robar a los trabajadores del mundo hasta la extenuación, y lo estáis pudiendo ver con una inflación disparada y, más claramente, en el surtidor de gasolina, donde los dueños del mundo encarecen artificiosamente los recursos necesarios para la vida de los trabajadores con absoluta impunidad, demostrando que ellos son los únicos que sacan partido de la guerra, como lo demuestra, por ejemplo, Warren Buffet que recientemente –hace un par de semanas– invirtió 4.100 millones de dólares en la petrolera Chevron.

CCOO y UGT están engañando a los trabajadores y trabajadoras. Ellos abiertamente se han posicionado con el Gobierno que envía armas a uno de los dos contendientes en la guerra, abiertamente se han posicionado con un bando, con el bando de Warren Buffet y del gobierno de las grandes empresas europeas, la Unión Europea, la misma que lleva décadas haciendo políticas en contra de los trabajadores, en contra de los pensionistas, en contra de los servicios públicos y a favor de todo tipo de privatización y saqueo a los trabajadores españoles y de Europa.

CCOO y UGT si estuvieran de verdad en contra de la guerra, exigirían al Gobierno que deje de mandar armas al Estado ucraniano –armas que, en muchos casos, caen en manos nazis, como el batallón Azov, infame por sus crímenes contra la población–, exigirían al Gobierno que desplegase una ofensiva diplomática para que la guerra cesara, exigiendo la neutralidad absoluta de España, y, sobre todo, movilizarían a la clase trabajadora para confrontarse contra un Gobierno que llama a un pacto de rentas para que los trabajadores seamos los paganos del coste de la guerra, como hemos sido los paganos de sus crisis económicas y de la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias. Paganos todo ello con la firma de CCOO y UGT y ahí está la vergonzosa Reforma Laboral firmada hace unos meses.

CCOO y UGT con el paro de 5 minutos pretenden mostrar una imagen, que los trabajadores y trabajadoras de este país están con el Gobierno y con el bando de la guerra de la OTAN y la UE. CCOO y UGT no están contra la guerra, como falsamente dicen, sino que están ganándose las subvenciones y las prebendas a costa de estafar a los trabajadores y conquistar una fotografía con la que el Gobierno pueda decir que los trabajadores y las trabajadoras del Estado español están en el bando de los bancos, de las petroleras, de la OTAN, de EEUU y de Warren Buffet.

Os remitimos al comunicado de ASC de asunto “¡NO A LA GUERRA! ¡FUERA LAS TROPAS RUSAS DE UCRANIA! ¡NI OTAN, NI GUERRA, NI MISERIA!”.

Sólo los trabajadores organizados y unidos como clase podremos frenar la guerra y acabar con la barbarie a la que nos están llevando la plutocracia mundial y su criminal sistema económico.

¡Fortalece el sindicalismo de Clase, fortalece a la Federación Sindical Mundial (FSM), afíliate a la Alternativa Sindical de Clase (ASC)!

• En 2012, CCOO y UGT pactaron con la patronal en el II AENC (Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva) buena parte de las medidas más nocivas que posteriormente se incluirían en la reforma laboral de Rajoy.
• Desde entonces, en el periodo 2012-2020 la revisión salarial ha estado desligada de la inflación mediante pactos entre UGT-CCOO y la patronal en los AENC y posteriormente trasladados a los convenios colectivos.
• Para 2022, donde el BdE prevé una inflación superior, los sindicatos siguen proponiendo alzas salariales desligadas del IPC, y por debajo de éste.
• La inflación es una forma de redistribuir la riqueza hacia los empresarios.

Por una cuestión de lógica aplastante, las subidas del coste de la vida deberían repercutir automáticamente en subidas salariales, de lo contrario los contratos de trabajo firmados estarían dando una contraprestación económica cada vez menor para un mismo trabajo realizado. 

Para compensar estas pérdidas de poder adquisitivo se han venido incluyendo cláusulas de garantías salariales en los convenios colectivos. La lógica imperante, sin embargo, es justo la contraria. En un régimen capitalista como el actual, donde el Estado, sus gobiernos, leyes e instituciones están para beneficiar a la clase económica más adinerada, la lógica es que los trabajadores se empobrezcan cada vez más y, para ello, se procura eliminar esas cláusulas de los convenios. Así, la inflación se convierte en una forma de redistribuir la riqueza de los trabajadores hacia los empresarios. De manera que si no queremos ver reducidos los salarios, el Estado y sus leyes nos obligan a organizarnos en torno a un sindicato que movilice, luchar, hacer huelgas restringiendo nuestros ingresos vitales, y todo ello mientras se esquiva la represión del propio Estado, así como las traiciones de los sindicatos regados con dinero público (véase la reciente huelga del metal en Cádiz). Todo ello para que se actualizen los sueldos conforme al coste de la vida, algo que como decimos no tendría porque estar en cuestión cada año.

De esta forma, la legislación laboral española tiene relegadas las actualizaciones salariales al resultado de la negociación colectiva, es decir, están en manos de unos sindicatos corruptos financiados generosamente por las arcas públicas.

Situación general

Según publicó el diario El País el pasado día 17, actualmente, solo 1,2 millones de trabajadores tienen cláusula de garantía salarial, es decir sólo un 15,65%, frente al 70% de los trabajadores que estaban cubiertos por esta cláusula antes de 2008.

El artículo se ilustra con una gráfica donde se observa la evolución decreciente de esta cláusula en los últimos años. Se ha dado la vuelta totalmente a la tortilla en favor de la patronal.

En el mismo artículo aparece la excusa esgrimida por esos sindicatos para esta traición. Su argumento:

“Influyen siempre las crisis, pero la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy dio a las empresas toda la fuerza en la negociación”

El propio gráfico desmiente estas palabras, pues se ve cómo desde 2008 viene reduciéndose las garantías salariales. Pero tanto la crisis de 2008 como la reforma laboral de 2012, fueron la excusa para ir eliminando esas cláusulas de los convenios colectivos, pues justo en un período donde la inflación ha sido baja e incluso negativa, no tenía ningún sentido eliminar esas cláusulas de revisión salarial. Sin embargo, ahora cuando la inflación se ha desbocado los trabajadores estamos padeciendo las consecuencias de aquella traición en diferido.

Los AENC

Porque a esta situación a la que nos han llevado con respecto a las cláusulas de revisión salarial no está motivada por una cuestión de pérdida de fuerza de los trabajadores derivada de una reforma laboral, sino que más bien es al contrario. Tal situación corresponde a una planificación acordada previamente por la patronal y los sindicatos CCOO y UGT, a través de la firma consciente, voluntaria, premeditada y reiterada de los llamados Acuerdos para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Unos acuerdos que se instauraron entre patronal y sindicatos mayoritarios como marco de referencia de medidas a llevar a la negociación de todos los convenios sectoriales, y que se anticiparon a la reforma laboral en sus medidas más nocivas. Es decir, los sindicatos llevan años engañando a los trabajadores y escurriendo su responsabilidad en la precariedad vigente, achacándola a una reforma que ya habían aceptado con antelación, traicionando a los trabajadores, que nos han reiterado estar combatiendo todo este tiempo y que finalmente han aceptado con su firma en la nueva reforma laboral, retocada con medidas cosméticas.

Así, en enero de 2012 se firmó el II AENC, para el periodo 2012-2014, y como pusimos de relieve en el análisis que surgió del trabajo de un grupo de sindicatos sobre el II AENC, los sindicatos CCOO y UGT asumían en la práctica cada una de las medidas que posteriormente en febrero de ese año se implantaron en la reforma laboral de Rajoy:

• preeminencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales (medida que usan como excusa para la merma de fuerza en la negociación así como la pérdida de la ultraactividad)
• capacidad de los sindicatos firmantes de llegar a acuerdos en empresas donde no tienen representación legal (medidas que recientemente también ha incluido el Gobierno progresista en las últimas leyes sobre Planes de Igualdad)
• posibilitar a los empresarios para realizar modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo (MSCT) en base a previsión de disminución de beneficio futuro (es decir, según el criterio del empresario que hace las cuentas), tanto en la forma de rebajas salariales como cambios de jornada y aumento de su duración
• sustitución de las categorías profesionales por divisiones funcionales, facilitando el robo a los trabajadores pagando salarios de categorías inferiores a las funciones reales, definidas de forma ambigua para imposibilitar su reclamación judicial
• “subidas” salariales del 0% para 2012, 0,5% para 2013 y 0,6% para 2014

Es decir, la pérdida de las cláusulas de garantía salarial fue un acuerdo previo entre la patronal y los sindicatos a su servicio. Así como el resto de medidas precarizadoras que ellos achacan a la reforma, y que han ido incorporando a los convenios colectivos sectoriales.

Estos acuerdos fueron renovados en 2015, desde CSC analizamos sus consecuencias, y posteriormente en 2018, que también desmenuzamos junto a otros sindicatos de clase del Estado. Destaca en estos la continuidad de trasladar a los convenios colectivos unos incrementos salariales inferiores al IPC, y desligados de éste:

Lo que sí es cierto es que la fuerza en la negociación de estos sindicatos hace mucho tiempo que la perdieron, pero de forma voluntaria, con su renuncia explícita a movilizar a los trabajadores, con la renuncia a revertir cada una de las reformas laborales, y finalmente asumiéndolas, junto con sus medidas precarizadoras, que ha propiciado que haya cada vez más temporalidad, cada vez menos trabajadores en convenio, y finalmente unos convenios negociados cada vez con más pérdidas de derechos laborales. 

Continúa la hipocresía. Firman pérdidas de poder adquisitivo, mientras te dicen que no lo van a permitir y negocian las siguientes pérdidas.

Llegamos al año 2021 con la inflación dispara del 6,7%, y con las cláusulas de garantía salarial desactivadas de los convenios, gracias a los AENC firmados por los sindicatos CCOO y UGT, lo que ha ocasionado la pérdida de 5,2 puntos respecto al IPC en la media de subidas salariales, llegando apenas al 1,47%, y quedando muy por debajo del 2% marcado por el último AENC (2020). Un efecto endiablado pactado durante años que aflora ahora con la desorbitada alza de precios y deja a los trabajadores literalmente vendidos. Sin embargo, para ocultar su complicidad en ello, simulan defender a los trabajadores de lo contrario de lo que han firmado

La patronal fiel a sus intereses sigue haciendo llamamientos a la "moderación salarial" y pide evitar las subidas, no contentos con las graves pérdidas infligidas a los trabajadores.

Por contra, los sindicatos verticales, deseosos de cumplir el papel que le otorga la ley para validar los deseos de la patronal, y que tan buenos beneficios les reportan, vuelven a reeditar en la negociación del AENC para 2022, “exigencias” de subidas salariales, de menos del 3%, desligadas del IPC y por debajo de éste, para un año donde la inflación se espera superior a la de 2021. 

Es decir la escenificación de todo un teatro con costes millonarios en subvenciones para corromper a los sindicatos y que firmen lo que la patronal les diga, en un tema como las subidas salariales que por ley deberían estar ligadas automáticamente a la inflación. De esta manera el Estado encubre supuestamente con “negociaciones” entre entidades con “representatividad democrática”, la toma de decisiones sobre el reparto de la riqueza, que en realidad toma la patronal consigo misma, a costa del resto de la población.

No es de extrañar, por tanto, que los sindicatos vendidos de CCOO y UGT tengan en la patronal uno de sus mejores defensores frente a los trabajadores que sí están dispuestos a movilizarse, y ésta sea un invitado especial en los propios congresos sindicales:  

Con estos sindicatos amarillos vendidos los trabajadores vamos a seguir perdiendo cada vez mas derechos y nuestras condiciones de vida seguirán adentrándose en la miseria, pues la oligarquía tiene claro quienes vamos a costear la crisis perpetua a la que lleva el capitalismo. Sólo expulsando del movimiento obrero a estas organizaciones corruptas que impiden que los trabajadores se unan, se podrá retomar la senda de lucha y confrontación contra esos capitalistas a los que sirven, pues es la única forma de impedir sus deseos de acaparar toda la riqueza que producimos. Para ello, debemos implicarnos personalmente en la organización, con la que construir de nuevo la movilización de la clase trabajadora que necesitamos.

¡Fortalece el sindicalismo de clase, afíliate a la Alternativa Sindical de Clase (ASC)!

La Coordinadora Sindical de Clase suscribe y difunde el comunicado de la Federación Sindical Mundial que a continuación reproducimos.

La Federación Sindical Mundial (FSM), que representa a más de 92 millones de trabajadores en todo el mundo, denuncia enérgicamente el asesinato de Soumaila Sacko, sindicalista de USB Unione Sindacale di Base, sindicato miembro de la FSM, que fue asesinado a tiros el 3 de junio. Este asesinato, posterior al de Abdel Salam en Piacenza, otro trabajador migrante que también fue asesinado, se suma trágicamente a una larga serie de acciones racistas, xenófobas y antisindicales, desencadenadas por las políticas de la Unión Europea y del Estado burgués italiano. No es casualidad que este asesinato haya tenido lugar pocas horas después de las declaraciones racistas del nuevo ministro del Interior italiano, Matteo Salvini.

Esta vez, el asesinato a sangre fría de nuestro hermano ocurrió en los campos de Calabria, donde trabajan y viven más de 4000 trabajadores migrantes. Una vez más, la FSM declara que la respuesta de clase debe ser la lucha conjunta de trabajadores migrantes e italianos unidos contra el sistema capitalista que genera pobreza, guerras y refugiados desarraigados.

Como movimiento sindical internacional clasista llamamos a todos los trabajadores migrantes a unirse a los sindicatos de clase y luchar por un trabajo y una vida digna. Al mismo tiempo, apoyamos a USB en la convocatoria de una manifestación nacional en Roma, el 16 de junio.

La gran familia de la FSM extiende sus más sinceras condolencias a los parientes, familiares y amigos de nuestro hermano Soumaila Sacko.

El secretariado

En diferentes comunicados, la Sección Sindical de UGT en AYESA AT os ha hablado de la huelga indefinida convocada por ellos desde el 18 de mayo. Huelga, por otro lado, que ni los propios delegados de UGT en AYESA AT han secundado.

El pasado 21 de septiembre, la Sección Sindical de UGT en AYESA AT en Twitter fijaba un tweet dirigido a sus creadores –la Dirección de la Empresa (@AyesaNews)– y a las diferentes instancias del sindicato UGT donde, a lo mejor, alguno de los delegados de UGT en AYESA AT pretende hacer "carrera".

Seguramente este tweet está realizado con el objetivo de trepar dentro de las estructuras de ese sindicato subvencionado por el Estado –al servicio de muchos departamentos de RRHH de las empresas, como por ejemplo pasa en AYESA AT–, sindicato salpicado por múltiples casos de corrupción a lo largo y ancho de la geografía española y que, sin ir más lejos, la Justicia le ha impuesto una fianza a su fracción andaluza, el sindicato UGT-A, de 40 millones de euros por el desvío de las subvenciones en Andalucía.

Los/as trabajadores/as de AYESA AT sois plenamente conocedores de todos los detalles de la huelga llevada a cabo por CSC, desde el 18 de mayo al 17 de julio de 2020, de tal modo que te hemos informado, semana a semana, de las convocatorias, los motivos de la huelga, la composición del Comité de Huelga, de las actas de conciliación celebradas en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y de lo que en dichos actos se trataba. Transparencia total.

Sin embargo, de la huelga indefinida convocada por UGT –que ni los propios convocantes han secundado– los trabajadores desconocemos por completo la convocatoria y los motivos reales esgrimidos por los convocantes, desconocemos completamente la composición del Comité de Huelga y, también, desconocemos por completo qué ocurrió en la conciliación que en mayo celebraron en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) con la empresa. Contrasta la transparencia total de CSC con la opacidad absoluta de UGT.

El parasitismo es algo propio de la Patronal, de los empresarios, que se nutren de la apropiación de la plusvalía generada por los trabajadores. Ese parasitismo es heredado por los oportunistas, aquellos que anteponen los intereses particulares a los intereses de la clase. El oportunismo es creado por los empresarios y le sirve a éstos para dividir a los trabajadores para inocular la ideología de la patronal –de la burguesía– en el seno de la clase trabajadora, en definitiva, es una forma mediante la cual los empresarios corrompen ideológicamente a los trabajadores y nos desnaturalizan. Valores como el egoísmo, el individualismo, la desconfianza, son inoculados directamente por la Empresa a través de sus medios, entre los cuales se hallan los sindicatos amarillos que, en el caso de AYESA AT, sin duda alguna, desempeñan este papel tanto UGT como CCOO.

El pasado 24 de septiembre la Sección Sindical de UGT os remitió un comunicado en el que os hace una exhibición de parasitismo:

Y es que hay que tener muy poca vergüenza aseverar eso cuando, en conjunto, entre los 12 delegados del Comité de Empresa de UGT y sus 2 delegados sindicales, únicamente, han hecho 4 jornadas de huelga entre el 18 de mayo y el 31 de julio.

Sólo los 8 delegados del Comité de Empresa por CSC y nuestros 2 delegados sindicales –es decir cuatro personas menos– hemos hecho 42 jornadas de huelga entre el 18 de mayo y el 17 de julio, de la huelga que convocamos CSC, no de la huelga indefinida. ¡Ahí tenéis el parasitismo de UGT! No sólo no secundan la huelga sino que se apropian del trabajo y de la huelga que realizan los demás.

Os adjuntamos una imagen que resume bien lo acontecido y que pone a cada uno en su lugar:

Mirando el conjunto de los 12 delegados del Comité de empresa de UGT -más sus 2 delegados sindicales-, entre el 18 de mayo y el 31 de julio –periodo en que tenían convocada la huelga indefinida, que aún mantienen convocada– comprobamos no sólo que no han secundado su propia huelga, sino que han cobrado en ese periodo 2.120,03 euros más de lo que por sus salarios correspondería. Es decir, que no sólo no se han conformado con esquirolear su propia huelga, sino que han tenido que trabajar de más –desconocemos si haciendo horas extraordinarias o mediante otra fórmula– para poder cobrar esa cantidad de más. Nos preguntamos, ¿acaso UGT ha tenido la desvergüenza de convocar una huelga indefinida mientras sus delegados no sólo la esquiroleaban sino que, además, hacían horas extras y/u otro tipo de trabajo? Deberían rendir cuentas ante la plantilla si tuvieran un mínimo de vergüenza y de decencia. Desde CSC no esperamos que hagan ese ejercicio porque sabemos que si algo no tiene UGT en AYESA AT es vergüenza.

La huelga es uno de los instrumentos más potentes que tenemos los trabajadores. Sin duda alguna los trabajadores, a golpe de huelgas y confrontación contra las empresas, fruto de la organización de los trabajadores al margen y sin influencia alguna de la patronal y su Estado, conquistaremos mejoras y progreso social, hecho corroborado por la historia. En AYESA AT no es una excepción, y la única manera de avanzar es mediante el fortalecimiento de la organización de los trabajadores –que es la Coordinadora Sindical de Clase (CSC)– y la confrontación franca y abierta contra la Empresa y su política nefasta y explotadora. UGT en AYESA AT envilece la huelga, la traiciona, y la muestra ante los trabajadores como inservible, como algo que ni ellos mismos se creen, ese es el papel que tiene que jugar el oportunismo para servir a los intereses de los empresarios y dejar totalmente desguarnecidos e indefensos a los trabajadores, pues les golpean en lo más importante: la ideología y la ética.

Los hechos muestran en qué lado está cada uno, quién está con los trabajadores y quién con la empresa, quién está únicamente con sus bolsillos y quiénes estamos por que los trabajadores avancemos en conjunto y como clase, quiénes traicionan a los trabajadores y quiénes vamos con los trabajadores y sus principios hasta el final. En la línea que separa la honradez y la podredumbre, CSC está en el lado de la honradez, los principios y la dignidad y UGT está en el lado de la miseria moral, de la indecencia y de la podredumbre.

¡Fortalece el sindicalismo de clase, afíliate a la Coordinadora Sindical de Clase (CSC)!

 ¡FORTALECE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, AFÍLIATE A CSC!

¡NO a los abusos laborales!

¡NO a los retrocesos laborales!

¡NO a la represión sindical!

SECCIÓN SINDICAL DE C.S.C. EN AYESA AT

El pasado 4 de junio tuvo lugar en un céntrico hotel de Sevilla una nueva edición de la reunión general que everis viene organizando anualmente en nuestra ciudad mediante la cual sus directivos ofrecen a los presentes la visión empresarial de la actualidad del negocio tanto a nivel internacional como local. 

Como en años anteriores, la dirección presentó mediante ilustrativas diapositivas un aluvión de cifras relativas a plantillas, incorporaciones, salidas, estimaciones, proyectos, etc. Pero lo novedoso en esta ocasión fue el enfoque común que los principales oradores dieron a sus ponencias ensalzando las virtudes de la Inteligencia Artificial (Artificial Inteligence, AI) y laAutomatización de Procesos (Robotic Process Automation, RPA) áreas del conocimiento que, a tenor de lo expresado, debemos considerar como las dos partes integrantes del maná del mundo empresarial del siglo XXI que traerá un futuro desbordante de prosperidad.

A modo de macabra introducción intervino Juan Garay, socio de centros y apoderado de everis Spain S.L. desde octubre de 2017. Interpretando la historia como a los dueños de los medios de producción les interesa, Garay se sumó a todo ese ejército de organizaciones e individuos que, como la poderosa Fundación para la Tecnología de la Información e Innovación de Estados Unidos -financiada por gigantes corporaciones como Google, Dell o Microsoft que compiten con el PIB de muchos países- aprovechan cualquier ocasión (y la reunión general era idónea) para criminalizar el movimiento obrero cuando éste se rebela ante tanta injusticia y sufrimiento. 

Así, el responsable de producción de everis Centers hizo un relato descalificador acerca de lo que se ha dado en llamar ludismo, un movimiento espontáneo de obreros destructores de máquinas surgido entre 1800 y 1830 en Inglaterra. Olvidó mencionar el señor Garay que aquella era “[...] una década de guerra contra Napoleón [que] disparó el desempleo, así como los precios de los productos cotidianos. La clase trabajadora sufría una fuerte crisis económica y los dueños de la potente industria textil del norte de Inglaterra buscaron reducir costes mediante la bajada de los salarios de sus trabajadores y la introducción de nueva maquinaria que suponía prescindir de parte de la mano de obra para obtener un producto más barato pero de peor calidad. Con los sindicatos prohibidos y perseguidos desde 1800, el movimiento ludita surgió el 11 de marzo de 1811 en Arnold, cerca de Nottingham. Después de ser reprimida por el ejército una protesta que demandaba más trabajo y mejores salarios, esa misma noche una turba destruyó 63 telares automáticos que reemplazaba la fuerza de trabajo de los tejedores”. 

Lo que no olvidó señalar el señor Garay, tal y como dejó explícitamente dicho ante casi 600 trabajadores, suponemos que en un intento de amedrentar al personal, fue el final que les deparó a aquellos luditas cuyo único delito fue luchar como sabían y podían para que se les respetase su sustento de vida: la pena de muerte. Efectivamente, “La respuesta del Gobierno británico fue implacable. 12.000 soldados se desplegaron para luchar contra los luditas, superando en número a las tropas enviadas a la península ibérica para luchar contra Napoleón. El parlamento aprobó en 1812 una ley que castigaba con pena de muerte la destrucción de máquinas. Al menos 30 luditas fueron ahorcados y más de 60 fueron desterrados a Australia”. 

Pero la cosa no se quedó en una mera revisión de la historia sino que advirtió a todo aquel que ose ir en contra de la sacrosanta automatización que correrá la misma suerte de castigo que los luditas del siglo XIX. Vemos una vez más que la empresa y su sindicato CCOO añoran aquellos años en los que los trabajadores eran brutalmente reprimidos por el hecho de defender sus derechos.

Tirando de hemeroteca, podemos leer que everis es pionera en las áreas de IA y RPA, habiendo definido su “Modelo de Pensamiento Productivo” ya en el año 2010; un concepto que, en palabras de Rodrigo Catalán, director ejecutivo del departamento homónimo “nos hace capaces de transformar y exponenciar los beneficios a grandes organizaciones”. Por su parte, Rodrigo Zambón, responsable de BPO Américas de everis, explica que el Pensamiento Productivo “es mejorar la calidad de los productos mitigando los riesgos y disminuyendo los costos del negocio [...]”. Por si los eufemismos anteriores no nos dieran suficientes pistas sobre las implicaciones que tiene la automatización para los trabajadores, el portal CIOPERU, cuyo fin es “brindar a los líderes de Tecnología de la Información y Comunicaciones [...] la información más precisa relacionada con las aplicaciones de las tecnologías de la Información (TI) en la gestión empresarial, en busca de facilitarles el logro de sus objetivos empresariales”, nos lo explica con total claridad: “[...] el Pensamiento Productivo permite eficiencias exponenciales, como una reducción de costos de entre el 20% al 40% y una reducción en la planilla -o contratos con terceros- de hasta el 80%. Con esta visión, por ejemplo, se logró que una empresa de transporte redujera sus FTE (la cantidad de empleados necesaria para realizar una tarea) en un 80% [...]”.

Por su parte, las reflexiones de David Pereira, responsable de arquitectura digital de everis España e inteligencia artificial de everis Europa, hechas para el diario del negocio digital Kilpell01 son también muy reveladoras. Por un lado, señala que “McKinsey predice que un tercio de las tareas se automatizarán en cerca del 60% de los trabajos. Un informe de la Casa Blanca de 2016, por su lado, señalaba que el 83% de los trabajos por debajo de los veinte dólares la hora iban a desaparecer. Estos son los más alarmistas. En mi opinión, la IA todavía está en una fase de madurez muy temprana. Más que sustituir a los humanos, les dará apoyo. Todavía falta mucha regulación en este campo y un debate ético y moral.” para inmediatamente después afirmar que ”Los trabajos más mecánicos serán los más susceptibles de ser sustituidos por la IA [...]”.

Fernando Francés, entrevistado por ABC en 2006, hizo una sorprendente revelación: “Hay un socio que dice que esta compañía es el sueño de Marx, pero hecho por gente de derechas. Es verdad. Todos somos dueños de la compañía. Todos los empleados somos accionistas. Si las cosas van bien, van bien para todos. Si van mal, van mal para todos. Sin embargo, somos gente de derechas. Normalmente, cuando las personas de izquierdas, que tanto enarbolan esto, lo intentan hacer, no saben” . Esas declaraciones del que fue uno de los socios fundadores de everis tienen mucha enjundia. 

Para empezar, el señor Francés falta descaradamente a la verdad al meter en el mismo saco a dueños y ‘empleados’. En el sistema socioeconómico actual, los primeros son los propietarios de los medios de producción mientras que los segundos -trabajadores asalariados o proletarios- no poseen más que su fuerza de trabajo, que se ven obligados a vender al patrón de turno. En una sociedad así ni las relaciones sociales ni las relaciones laborales se basan en una especie de justicia universal. El dueño tiene el poder, el asalariado no.

En segundo lugar, sus palabras tienen un marcado carácter político alineándose públicamente con la derecha, a pesar de lo que decía Benito Vázquez -recién nombrado responsable adjunto de NTT Data para Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y América Latina- a EL INDEPENDIENTE en 2017 de que “Ni los políticos tienen interés en escuchar a los empresarios ni viceversa”; a pesar de la extensa y polimórfica carrera política del actual presidente del grupo everis Eduardo Serra, ocupando cartera en elMinisterio de Defensa en el año 1982 con la UCD, pasando por la etapa socialdemócrata del PSOE como Secretario de Defensa hasta coronar en el gobierno del PP de Aznar la cartera de Ministro de Defensa, cuando puso en marcha despilfarradores Programas Especiales de Armamento que dejaron un agujero de más de 30.000 millones de euros en las arcas del Estado; a pesar de los, por ejemplo, 32 millonarios contratos que solamenteel Ayuntamiento del cambio de Barcelona firmó con varias empresas del grupo everis el año pasado. Curiosa definición que le da el señor Vázquez al términointerés.

Volviendo al asunto de la transformación digital, las señales del peligro que se cierne sobre la clase trabajadora son incontestables y no provienen únicamente de esa izquierda de la que tanta aversión siente el señor Francéssino de informes económicos elaborados por los mismos empresarios y grupos de opinión que tanto enarbolan la bandera de la automatización. Veamos unos cuantos ejemplos:

La OCDE "ya avanzó que más de 60 millones de trabajadores correrán el riesgo de ser reemplazados por máquinas en los próximos años. Y es queel 14% de los empleos en los países desarrollados son altamente automatizables” mientras que “otro 32% de empleos sufrirán cambios sustanciales por la influencia de la tecnología y la robótica. [...] En España, el porcentaje de empleos listos para escapar de manos humanas asciende al 20%, es decir, la tecnología puede destruir uno de cada cinco empleos”. 

Otro informe demoledor es el que elaboró el Departamento de Macroeconomía, Área de Planificación Estratégica y Estudios de Caixa Bank, entidad nada sospechosa de ludismo. “Según sus estimaciones, un 43% de los puestos de trabajo actualmente existentes en España tienen unriesgo elevado (con una probabilidad superior al 66%) de poder ser automatizados a medio plazo, mientras que el resto de los puestos de trabajo quedan repartidos a partes iguales entre el grupo de riesgo medio (entre el 33% y el 66%) y bajo (inferior al 33%)”. 

Por su parte, en la edición de 2016 en Davos, el Fondo Monetario Internacional señaló que en total la inteligencia artificial dilapidará cinco millones de puestos de trabajo para 2020 en los 15 países más industrializados del mundo.

A las funestas previsiones del impacto de la transformación digital en el mundo del trabajo debemos añadir, por un lado, la crisis sistémica mundial del capitalismo, que en el Estado español tuvo su última aparición en 2007 con un saldo de casi 3.3 millones de puestos de trabajo destruidos, cifra que le concede el honor de encabezar la sangría del paro en toda Europa con6.1 millones de personas sin trabajo en su punto álgido de 2013.

Por otro lado tenemos el 98.8% del PIB español que ha alcanzado la deuda pública en el primer trimestre del año, concluyendo no pocos economistas que el país está en bancarrota. Así mismo, en su informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2018”, la Organización Internacional del Trabajo señala que “[...] el desempleo y los déficits de trabajo decente se mantendrán a niveles persistentemente altos en muchas regiones del mundo, cerca de 1.400 millones de trabajadores ocupaban un empleo vulnerable en 2017, y se prevé que otros 35 millones se sumen a ellos para 2019. [...] el número de trabajadores que viven en pobreza extrema se mantendrá por encima de 114 millones, afectando a 40 por ciento de las personas con un empleo en 2018”. En resumen, el panorama resultante no invita precisamente al optimismo para la clase trabajadora, por muy alentadoras que sean las palabras de los dueños de everis.

En el estudio más exhaustivo realizado hasta la fecha sobre el Capitalismo, aquel Carlos Marx que el mismísimo Fernando Francés tuvo el atrevimiento de nombrar, escribió: “En sus 'Principios de economía política' dice John Stuart Mill: «Es discutible que todos los inventos mecánicos efectuados hasta el presente hayan aliviado la faena cotidiana de algún ser humano». Pero no es éste, en modo alguno, el objetivo de la maquinaria empleada por el capital.Al igual que todo otro desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, la maquinaria debe abaratar las mercancías y reducir la parte de la jornada laboral que el obrero necesita para sí, prolongando, de esta suerte, la otra parte de la jornada de trabajo, la que el obrero cede gratuitamente al capitalista. Es un medio para la producción de plusvalor. [...] La destrucción masiva de máquinas que tuvo lugar bajo el nombre demovimiento ludista en los distritos manufactureros ingleses durante los primeros 15 años del siglo XIX, a causa sobre todo de la utilización del telar de vapor, ofreció al gobierno antijacobino de un Sidmouth, un Castlereagh, etc., el pretexto para adoptar las más reaccionarias medidas de violencia. Se requirió tiempo y experiencia antes que el obrero distinguiera entre la maquinaria y suempleo capitalista, aprendiendo así a transferir sus ataques, antes dirigidos contra el mismo medio material de producción, a la forma social de explotación de dicho medio”. 

Es decir, si analizamos el mundo científicamente como hizo Marx y no superficialmente como quieren que hagamos los empresarios, los trabajadores podemos comprender que la automatización no es el problema sino en manos de quién está. Si las crestas de la crisis estructural del sistema capitalista son el dramático resultado que periódicamente provoca la anarquía de la producción capitalista, por el cual se producen bienes de consumo en cantidades tales que no se pueden consumir, enviando al paro a millones de trabajadores en todo el mundo y formando un ejército de reserva que la burguesía utiliza como mano de obra barata para despojar aún más de derechos a la clase trabajadora entera, como se ha demostrado históricamente con cada crisis de producción, la introducción a gran escala de la automatización de procesos bajo el Capitalismo aumenta todavía más las contradicciones del sistema porque el objetivo no es otro que el de producir a más velocidad y más cantidad, cayendo en la misma trampa del periodo anterior a la automatización pero mucho más agudizada porque la cuota de plusvalía será infinitamente menor.

Según expusieron los directivos de everis el día 4 de junio, en un horizonte temporal cercano estiman que un 30% de la producción estará totalmente automatizada. A continuación señalaron también que en ese mismo futuro inmediato será insostenible el ritmo de crecimiento de la plantilla que everis ha venido experimentando todo este tiempo. No hay que ser el padre de la sociología moderna como Marx para descubrir “Ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia”: la relación entre automatización y paro es clara y directa. Si la automatización en particular y la producción en general no se ponen en manos de todo el pueblo trabajador para liberar al hombre de la explotación, las consecuencias serán catastróficas. 

Entidades y representantes de ALIANZA 4 UNIVERSIDADES, AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, AYUNTAMIENTO DE MADRID, BERGÉ Y CIA, CASA ASIA, ESTEVE TEIJING HEALTHCARE, FICOSA, FUJITSU, GARRIGUES, GESTAMP, IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA, SOCIEDAD UNIPERSONAL, INDITEX, MITSUBISHI, MITSUI&CO, NISSAN MOTOR IBÉRICA, PASIPHAE, REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID y por supuesto everis integran la Fundación Consejo España Japón, presidida por el político, economista y empresario español, ministro de distintas carteras durante los gobiernos de Aznar, de 1996-2004 y desde diciembre de 2007 hasta agosto de 2013 presidente de Vueling ​Josep Piqué (para que luego se lamente Benito Vazquez de las tormentosas relaciones entre política y empresa). El panel 2017 llevaba por título “El futuro del trabajo y el trabajo del futuro” y en él se trataron los siguientes temas que no pueden esconder nuestra impugnación sobre la automatización: Transformación del mercado de trabajo en la era digital. Factores demográficos: envejecimiento de la población y la generación Millenial. Factores tecnológicos: automatización y destrucción de empleo. Nuevas profesiones. El trabajo del futuro. Nuevas competencias y habilidades profesionales y el reto de la obsolescencia profesional. Humanidades y carreras STEM en la educación del futuro. Transformación del rol económico y social del trabajo. Ellos piensan, analizan y actúan. Los trabajadores no podemos quedarnos rezagados. Nuestro presente y nuestro futuro están en juego.

everiscenters.cscsevilla.org/2018/07/reunion-general-2018-en-everis-ce